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El cambio energético y el statu quo

La responsabilidad de esta situación es de la Administración y los beneficiarios son las empresas eléctricas

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“El cambio de modelo energético es una necesidad imperiosa y urgente que se ha de acometer”; “Se deben potenciar la utilización de fuentes de energía renovable” Estas y otras afirmaciones en la misma línea son asumidas por toda la sociedad, las suscriben todos los partidos políticos e incluso las grandes empresas eléctricas.

Y ello basado en dos razones incuestionables: la necesidad de luchar (en realidad, limitar) contra el Cambio Climático y el hecho de que los combustibles fósiles se están agotando.

El Gobierno español se ha comprometido en distintos foros con la reducción de emisiones, el aumento de la eficiencia energética y el fomento del uso de las energías renovables .

Pero nuestro actual modelo energético además de seguir basado principalmente en los combustibles fósiles ha funcionado y continúa haciéndolo con unos determinadores “actores”, entre los que destacan un pequeño número de empresas privadas que, desde siempre, desde los inicios de la electrificación, nos han vendido y facturado por la energía, lo que llamamos, el recibo de la luz.  Y al ser pocas y poderosas, lo han venido haciendo como un oligopolio.

Con el cambio de modelo energético, facilitado por el desarrollo tecnológico, esta situación de oligopolio irá cambiando según se vaya generalizando el uso de las renovables, que por sus características propias son “accesibles a todo el mundo”, no como los combustibles fósiles que necesitan complicadas tecnologías e instalaciones para su extracción, transporte y uso. El desarrollo del autoconsumo fotovoltaico , es decir, la producción para uso propio de energía permitiría que, cualquier ciudadano o empresa con una cubierta soleada, pudiera autoabastecerse para toda o una parte de su consumo. Esto inevitablemente hará que estas empresas pierdan clientes y disminuyan una pequeña parte su facturación (aunque no parecen muy dispuestas a perder ni siquiera esa pequeña parte).

Esto sería lo previsible y lo posible pero la realidad es bien distinta. Se da un bloqueo total, no tanto en forma de prohibición sino con trabas administrativas, incertidumbre, falta de claridad e impuestos abusivos. La responsabilidad de esta situación es de la Administración y los beneficiarios son las empresas eléctricas. La actual coyuntura no puede serles más favorable. Además de “estirar” esta situación disponen de tiempo para prepararse para los nuevos mercados y presentarse, como de hecho lo están haciendo ya, como las abanderadas del uso de las renovables para, por supuesto, seguir vendiendo nuevos productos ahora “verdes”.

Les viene muy bien este retraso intencionado mientras se van preparando para ese horizonte de cambios, en el van a tener que pasar de casi la exclusividad en la generación y distribución de energía a compartir algunos sectores del mercado con múltiples autoconsumidores.

Resumiendo, de un lado estamos los consumidores -en realidad la sociedad entera ya que todos consumimos energía-, de otro, las grandes empresas eléctricas y su histórica posición de dominio del mercado de la energía, sus grandes beneficios y sus accionistas; por último, el Gobierno, votado por nosotros, cuya función es regular el mercado, equilibrando intereses, racionalizando beneficios y dirigiendo la política energética hacía un modelo sostenible. que Lo que ocurre es que el Gobierno no está haciendo su trabajo y está manteniendo el statu quo, probablemente a petición, sugerencia o indicación del oligopolio. Esta afirmación no es fruto de ninguna acusación gratuita. Basta leer en las recientes memorias del anterior ministro Soria la sorprendente revelación que hace del descaro, con que estas compañías, le llevaban a su despacho decretos redactados, algo que por otro lado, sospechábamos.

Los procesos de cambios en la sociedad suelen seguir siempre el mismo patrón: las demandas se inician en el seno de la sociedad, en los sectores más concienciados y despiertos, después poco a poco se generalizan hasta que llegan a los gobiernos, que, según su sensibilidad, tardan más o menos en atenderlos e implementarlos. Sobre este asunto, se diría que el Gobierno está ausente, sin iniciativas, sin determinación alguna, dejando pasar el tiempo. Mientras, cada día que pasa, es un buen día para las eléctricas. Es más fácil firmar compromisos medioambientales que actuar de verdad para con ellos.

José Ignacio Mendoza es miembro de EQUO Araba

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