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Imputado por delito medioambiental un asesor del Gobierno vasco

El que fuera alcalde de Azkoitia entre 2003 y 2011, Asier Aranbarri (PNV), tiene que declarar por un supuesto delito contra la ordenación y el medio ambiente.

En la actualidad es asesor en el Departamento de Justicia y Administraciones Públicas que dirige el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.

Aranbarri ha puesto el caso en manos de la Comisión Ética, organismo creado por el Gobierno vasco para velar por la transparencia y la conducta de sus altos cargos, que ahora deberá resolver.

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Un juez de Azpeitia ha imputado al que fuera alcalde de Azkoitia entre 2003 y 2011 y actual asesor del Gobierno vasco, Asier Aranbarri, por un presunto delito "contra la ordenación del territorio y el medio ambiente". La investigación del juzgado está relacionada con la sociedad municipal Azkoitia Lantzen de la que era representante legal el regidor peneuvista. Este municipio ha estado gobernado en los últimos cuatro años por la coalición soberanista EH Bildu.

Se da la circunstancia de que en 2013  el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas auditó las cuentas de 2010 del Ayuntamiento de Azkoitia y constató la existencia de anomalías contables en la venta por parte de esa sociedad pública -controlada al 100% por el consistorio gipuzcoano- de dos parcelas por un importe de 6,61 millones de euros en la zona de Txalon Erreka

La declaración como imputado del exregidor peneuvista y asesor en la actualidad del Departamento de Justicia está en principio prevista para el próximo 10 de junio.

Aranbarri ha puesto el caso en manos de la Comisión de Ética Pública, cuya función es controlar y hacer un seguimiento de las conductas de sus actos de los altos cargos cargos y personal de confianza del Gobierno vasco. Nada más conocer la imputación, Aranbarri informó de su nueva situación procesal al Ejecutivo, tal y como obliga  el Código Ético aprobado en esta legislatura por el Gobierno del lehendakari, Íñigo Urkullu.

Esta norma, aprobada en mayo de 2013 por el Ejecutivo peneuvista, señala textualmente que "la imputación de los cargos públicos y asimilados en cualquier proceso penal o administrativo sancionador, derivada de hechos vinculados al ejercicio de las funciones públicas de su cargo o por acciones de singular relevancia pública, se elevarán a la Comisión de Ética Pública para que emita la recomendación que estime oportuna en cada caso". El Código Ético también señala que "si en el curso del procedimiento se confirmara la no existencia de responsabilidad, el cargo público y asimilado será objeto de rehabilitación pública reponiéndole en su cargo, en el supuesto de haber procedido a su cese, o a través de los medios que procedan".

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que ahora será la "comisión la que tiene que decidir" sobre el asunto.

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