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Jura el nuevo Gobierno de Kenia a falta de dos carteras pendientes de asignar

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Jura el nuevo Gobierno de Kenia a falta de dos carteras pendientes de asignar

Jura el nuevo Gobierno de Kenia a falta de dos carteras pendientes de asignar

Dieciséis de los 18 ministros que forman el Gobierno de Kenia, del que forman parte seis mujeres, juraron hoy su cargo en una ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial de Nairobi en presencia del presidente del país, Uhuru Kenyatta.

Entre los miembros del nuevo gabinete destaca la ministra de Asuntos Exteriores, Amina Mohamed, y la titular de Defensa, Raychelle Omamo, la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de Kenia.

Además, otras cuatro mujeres estarán al frente de los ministerios de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales; de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano; de Descentralización y Planificación; y de Asuntos de África Oriental, Comercio y Turismo.

La Comisión Nacional de Igualdad de Género (NGEC) de Kenia celebró esta decisión.

"Tenemos a seis mujeres con puestos muy importantes en el Gabinete, y estamos muy agradecidas por ello", dijo la presidenta de la NGEC, Winnie Lichuma.

Otra de las características destacadas es el reducido número de carteras, que baja de 44 a 18, aunque hasta la fecha Kenyatta sólo ha nombrado a 16 ministros.

Esta reducción drástica se debe a la nueva Constitución keniana, adoptada en 2010, que dicta que el Gobierno puede contar con un máximo de 22 ministerios, y un mínimo de 14.

De esta manera, Kenyatta se ha visto obligado a unir algunas de las anteriores carteras.

La ceremonia de hoy se celebró a pesar de que el presidente tan sólo ha nombrado a los titulares de 16 de sus 18 ministerios, aunque ha asegurado que designará a los otros dos ministros "a su debido tiempo".

Uhuru Kenyatta, imputado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, prestó el pasado 9 de abril juramento como cuarto presidente de Kenia tras ganar las elecciones presidenciales del 4 de marzo por un escaso margen.

Kenyatta ha suscitado los recelos de la Unión Europea y EEUU porque tiene un caso pendiente ante la CPI por su supuesta participación en la violencia postelectoral de finales de 2007 y principios de 2008, en la que murieron en Kenia unas 1.300 personas.

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