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Una madre de tres hijos, a punto del desahucio de su piso de alquiler social por 3.600 euros

El juzgado ha comunicado a Mari Luz su desahucio para el próximo 18 de diciembre porque debe nueve mensualidades a una sociedad pública, que le cobra alrededor de 400 euros por el arrendamiento de un piso social

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Miembros de la PAH durante su protesta en la oficina central del Banco Santander.

Miembros de la PAH durante una protesta en la oficina central del Banco Santander.

18 de diciembre. Esa es la fecha fijada por el juzgado para el desahucio de Mari Luz, una madre de tres hijos que vive en un piso de alquiler social gestionado por Alokabide en Vitoria, la sociedad que se encarga del parque de alquiler del Gobierno vasco. Mari Luz y sus tres hijos, que llevan años viviendo de alquiler en esta vivienda de protección oficia, trabaja como limpiadora por un salario de 1.000 euros. Los ingresos mensuales que percibe no le permiten pagar regularmente los 300 euros de renta de alquiler y los mas de 100 euros de tasas, gastos fijos de comunidad, y suministros. Por eso, arrastra una deuda de nueve mensualidades: 3.600 euros en total.

"Mari Luz y su familia forman parte de ese 40% de la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes; de ese 15% que dedica el 40% o más de sus ingresos a gastos de vivienda, o de ese 17% que tiene dificultades para pagar la luz y el gas", denuncian desde la plataforma de Stop Desahucios Araba.

Según la plataforma, Mari Luz ha enviado un escrito al Gobierno vasco solicitando la aplicación de la Ley de Vivienda porque "cumple los requisitos previstos en la misma para que se le asigne una vivienda y porque se trata de una familia en riesgo de exclusion, a pesar de tener un puesto de trabajo". Sin embargo, por ahora no ha recibido contestación. "Tambien se comunicó hace dos semanas la situación al Ayuntamiento de Gasteiz, pero tampoco han contestado nada. Si el Gobierno vasco hubiera cumplido los acuerdos del Parlamento vasco de 7 de abril de 2014 Mari Luz y su familia hubieran visto reducida su renta de alquiler y no estarían en esta situación", clama Stop Desahucios.

Ese día, el Parlamento vasco aprobó una serie de medidas para favorecer el alquiler social de los pisos públicos, como que el alquiler que paguen los inquilinos de Alokabide  no supere el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad. Una reivindicación "vital" para los inquilinos, muy castigados por la crudeza de la crisis.

El Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Alava han aprobado mociones para declarar Vitoria y Álava territorios libres de desahucios, "pero las declaraciones no son suficientes", advierte Stop Desahucios. "Alokabide es responsable de 121 desahucios desde enero del año pasado y es falso que sean desahucios por problemas de convivencia o deudores de mala fe. Alokabide funciona como una empresa privada, sin ninguna participación social, y aplicando una Ley de Arrendamientos Urbanos prevista para propietarios privados cuando Alokabide gestiona viviendas de propiedad pública que tienen que tener en cuenta criterios sociales".

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