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Zapatero, a tus zapatos

Vaya esta introducción para indicar que el profesorado nunca se queja de estar, en cierto modo, en el ojo del huracán. Forma parte de nuestra profesión

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El acoso escolar, a raya desde el primer día de curso

EFE

Quienes nos dedicamos a este mundo proceloso de la educación somos conscientes del papel central que ocupamos entre la ciudadanía. No, no se trata de exagerar la importancia de nuestra profesión ni compararla con otras, tanto o más necesarias para la adquisición de los valores, conceptos y herramientas que ayuden al ser humano a ser precisamente eso, humano. Por no aburrir al personal lo resumiría en que como educadoras/educadores contribuimos con nuestra dedicación a conformar una sociedad más solidaria, equitativa y justa. Con nuestras virtudes y defectos. Los/as más y lo/as menos profesionales.

El mundo actual coloca el listón formativo muy alto, acorde con los tiempos de extremada competitividad y excelencia que nos toca vivir. (No se entiendan estas palabras como menosprecio a tantísimos maestros y profesoras de otras épocas que han dado lo mejor de sí mismos/as en el cumplimiento de sus objetivos profesionales. Tan sólo se trata de poner el foco en las exigencias actuales que la sociedad neocapitalista coloca sobre los/as profesionales educativos).

Sea como fuere, lo cierto es que nuestra sociedad considera la educación –y, por tanto, a sus diferentes agentes: profesorado y familias, instituciones y empresas- como un aspecto vital para la supervivencia de la misma sociedad. Ni más ni menos. De ahí que cualquier democracia que se precie debatirá, propondrá, aportará y/o criticará acerca de todo aquello que le afecte, también, por supuesto, de educación.

Vaya esta introducción para indicar que el profesorado nunca se queja de estar, en cierto modo, en el ojo del huracán. Forma parte de nuestra profesión; por ser maestro, educadora o profesora estamos en boca de los demás, somos parte de las conversaciones de café y aceptamos, de buen grado, cierto protagonismo en los debates políticos. Del mismo modo que cualquier profesional que se dedique a servicios sociales, padecemos o aprendemos de las críticas y loas personales. También de las valoraciones (evaluaciones) que nos acompañan en nuestro devenir cotidiano; ante nuestros/as compañeros/as, direcciones, inspecciones o instituciones público-privadas que se precien y, también, ante los medios de comunicación y sus profesionales. ¿Qué son, si no, las evaluaciones de diagnóstico o la llorada selectividad, además de evaluaciones del alumnado?

Hace un par de semanas, el diario El Correo publicaba un artículo [1] que recoge alguna de las cuestiones arriba mencionadas. No pretendo contestarlo, sino precisar ideas apuntadas, ya  oídas en ocasiones anteriores.

Sea como fuere, lo cierto es que nuestra sociedad considera la educacióncomo un aspecto vital para la supervivencia de la misma sociedad. Ni más ni menos

No son problemas las respetables valoraciones personales del autor, compartidas o no (satisfacción por la reimplantación de los exámenes de reválida y por la inclusión del “esfuerzo” como criterio para la concesión de becas). Sin embargo, plantear que las innumerables protestas de la comunidad educativa (española, y también, de la vasca) ante la LOMCE y, concretamente, sobre las polémicas reválidas sea por nuestro miedo irrefrenable a ser evaluadas/os como profesionales no se ajusta a la realidad. Parece entenderse que el colectivo docente condensa –equivocadamente- especial malestar. Se insinúa que para justificar nuestro atávico temor a la evaluación, nos escondemos tras una maraña de críticas contra la ley que, en el fondo, son fuegos de artificio. Además, se añade –a modo de lección magistral  de aceptación del beneficio evaluador común- que, excepto la función pública, todo el mundo está sometido a una evaluación permanente, artistas, deportistas, empresas… Nadie –salvo el profesorado, cabe colegir- está exento de tal escrutinio. Por qué  no debería estarlo quien juzga-evalúa-sanciona/premia al alumnado, se afirma con rotundidad.

Bien, vayamos por partes. La alusión utilizada sobre la función pública encierra una grave insinuación: que el ámbito privado educativo no es reacio a este sistema evaluador, mientras que el público (el funcionariado), sí. Pero se yerra ante tal afirmación. Hay que matizar que, en todo caso, la diferencia provendría de la visión distinta que tienen agentes diversos, como son el profesorado y las empresas en la red privada. De la postura del profesorado, humildemente señalaría desde la visión sindical que represento y a la vista de la participación del profesorado en las movilizaciones antiLOMCE que se han organizado, que no existe discrepancia: el colectivo educador ha respondido con la misma fortaleza opositora (“ruido”, se indica en el artículo). Situación distinta se produce si quien observa la ley es la empresa.

