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"Lo último es la denuncia. Hay recursos para combatir la violencia intrafamiliar"

Manuel Pedreira Cárdenas, fiscal dedicado desde hace 15 años a la protección de menores, insiste en la importancia de la educación desde la más corta infancia para prevenir este fenómeno.

Frente a los internamientos se ha demostrado que las alternativas más favorables para el menor son las tareas socioeducativas o la libertad vigilada.

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La violencia intrafamiliar, el maltrato de los hijos hacia los padres, madres o cualquier otro miembro de la familia, es un fenómeno que crece de año en año. Nadie está a salvo de pacederlo porque afecta por igual a las familias independietemente de su nivel socioecónomico o su origen. El  XIX Encuentro de la Escuela de Padres y Madres de Vitoria-Gasteiz le dedica una sesión especial con el objetivo de concienciar a los tutores de la vital importancia de la educación y la prevención para prevenir estos sucesos. El taller pretende responder a preguntas frecuentes como si se debe intervenir desde la infancia o si se ejerce de forma idónea la capacidad-obligación sancionadora desde las instituciones académicas, administrativas o penales. 

El ponente Manuel Pedreira Cárdenas, fiscal desde hace 15 años y que trabaja en la reforma y protección de menores, pone en el acento en los aspectos educativos. "Hay un trabajo previo, dentro de las familias y en los centros educativos; a través también de los servicios de mediación familiar de los ayuntamientos; a través de órganos como el Consejo del Menor. Hacemos hincapié en la necesidad de la educación y prevención, en cómo se resuelven los conflictos entre padres e hijos desde que son muy pequeños. Entonces también pueden tener reacciones desmedidas que hay que saber tratar. Se debe intervenir, no dejarlo pasar y establecer normas y consecuencias a las conductas de los menores. Siempre con la finalidad de profundizar en los valores que queremos que desarrolle el menor". 

Además de Pedreira intervendrán en las conferencias María Campo Martínez, directora general del proyecto educativo NC Learning Investigation Center y Carmen Guijarro Santamaría, coordinadora del Equipo Psicosocial Judicial del Departamento de Justicia del Gobierno vasco.

Interacción entre centros educativos y familias

Los ponentes coinciden en que el centro educativo cobra especial importancia para luchar contra este fenómeno, mediante la formación de los alumnos en valores, emociones y no solo en conocimientos. De igual relevancia es la formación a la familia, para que sean capaces de educar a sus hijos e hijas de una forma libre y responsable y dotarles así mismo de herramientas para convivir en familia y sociedad.

Es vital también que los tutores sepan recabar, en su caso, la ayuda profesional necesaria. En este sentido, el fiscal destaca que existen recursos a nuestro alrededor para recurrir a ellos en busca de asesoramiento en el momento en que detectamos que se está viviendo esta situación de violencia intrafamiliar.  "Evidentemente cuando se ve que la situación requiere una intervención por la gravedad y reiteración de los hechos, queda la vía de la interposición de la denuncia, pero es lo último. Hay servicios muy eficaces de orientación psicológica antes de llegar a ese extermo. El derecho penal siempre va a estar bajo el principio de intervención mínima o el de última ratio, el derecho penal es lo último a lo que recurrimos para reconducir ese conflicto que se socializa al dejar de ser meramente familiar para que la sociedad, a través de la administración de justicia, tome parte", resalta Pedreira.

Frente a los internamientos se ha demostrado que las alternativas más favorables para el menor son las tareas socioeducativas o la libertad vigilada. Por lo tanto  el aumento signitivativo del número de expedientes no se traduce un volúmen correlativo de internamientos. "Esto casos son residuales", asegura el fiscal manuel Pedreira. Estos correctivo se viene sustituyendo, sobre todo en la jurisdicción de menores, por lo que se llama justicia resturativa. Se tiende a medidas educativas y a buscar que la reparación de las víctimas resuelva, no solo el conflicto existente entre las partes, sino también la situación del menor frente a la sociedad. Los órganos competentes para la ejecución de las reoluciones judiciales intentan que la recuperación sea de carácter integral. "Esto implica la restauración de la confianza y el restablecimiento de la convivencia normalizada. Y, como no, que el menor tome conciencia de los efectos que tiene no solo para él sino para los terceros, de la conducta que ha desarrollado", explica Pedreira.

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