Lesmes defiende la “concentración” de los 432 partidos judiciales españoles

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha apostado hoy por la “concentración” de los 432 partidos judiciales españoles para dar una respuesta adecuada a los problemas “complejos y difíciles” que plantea la sociedad española.

Lesmes ha clausurado hoy el curso de verano “La justicia en España: viejos problemas, nuevas soluciones” de la Universidad Complutense de Madrid.

El presidente del Tribunal Supremo se ha referido al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé una modificación de la organización territorial de la justicia, elimina los partidos judiciales y establece una nueva demarcación mínima, que es la provincial.

Ha llegado el momento de que España modifique su organización territorial de la justicia y pase a eliminar sus 432 partidos judiciales, que “ya no tienen ningún sentido”, ha subrayado Lesmes.

“Si no se va a suprimir ningún partido judicial, no se entiende muy bien en qué va a consistir esta reforma, cuando en realidad lo que se pretende es concentrar los tribunales en unas demarcaciones superiores a las 432 se vienen arrastrando desde el año 1834”, ha apuntado el presidente del Consejo.

Actualmente, la sociedad española es muy distinta de la del siglo XIX y reclama la respuesta a unos problemas “complejos y difíciles de resolver”, lo que requiere jueces especializados y dotados de los medios necesarios para atender a las demandas de los ciudadanos.

La especialización no es posible con la división del territorio nacional en 432 partidos judiciales, según Lesmes, quien ha indicado que, en los últimos veinte años, los juzgados de lo contencioso, de lo mercantil, de menores o de violencia sobre la mujer se crearon con jurisdicción provincial.

El concepto de partido judicial, como fue diseñado en 1834, y de órgano unipersonal inserto en ese partido judicial ha entrado en “crisis” hasta el punto que hoy existen en España más de cuatrocientos jueces sin órgano de destino, ha argumentado.

A partir de 2010, ha agregado, como consecuencia de la crisis, se dejaron de crear juzgados porque es “muy caro”, dada la “precariedad” de la Administración española y los “recortes”, por lo que hoy hay cuatrocientos jueces sin órgano de destino, lo que supone “un problema serio para el Estado”.

Se ha mostrado convencido de que, en el escenario actual, las Administraciones autonómicas, que se encuentran en situaciones precarias y sin recursos, no asumirán el coste de la creación de cuatrocientos nuevos órganos judiciales.

Por ello, ha afirmado, hay que abordar la reforma “necesariamente”, con el anteproyecto propuesto por el Gobierno o con otro modelo, para que hay que avanzar en esa dirección.