La Junta tailandesa se prepara para la sentencia contra la ex primera ministra

La Junta militar que rige Tailandia ha parapetado en términos de seguridad Bangkok antes de que se pronuncie la sentencia del juicio contra la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, tras una serie de polémicas decisiones que siembran dudas sobre la independencia del poder judicial.

Yingluck escuchará el viernes la resolución del Tribunal Supremo por un delito de negligencia en la supervisión de unas subvenciones agrícolas ofrecidas por su Administración (2011-2014) que podría acarrear hasta 5 años de prisión y una multa millonaria

El actual primer ministro, el general golpista Prayut Chan-ocha, ha advertido en varias ocasiones a los simpatizante de la acusada que eviten manifestarse en las puertas del tribunal, ya que podrían violar las leyes que prohíben las demostraciones públicas y las reuniones políticas desde el golpe militar que derribó a Yingluck en 2014.

Los mensajes de Prayut, sin embargo, fueron ignorados por cerca de un millar de personas, en su mayoría mujeres, que acudieron a los juzgados el 1 de agosto, cuando el juicio quedó visto para sentencia.

En aquella vista, la procesada reiteró su inocencia e insistió en que es “víctima” de un juego político.

Unos 300 efectivos militares velaron en dicha jornada por la seguridad del recinto, un despliegue que se espera sea mayor el viernes, cuando se prevé la presencia de unas 10.000 personas.

El portavoz del Gobierno, Werachon Sukondhapatipak, admitió a Efe que se han adoptado medidas preventivas, pero no quiso detallarlas ni decir el número de agentes destinados al refuerzo de la seguridad.

“Para apoyar (a Yingluck) no es necesario viajar a Bangkok porque la gente que viene puede tener la intención de provocar el caos. Además, es posible que los que acudan sean utilizados con motivos políticos”, afirma el representante.

Un rosario de controvertidas decisiones judiciales emitidas desde la última vista han sembrado dudas sobre la decisión de los jueces, prevista durante la jornada del 25 de agosto.

A mediados de mes, un tribunal de lo penal de Bangkok aplicó sanciones administrativas, de entre 5.000 y 15.000 bat (entre 150 a 450 dólares o entre 130 o 280 euros), contra una veintena de operarios contratados para transportar a los seguidores de Yingluck.

La Oficina del Auditor General investiga, además, si los desplazamientos se sufragaron con fondos públicos, sin encontrar hasta la fecha indicios de malversación.

“Todo está relacionado y orquestado por el gobierno militar porque tienen miedo a la gente (...) y han usado las leyes para dañar a Yingluck y sus compañeros, entre ellos a mi”, declaró a Efe Watana Muangsook, quien confía en la inocencia de la imputada y asegura que el juicio “tiene motivación política”.

Watana es una de las figuras destacadas del Pheu Thai, el partido con el que Yingluck ganó las elecciones de 2011, y estuvo presente en la vista del 1 de agosto para ofrecer su apoyo a la imputada.

Sobre Watana penden cargos por difamación y violar las leyes de Crimen Informático tras publicar a mediados de julio varios mensajes críticos con el Ejecutivo y el sistema judicial, y por instar a los partidarios de Yingluck a converger en la corte.

Kan Yuenyong, analista independiente del centro de estudios Unidad de Inteligencia de Siam, apunta a Efe que Yingluck forma parte de la estrategia “para apartar de las posiciones de poder a aquellos que desafían el orden de la Junta militar”.

El experto prevé una sentencia “no positiva” para la exmandataria aunque cree que no entrará en prisión.

La supuesta campaña gubernamental para silenciar las críticas contempla a académicos, activistas estudiantiles, periodistas y al canal de televisión “Peace TV”, cercano al Phue Thai.

Las autoridades reguladoras de telecomunicación suspendieron la emisión del medio durante un mes por publicar contenidos inconstitucionales, coincidiendo con el final del juicio.

Tailandia atraviesa una profunda crisis política desde la asonada de 2006 que depuso a Thaksin Shinawatra cuando llevaba seis años de primer ministro.

El autoexiliado Thaksin, hermano mayor de Yingluck y sobre el que pesa una condena de dos años de prisión por abuso de poder, mantiene un gran apoyo entre las clases rurales del norte y noreste, así como poderosos enemigos entre la élite burocrática y el Ejército.

Durante la última década el país ha vivido en un bucle donde se suceden protestas antigubernamentales, periodos dictatoriales encabezados por el Ejército y lapsos democráticos.