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Un juez condena al Gobierno Urkullu por despidos políticos

Considera probado que hubo "vulneración de los derechos fundamentales" a trabajadores de la sociedad pública SPRI, en el primero de los cinco juicios previstos. Ocho empleados fueron despedidos en mayo pasado.

La sentencia, dictada solo dos días después del juicio, vincula el primer caso con el resto al concluir que las rescisiones de los contratos se realizaron sin razones motivadas.

El Grupo SPRI debe readmitir de manera inmediata al empleado y pagarle los salarios desde que fue despedido.

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La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, junto al director del Grupo SPRI Alexander Arriola.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, junto al director del Grupo SPRI Alexander Arriola.

Un juez de Bilbao ha condenado al Gobierno Urkullu de despidos por motivos políticos a empleados públicos de la SPRI, la  agencia de desarrollo empresarial pública del Ejecutivo vasco. En el primero de los juicios planteados por cinco ex empleados, el  juzgado de lo social número 10 de Bilbao considera nulo el despido del trabajador y obliga a su “readmisión inmediata” al existir una “vulneración de los derechos fundamentales”.

En mayo pasado, justo una semana después de que el PSE rechazara apoyar los primeros presupuestos de Urkullu, se despidió a ocho trabajadores de SPRI, SPRILUR y el Parque Tecnológico de Bizkaia (entidades públicas que dependen del Departamento de Desarrollo Económico de la consejera Arantza Tapia) con contrato laboral, no de cargos de designación política, que habían pasado por un proceso de selección previo regido por los criterios exigidos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Es decir, publicidad, concurrencia y mérito. Todos ellos fueron contratados durante la anterior etapa del Gobierno socialista. La sociedad pública del Gobierno ejecutó los ceses acogiéndose a la reforma laboral, al aducir causas económicas y objetivas, aunque en los presupuestos elaborados para ese año, que se concluyeron un mes antes, no se contemplaba ningún recorte de personal.

Tres de los ocho trabajadores han llegado a acuerdos personales pero los otros cinco han mantenido sus demandas de despido nulo por razones políticas. El primer fallo judicial se dictó el pasado 9 de enero, sólo dos días después de la celebración del juicio. El magistrado Fernando Breñosa destaca que el trabajador despedido accedió a su puesto “bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad” y relaciona su salida con las de los otros siete que fueron “despedidos objetivamente y sin evidenciar” razones motivadas como una reorganización de la actividad del Grupo SPRI. Asegura que la sociedad pública no ha probado la existencia de razones objetivas y que la extinción de los contratos de las ocho personas “choca con criterios objetivos en razón a las necesidades de la empresa”.

"Despido sin sentido"

Agrega que el Grupo SPRI no aportó “ninguna prueba” sobre una reorganización en la empresa por la que “tenga un cierto o mínimo sentido el despido del demandante” y que los ahorros económicos esgrimidos por la empresa “no se entienden” porque posteriormente se abrieron nuevas delegaciones de la SPRI en el extranjero con la contratación de dos personas. Durante el juicio, el director del Grupo SPRI, Alexander Arriola, reconoció ante el juez que tras los despidos se realizaron dos nuevas contrataciones para el área de Internacional, pese a que la sociedad público adujo, en las cartas de despido, que las rescisiones de los contratos se debían a los recortes. El director del área económica-financiera de SPRI, Aitor Peñeñori, quien declaró tras Arriola, aseguró en un principio que no se habían realizado nuevas contrataciones hasta que se le comunicó lo expresado por su director general.

El juez concluye que no existen “razones objetivas” para el despido y ve una “vulneración de derechos fundamentales en la decisión de la empresa”, por lo que declarara el despido como nulo. Por ello, le condena a la readmisión inmediata y el pago de todos los salarios desde el día del despido, en mayo del pasado año. El fallo puede ser recurrido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pero el trabajador ya tiene que ser readmitido de forma inmediata.

Durante la pasada legislatura, la SPRI tuvo que readmitir a una trabajadora por los mismos motivos aducidos ahora. Un juzgado sentenció que se rescindió su contrato por razones políticas, un fallo que fue corroborado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

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