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Alba remitió informe al CGPJ de la conversación que mantuvo con empresario

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El magistrado Salvador Alba ha manifestado hoy que remitió un informe con el contenido íntegro de la conversación que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez, y que fue grabada por éste, al Consejo General del Poder Judicial y ha negado que intentase acabar con la carrera judicial de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell.

El magistrado emite este comunicado tras conocerse que el empresario entregó en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas una grabación de una conversación entre ambos en la que, al parecer, le confesó su ánimo de acabar con la carrera de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell y le ofreció favores procesales si imputaba a la juez en actividades irregulares.

Alba manifiesta que nunca ha tenido un encuentro privado de ninguna clase con el investigado Miguel Ángel Ramírez y que los que ha tenido siempre han sido públicos y en sede judicial.

El magistrado afirma que si se ha producido una grabación en sede judicial, y en el transcurso de un proceso penal, sobre todo por quien es propietario de la empresa que tiene encomendada la seguridad del edificio judicial, se habría incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197 del Código Penal, por lo que anuncia que se ha ejercitado la acción penal correspondiente.

El juez requiere que se compruebe la autenticidad de la grabación y que se determine la ausencia de manipulación, ya que se trata de frases y expresiones aisladas y sacadas de contexto.

El magistrado afirma que la reunión tuvo lugar en el Audiencia Provincial de Las Palmas, en horas de audiencia pública, pese, dice, a la insistencia del letrado del investigado de que se realizara la entrevista en la sede empresarial de Seguridad Integral Canaria "a lo que me negué abiertamente por su evidente improcedencia".

La conversación grabada es de una declaración previa a la declaración procesal, pero fue en el despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a la que acudió acompañado de su letrado, Sergio Armario, tras la cual se produjo su emplazamiento para prestar declaración en la causa que se sigue en su contra.

Según el magistrado, esta declaración previa fue solicitada con insistencia por el letrado de Seguridad Integral Canaria, personado en el procedimiento.

Alba asevera que en ningún momento imputó actividades irregulares a Victoria Rosell ni consta en el procedimiento que Miguel Ángel Ramírez lo hiciera ya que en su declaración ni la menciona.

Insiste el magistrado en que emitió un informe a instancias del Tribunal Supremo en el marco de una causa especial existente en el mismo, en referencia a la denuncia presentada por el exministro José Manuel Soria contra la exdiputada.

Alba señala en la nota que nunca ha ofrecido favores procesales de clase alguna ni a Ramírez ni a ninguna otra persona investigada, aunque matiza que "si bien han sido constantes las presiones recibidas por el mismo y por su entorno, incluido el letrado referido, por lo que se han ejercitado acciones penales".

Explica que ha tramitado e instruido el procedimiento penal que se sigue contra Miguel Ángel Ramírez, imponiendo a este una fianza de 17 millones de euros, y ha ordenado una completa investigación patrimonial.

Además se han practicado declaraciones testificales, pericial contable, entre otras muchas diligencias, lo que, en su opinión, dista mucho de cualquier pacto o artificio tendente a la exoneración del investigado.

Hasta el momento de su cese en el Juzgado no se había solicitado nulidad de actuaciones alguna por ninguna de las partes y sí, en cambio, se habían presentado solicitudes de sobreseimiento y archivo que fueron rechazadas, según el magistrado.

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