Trabajadores de Justicia advierten de que la privatización del Registro Civil traerá “amortización de empleo público”

Trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves en Bilbao contra la privatización del Registro Civil convocados por CC.OO., ELA, LAB, CGY y UGT, y han advertido de que trasladar la gestión de este servicio público a los registradores de la propiedad y mercantiles traerá la “amortización de empleo público”.

Los portavoces sindicales han recordado que el Gobierno del PP “quiere privatizar la situación de los registros civiles y sacarla de la Administración de Justicia, para pasarla a los registradores de la propiedad y mercantiles” que, “por mucho que digan que son funcionarios públicos no lo son”, ya que “su acceso a la función pública sí que es a través de una oposición, pero luego todos sus ingresos son a través de arancel”, de forma que “no cobran un salario de la Administración como todos los empleados públicos”.

En ese sentido, tras representar un “vía crucis contra la privatización del Registro Civil”, han indicado que, como los registradores de la propiedad y mercantiles “obtienen sus beneficios, a través de aranceles, es imposible que haciéndose cargo de la gestión y llevanza del registro civil no cobren por hacerlo”.

Por otro lado, han advertido de las consecuencias que la privatización del registro civil conllevará para los ciudadanos, “que hoy tienen el Registro Civil gratis y va a tener que acudir al registro de la propiedad y mercantil y pagar por ello, y además, va a suponer un alejamiento de su lugar de residencia”. Además, han advertido de que “los datos de todos los ciudadanos pasarían a manos privadas”.

Además, han afirmado que, “por mucho el consejero Erkoreka se ha comprometido al mantenimiento de todos los puestos de trabajo, eso se hace muy difícil” porque “si las competencias o la carga de trabajo se reduce, muy difícilmente se van a poder mantener esos puestos de trabajo”.

“Igual en un corto plazo no lo notamos, pero esto va a tener una serie de consecuencias y, a medio largo y plazo va a acabar en amortizaciones de puestos”, han advertido, para recordar que, en la actualidad, la Administración de Justicia tiene una plantilla de 2.200 trabajadores, de los cuales 1.252 están en registro civiles.

Por otro lado, han señalado que como la transferencia del servicio está previsto que se produzca el 15 de julio, “con todos los procesos electorales que hay a lo largo de este año, puede que cambie la composición del Parlamento español y quienes ahora no están gobernando y que están de nuestro lado, esperamos que, en el momento en que sí estén gobernando, mantengan las promesas que están haciendo ahora y sigan apoyando que el registro civil sea publico, gratuito y prestado por la Administración”.

Asimismo, han censurado que el Gobierno vasco “nos apoya, nos da palmaditas en la espalda, nos dice que está con nosotros y que no quiere que esto pase, pero es todo lo que hace”. Por ello, han reiterado su exigencia para que se solicite la competencia ejecutiva en materia de Registro Civil, “tal y como aprobó el Parlamento vasco hace un año”.

Por último, han denunciado “el despilfarro de dinero público que se va a producir al haberse dedicado recientemente 128 millones de euros a informatizar los libros de registro de nacimientos, defunciones, y matrimonios de la inmensa mayoría de los Registros Civiles del Estado”, una inversión “va a ser regalada a personal con interés privado”.