Competencia impone silencio sobre el caso de las irregularidades en el contrato de comedores escolares
La empresa Aibak explicará en el Parlamento su denuncia sobre irregularidades en la contratación de empresas para prestar el servicio de comedor en centros escolares públicos, pero lo hará a puerta cerrada. La Cámara vasca ha recibido una orden de la Autoridad Vasca de la Competencia que investiga dichas adjudicaciones, para que guarden silencio sobre el expediente sancionador. Los miembros de la Comisión de Educación escucharán al denunciante del caso pero “deberán guardar secreto sobre los hechos de hayan podido tener conocimiento”, según recoge el requerimiento del órgano de la competencia. El incumplimiento de este deber puede llevar aparejada responsabilidad penal, civil y administrativa. Esta orden afecta al denunciante que no podrá revelar el contenido del expediente sancionador abierto a las seis empresas que se han hecho con los mismos contratos durante una década, por un valor de 700 millones. De hecho en su intervención se deberá ceñir a hablar del sistema de adjudicaciones de los comedores escolares.
Competencia analiza desde septiembre las práctica de las siete empresas que han prestado el servicio de comedores escolares públicos de Euskadi para determinar si se ha dado un “reparto de mercado” y “fijación de precios” entre las compañías que prestan el servicio de suministro de comidas.
El servicio en los centros públicos, hasta un 30% superior al abonado por los privados
Tras recibir la denuncia de la empresa Aibak y llevar a cabo una investigación preliminar, la Dirección de Investigación de la AVC consideró que existían indicios de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de estos servicios. De los hechos analizados podría deducirse la existencia de “un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente entre las empresas para repartirse el mercado”.
Este presunto acuerdo, ha añadido, propiciaría “mejores condiciones” para las empresas objeto de la denuncia y “aumentaría el coste del servicio de comedor” para la Administración Vasca y para los usuarios de este servicio. La diferencia entre el precio que el Ejecutivo vasco paga a las empresas por el servicio de catering de los colegios públicos sería hasta un 30% superior al de mercado que abonan los colegios privados y donde la competencia es más feroz.
En cualquier caso, la AVC ha precisado que la incoación de un expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”. Se mantiene el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente, “sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente”.
