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Javier de Andrés sustituirá a Urquijo como delegado del Gobierno en Euskadi

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Javier de Andrés sustituirá a Urquijo como delegado del Gobierno en Euskadi

Javier de Andrés sustituirá a Urquijo como delegado del Gobierno en Euskadi

El actual presidente del PP de Álava, Javier de Andrés, sustituirá a Carlos Urquijo como delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca.

La decisión la formalizará el Consejo de Ministros en su reunión de hoy, la última del año, según han confirmado a Efe fuentes del Partido Popular.

Javier de Andrés (Vitoria, 1967) ha sido diputado general de Álava entre 2011 y 2015. En la actualidad es el portavoz popular en las Juntas Generales de Álava y parlamentario en la Cámara autonómica.

Su carrera política comenzó en 1999 cuando fue nombrado director de Comunicación de la Diputación Foral de Álava, tarea que desempeñó hasta 2004 cuando fue designado diputado de Obras Públicas.

En 2011 encabezó por segunda vez la candidatura del PP y gobernó la Diputación en minoría, lo que le obligó a llegar a acuerdos con partidos de la oposición para aprobar los presupuestos y diversas medidas fiscales.

Cuatro años más tarde, De Andrés pasó a ser el portavoz del PP en las Juntas Generales, cargo que ha compatibilizado con su responsabilidad como parlamentario vasco.

En 2008 fue nombrado secretario general del PP en Álava y en 2015 presidente de la formación.

Licenciado en Ciencias de la Información, el nuevo delegado del Gobierno está casado y tiene tres hijos.

Por su parte Carlos Urquijo (1964) ha sido concejal del PP en su localidad natal, Llodio (Álava); diputado en el Parlamento Vasco; senador por unos días en 1996; y delegado del Gobierno en Euskadi durante dos meses de 2004 y desde 2012 hasta hoy.

En los cuatro últimos años ha interpuesto numerosos recursos contra decisiones del Gobierno Vasco y, especialmente, contra resoluciones adoptadas por instituciones gobernadas por la izquierda abertzale, como la celebración de consultas soberanistas, la ausencia de la bandera española en edificios públicos y actos en favor de los presos de ETA.

Esta actitud ha sido criticada por los partidos nacionalistas y las instituciones vascas, que han llegado a aprobar iniciativas pidiendo su cese, una decisión que finalmente ha tomado hoy el Consejo de Ministros.

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