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El Govern alerta de que el Estado aplica el artículo 155 "por la puerta de atrás"

La Generalitat presentará "batalla judicial" y garantiza que pagará las nóminas

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El Govern alerta de que el Estado aplica el artículo 155 "por la puerta de atrás"

El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertado de que el Gobierno central pretende aplicar el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás" con el acuerdo anunciado este viernes por el ministro de Hacienda de que el Estado asumirá los pagos de los servicios públicos fundamentales de Cataluña --educación, sanidad, servicios sociales y nóminas--.

"Son medidas que tienen por objetivo aplicar el artículo 155 por la puerta de atrás, utilizando la ley de estabilidad presupuestaria en fraude de ley para intentar paralizar un referéndum", ha manifestado en declaraciones a los medios.

Aragonès ha insistido en que la Generalitat no tiene los detalles de este acuerdo y que, por tanto, deberá esperar a que se publique oficialmente, pero ha avanzado que presentará "batalla judicial", tanto a nivel estatal como también en las instituciones judiciales de la UE.

A su juicio, "no hay ninguna disposición legal que ampare" el acuerdo, que prevé un mecanismo de control de pagos de la Generalitat para evitar que se destinen recursos a la celebración del referéndum.

"Si es un Estado con división de poderes, esta decisión tendrá que ser anulada por los tribunales, porque no tiene amparo", según Aragonès, que ha avanzado que la Generalitat también acudirá a las instituciones europeas.

Ha argumentado que la UE "verá con asombro" que se está utilizando la ley de estabilidad presupuestaria para finalidades que, según ha considerado, van en contra de los principios fundamentales de la propia UE, como son el ejercicio democrático y la participación política.

"PROFUNDA IRRESPONSABILIDAD"

Ha reprochado la "profunda irresponsabilidad" de las palabras de Montoro y de las decisiones tomadas, y ha argumentado que sólo ha garantizado que el Estado pagará los gastos de educación, sanidad y servicios sociales al considerarlos servicios públicos fundamentales, mientras que ha señalado que la Generalitat no podrá hacer nuevas disposiciones de gasto para otros servicios como la seguridad --ha recordado la alerta antiterrorista--, la justicia, las prisiones, los bomberos y el mantenimiento de infraestructuras.

También se ha referido al anuncio de que el Gobierno dará órdenes a entidades financieras de no cursar transferencias bancarias, lo que ha alertado de que sólo es competencia de un juez, por lo que ha concluido que "se actúa vulnerando todos los procedimientos" y la separación de poderes.

PARALIZAR LA ECONOMÍA

Aragonès ha reprochado que Montoro ha dicho que todo lo que no sean nóminas, salud, educación y servicios sociales queda bloqueado, lo que ha considerado que supone un "intento de paralizar la economía catalana".

Ha recordado que Cataluña hizo el año pasado la mayor reducción de déficit del conjunto de las administraciones públicas, y que el PIB está creciendo a un ritmo del 3%, ante lo que ha concluido que "no hay ninguna razón para utilizar una ley que sirve para asegurar la estabilidad presupuestaria para perseguir un referéndum".

"Lo que quieren es secuestrar los impuestos que pagamos los catalanes e ir dejándolos en cuentagotas sólo para lo que les gusta", ha insistido, y ha asegurado que todos los servicios públicos que dependen de la Generalitat tienen garantizados los pagos.

Ha asegurado que la tesorería de la Generalitat, "a partir del ahorro y de la gestión correcta de los ingresos, está en condiciones de afrontar los pagos".

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