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El Gabinete de Urkullu adjudicó 7,4 millones de euros de forma irregular

El Consejo de Gobierno aprobó esta cantidad sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y sin observar los principios de publicidad y concurrencia

Para el organismo que controla el uso del dinero público, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu gastó además hasta 27,1 millones de euros a pesar de contar con un informe negativo de los técnicos autonómicos de Economía

Aunque se han detectado deficiencias en el área de contratación administrativa, el informe concluye que la Administración General ha cumplido
razonablemente con la normativa legal

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El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 2014 realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado diversas irregularidades, aunque no de gran calado, en la gestión del Gabinete de Iñigo Urkullu durante ese ejercicio. Como falta más grave, señala que el Consejo de Gobierno, en el que están presentes el lehendakari y  sus consejeros, aprobó 13 expedientes, por un importe total de 7,4 millones de euros, en los que las prestaciones se contrataron sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y sin observar los principios de publicidad y concurrencia. Es decir que, según el informe del TVCP, se adjudicaron 'a dedo'.

No es esta la única irregularidad cometida por el mismo organismo. Según detalla el informe, "el Consejo de Gobierno (...) ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos del ejercicio 2014 por un importe total de 27,1 millones de euros, que fueron informados negativamente por la Oficina de Control Económico (OCE). Estos gastos corresponden a dos contratos de obras por 4,4 millones de euros, 41 contratos de servicios por 21,7 millones de euros y cuatro contratos de suministros por un millón de euros". El TVCP señala que "los principales incumplimientos han sido no respetar los principios de publicidad y concurrencia y continuar con el servicio una vez vencido el plazo", es decir, asignar estas cantidades a dedo o mantener contratos una vez vencidos a adjudicatarios anteriores. 

Además,  se han detectado deficiencias en el área de contratación administrativa. Por un lado, el análisis de las Cuentas públicas ha detectado dos modificaciones de contratos de obras por 1,6 millones de euros en las que se ha prescindido del procedimiento establecido, falta de acreditación de las circunstancias imprevistas que han permitido adjudicar obras complementarias por 1,1 millones de euros por el procedimiento negociado sin publicidad, y adquisiciones por 1,5 millones de euros fraccionando el objeto del contrato o sin tramitar el correspondiente expediente.

A pesar de ello, el documento del órgano fiscalizador vasco, encabezado en esta nueva etapa por el exdiputado general de Bizkaia, el peneuvista José Luis Bilbao, concluye que la Administración General del País Vasco ha cumplido razonablemente con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, según señala en una nota de prensa.

Cumplidos los objetivos de estabilidad presupuestaria

El informe señala que la Administración General de la CAPV ha cumplido en 2014 con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como con los plazos de pago de las operaciones comerciales (plazo medio de pago de 26 días, 4 por debajo del máximo de 30 días establecido en la normativa). En cuanto a la regla de gasto, el Plan Económico Financiero elaborado en cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé su cumplimiento en 2015 y 2016.

El Informe presenta, al igual que en ejercicios anteriores, información sobre los gastos e ingresos por territorio histórico, ya que esta información no figura en las cuentas anuales. Del gasto total reconocido en 2014 susceptible de territorialización (excluidos gastos financieros, deuda pública e inversiones inmateriales), un 26% corresponde a Álava, un 46% a Bizkaia y un 28% a Gipuzkoa. En cuanto a los ingresos (excluidos los correspondientes a la deuda pública), un 16% corresponde a Álava, un 51% a Bizkaia y un 33% a Gipuzkoa. Estos porcentajes se corresponden con el porcentaje de aportación de cada una de las Diputaciones Forales de los ingresos tributarios recaudados en el ejercicio.

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