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El Gobierno remite a los tribunales para reclamar el uso del castellano en Cataluña

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El Gobierno remite a los tribunales para reclamar el uso del castellano en Cataluña

El Gobierno remite a los tribunales para reclamar el uso del castellano en Cataluña

El Gobierno considera que son los tribunales quienes están facultados para dirimir cualquier posible incumplimiento por parte de la Generalitat de Cataluña del derecho de todo ciudadano a utilizar el castellano en sus relaciones con la administración pública catalana.

En una respuesta parlamentaria a la líder de UPyD, Rosa Díez, a la que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo reconoce que el Estado puede regular, si lo considera oportuno, las "garantías básicas" de la igualdad en el uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicas.

No obstante, recuerda que no está habilitado competencialmente para regular la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y su consiguiente utilización por los poderes públicos o el derecho de uso por los particulares.

Por ello alega que en caso de cualquier "extralimitación" por parte de la Generalitat de estos principios "es posible considerar la solicitud de control por parte de los tribunales".

UPyD había preguntado al Gobierno por la supuesta prohibición del uso del castellano en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM) y, en concreto, entre las ambulancias y los centros de coordinación, por orden de la Consejería de Salud de la Generalitat.

Según esta información, los trabajadores que no han utilizado el catalán en sus comunicaciones se les ha rebajado la nota de calidad del servicio.

A juicio de UPyD, esta norma contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que declara que "no existe un deber constitucional de conocimiento de la lengua cooficial" o que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos los ciudadanos a no ser discriminados por el uso de una de las lenguas oficiales.

En su respuesta, el Gobierno reconoce esa jurisprudencia constitucional y añade que la exclusión del castellano "no es posible" porque se perjudican los derechos de los ciudadanos "que pueden alegar válidamente el desconocimiento de otra lengua cooficial".

Subraya además que en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales, los ciudadanos tienen derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y "sólo obligación -constitucional- de conocer el castellano", lo que garantiza la comunicación con el poder público "sin necesidad de exigir el conocimiento de una segunda lengua".

Por lo tanto, añade el Ejecutivo, la Generalitat no teniendo derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana "tampoco puede presumir en éstos su conocimiento y, por tanto, formalizar esa presunción como un deber de los ciudadanos catalanes".

"En el caso de que existiese una actuación de la Generalidad que supusiese extralimitación de estos principios es posible considerar la solicitud de control por parte de los tribunales", concluye.

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