Libertad bajo fianza para los dos policías detenidos por el robo de armas

El juzgado de instrucción número tres de Ourense ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de los dos policías detenidos el pasado viernes en relación con el robo de armas de la Comisaría de Ourense --entre 2014 y 2015--, así como la muerte de un agente --en abril de 2016-- en dependencias policiales tras una larga jornada que se prolongó hasta pasadas las tres de la madrugada.

En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada ha informado de la puesta en libertad de los dos acusados, con imposición “a cada uno de ellos” de una fianza “de 60.000 euros”, que tendrán que abonar “en el plazo de cinco días”.

Los policías tendrán además obligación de comparecer “todos los días” ante el juzgado de instrucción, no pueden salir del territorio nacional y tienen que entregar el pasaporte.

Así lo ha dado a conocer tras una maratoniana jornada vivida en el edificio policial, que superó las diez horas y en la que tuvieron que salir para repetir una diligencia.

En el escrito, la jueza sostiene que “no está justificado” el ingreso en prisión de los acusados debido a “su arraigo familiar y patrimonial” y que “no concurre” peligro concreto para la alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba relevantes (salvo el que justifica el mantenimiento de una pequeña parte de la instrucción como secreta).

Además, añade que no cabe la posibilidad de actuar “contra bienes jurídicos de la víctima ni concurrir elemento alguno que permita inferir que los investigados vayan cometer otros hechos delictivos”.

Considera que concurren indicios suficientes de la comisión “de forma conjunta y planificada”, de varios delitos: robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias en el periodo comprendido entre mayo de 2014 y abril de 2016, época que coincide con la desaparición de las armas que desembocó en una investigación de Asuntos Internos, que se saldó con varios policías implicados.

Asimismo, les investiga por un presunto delito de homicidio en relación al agente fallecido en la comisaría de Ourense.

Para ello, se sustenta en las pruebas practicadas (inspección ocular, informes de balística, del Instituto de Toxicología y de ADN) además de las declaraciones testificales tomadas en la causa, fotografías, relación de llamadas y comunicaciones, así como documentación bancaria y el registro practicado a varias viviendas relacionadas con los sospechosos, en Toén (Ourense), Ávila, Coslada y Ribeira, entre otras diligencias de investigación.

La 'Operación Zamburiña' se inició entre 2014-2015, a raíz del envío de unos anónimos que relacionaban el robo de las armas con la operación por drogas y cuya operación se saldó con trece personas arrestadas por esta causa y que desembocó en una investigación por parte de Asuntos Internos.

Durante las investigaciones, dos policías resultaron detenidos y otros dos imputados por supuestos delitos relacionados con revelación de secretos u omisión de perseguir delitos, derivado de su trato con confidentes, lo que desembocó en el desmantelamiento del grupo de estupefacientes, aunque las armas siguieron en paradero desconocido hasta 2016, cuando apareció muerto un agente.

A la salida del edificio judicial, el abogado de la familia del policía que apareció muerto, Arturo Mosquera, indicó que pidió el ingreso en prisión o, alternativamente, que se les imponga una fianza y la obligación de comparecer periódicamente al entender que hay “indicios de homicidio”.

Por su parte, el letrado de los agentes detenidos, Neil González, ha manifestado que espera que “se aclare todo este asunto” dado que los policías negaron “en todo momento” cualquier tipo de participación.

“Algunos de los indicios que supuestamente se les atribuyen, son bastante simples y razonables, por lo que habrá que esperar a tener conocimiento de toda la causa”, ha apuntado el abogado, quien solicitó la repetición de una diligencia que las partes consideraron relevante.

Esta tenía como objeto determinar si restos de sangre hallada en un mono que había en el coche de los acusados es “animal o humana” algo que tendrá que determinar ahora la policía científica.

Durante la jornada, los agentes no prestaron declaración hasta las nueve de la noche a pesar de que llegaron al edificio judicial en torno a las seis de la tarde. La extensa documentación comprende once tomos y más de tres mil folios.