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Stop Desahucios Donostialdea registra alegaciones a la ordenanza municipal de pisos turísticos

Stop Desahucios de Donostialdea ha registrado este lunes en el Ayuntamiento de San Sebastián las alegaciones a la ordenanza municipal de pisos turísticos. El colectivo demanda que se mantenga la actual legislación de ubicar viviendas de este servicio turístico no residencial solo en las primeras plantas de los edificios y, en consecuencia, "descartar las flexibilizaciones en base a la altura de los edificios y metros cuadrados de las viviendas" que plantea la ordenanza.

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Para la plataforma, sus argumentos en defensa del acceso a una vivienda "digna y asequible" y de que la ésta es "un derecho y no una mercancía" son "rotundos". En esa línea, hace referencia a un estudio recientemente elaborado por la Sociedad de Fomento en el que se apunta que San Sebastián "es una de las ciudades del Estado con menos viviendas en alquiler de larga duración en proporción a sus habitantes".

Además, se precisa que las vivienda vacías ascienden a 5.531 y los pisos turísticos reglados ascienden a 1.300, cuando éstos en el 2016 eran 490 (dato facilitado por Aperture) y , por tanto, "han crecido en un año un 265%".

Por su parte, el Observatorio Vasco de Vivienda, tal y como recoge Stop Desahucios, señala que el precio medio de las viviendas en alquiler en San Sebastián en el tercer trimestre "es de 967 euros, un 6,2% más que en ese periodo del 2016, y que en ese año crecieron a su vez un 17%".

"Podemos afirmar con estos datos que parece haber relación entre el incremento del precio medio de los alquileres con la aparición y auge de los pisos turísticos, precisamente en la ciudad con los alquileres más caros del Estado", ha subrayado.

ALQUILER SOCIAL

Por otro lado, apunta que la media de ingresos de los más de 50.000 solicitantes de una vivienda de alquiler social asciende a 1.130 euros, "lo que significa que tienen que dedicar más del 80% de éstos a pagar la cuota el alquiler".

La plataforma ha señalado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer y tercer trimestre de este año, de los 328 y 214 desahucios habidos en la CAV, respectivamente, más del 75% han sido por alquiler. "Estos desahucios han aumentado en un 23,7% y en un 34,6% respecto a los desahucios por alquiler en ambos trimestres del 2016", ha destacado.

A su juicio, en San Sebastián, Gipuzkoa y Euskadi "hay una emergencia social en el acceso a la vivienda" y todas las instituciones "a su nivel están obligadas a garantizar el que la vivienda sea un derecho y no una mercancía especulativa".

"No pretendemos ir contra nadie, solamente poner en evidencia que lo que está en juego es el modelo de ciudad que queremos y que debe establecerse un equilibrio entre derecho y negocio, ya que cuando la balanza se inclina mucho de un lado, el otro sale perjudicado", ha expresado.

Finalmente, ha recordado que ya se sufrieron las consecuencias de la "burbuja inmobiliaria" de las compraventas de viviendas. Por ello, ha considerado que "ahora debemos evitar que pase lo mismo con los alquileres introduciendo medidas para contener el alza de sus precios, movilizando viviendas vacías hacia el alquiler residencial e incrementando el parque público de Etxegintza".

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