Como ya hemos expresado en innumerables ocasiones, hay patronales a las que “se les hacen los ojos chiribitas” con la posibilidad de que estas reválidas supongan un ranking de buenos y malos centros, añadiendo así mayor competitividad, un incremento de matrícula y una consideración litúrgica de ser o estar en el pelotón de los mejores, independientemente de las características económicas de las familias, el contexto social de los centros y el proceso  e itinerario total de aprendizaje del alumnado. Dicho de otro modo, cuando prevalecen básicamente criterios economicistas, habrá centros deseosos de la implantación urgente de las reválidas cuestionadas.

Además, el comentario denigrante sobre la función pública que aparece en el artículo, suponiendo la ausencia de procesos evaluadores, delata flagrantes incorrecciones. De un lado, un cierto desconocimiento de la actividad docente, que hace muchos años dejó de remitirse a impartir clases magistrales enlas aulas. Hoy en día, las leyes educativas y la propia evolución de la pedagogía más elemental señalan que el éxito/fracaso del alumnado está ligado a muchas más variables. Entre ellas, la implicación del profesorado en la tarea tutorial es básica; pero no lo son menos su implicación en el funcionamiento general del centro escolar, su participación en la implementación de planes de innovación o su apuesta activa por el mutilingüismo, por citar algunas de las cuestiones que forman parte de la exigencia sindical en la reclamación de una carrera profesional docente.

De otro lado, la ausencia de mención de las vicisitudes (personales, familiares, profesionales) que se soportan para la obtención de las plazas que las timoratas Administraciones convocan, parece denotar cierto menosprecio a la dureza de los procesos selectivos superados. Obtenida la plaza funcionarial, se inicia un proceso de formación continua y permanente, que en el ámbito concreto de la educación vasca desarrolla el programa Prest gara” (antes, Garatu),  es realizado anualmente por miles de profesoras/es; señal inequívoca de que el colectivo se actualiza, recicla y busca adecuar su profesión a las necesidades que la vida escolar le va colocando delante.

Es cuestionable así mismo, la falta de información sobre las reválidas que tiene  aún parte de la sociedad (Deseo que no sea el caso del autor del artículo). Como ha criticado nuestra Federación de Enseñanza de CCOO, el RD 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las reválidas de ESO y Bachillerato desarrolla unas pruebas largas, costosas, injustas e inútiles para la educación que necesita este alumnado. La ley sigue sin resolver la situación de quienes tras finalizar adecuadamente su etapa educativa, no superen la reválida y, consecuentemente, no obtengan el título correspondiente.

Son pruebas –las reválidas- que no cuentan con el consenso de la mayoría de las administraciones educativas autonómicas (salvo las gobernadas por el PP) y que  por lo conocido hasta el momento, ofrecen una variedad de items meramente conceptuales, que chocan frontalmente con el aprendizaje continuo realizado en las aulas, elaborado a través de adquisiciones de competencias, la mayor parte de ellas excluidas de este tipo de pruebas.

Otro de los argumentos utilizados a favor de las reválidas suele ser la necesidad de homogeneizarnos educativamente con Europa. No pretendo aportar datos concretos[2], tan solo señalar que si el espejo debe ser ese, solicítese el mismo tratamiento para todo el sistema educativo (etapas obligatorias, tratamiento diversidad, condiciones laborales profesorado,…) y no sólo para lo que interese en cada momento.

El artículo concluye con una referencia (mencionada tras una opinión sobre los resultados sociales de la implantación del euskera en la sociedad vasca) a la humildad con la que el autor se excluye de entrar en “jardines ajenos”. No se precisa si por mayor desconocimiento o por las consideraciones sociales que opiniones negativas en tema tan controvertido como el uso social del euskera pudiera traer. Por eso,  quizás  valga  el recordatorio de aquella otra máxima atribuida a Plinio el Viejo sobre los riesgos de opiniones gratuitas y que, creo, sigue de plena actualidad. “Zapatero, a tus zapatos”. Eso sí, dicho  con educada simpatía.

[1] Marco-Gardoqui, Ignacio (El Correo, 14-08-16)

[2]  http://politica.elpais.com/politica/2016/08/21/actualidad/

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