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El juez Llarena acelera la instrucción para que el juicio por el procés arranque en septiembre

El magistrado encargado de la causa no prevé nuevas decisiones que alarguen la instrucción

Enero será un mes de intenso trabajo para Llarena: tomará declaración a los nuevos imputados y a los miembros del Govern que ya estaban imputados de inicio

Con el calendario que pretende el Supremo, las previsibles condenas llegarían en el primer tramo de la legislatura derivada de las elecciones del 21D

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Carles Puigdemont, durante una comparecencia en Bruselas EFE

La sentencia por el juicio del procés no se hará esperar. En menos de un año la situación judicial derivada del desafío soberanista podría estar zanjada en los tribunales, con sentencias firmes para cada uno de los imputados. El juez Llarena, al frente de la causa que sigue el Supremo, pretende cerrar la instrucción hacia el mes de mayo. Así lo señalan fuentes del tribunal, consultadas por eldiario.es. La intención del magistrado es dejarlo todo listo para que el juicio pueda iniciarse a la vuelta del verano.

La sala encargada de juzgar el procés estará formada por siete magistrados (los cinco que pertenecen a la sala de admisión, más dos magistrados de refuerzo). El presidente de la sala de lo penal del TS, Manuel Marchena, será el ponente de la sentencia.

El calendario con el que trabajan en el Tribunal Supremo aleja el temor político de que la causa en los tribunales pueda eternizarse, marcando en su totalidad la legislatura que habrá de constituirse, tras las elecciones del 21D. Con la apertura de juicio para el mes de septiembre, las condenas llegarían todavía al inicio de la legislatura.

A las pocas horas de conocerse el resultado electoral, Pablo Llarena hacía su último movimiento: ampliaba las imputaciones en el procedimiento por rebelión e incluía en esa lista a la segunda de la candidatura de ERC, Marta Rovira. Con esta nueva imputación el listado asciende ya a 19 personas, entre ellos Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.

El magistrado decidió comunicar su decisión de imputar a Rovira y otro listado de políticos justo después de la jornada electoral. Según fuentes del tribunal, el momento elegido perseguía un doble objetivo: evitar efectos sobre la jornada electoral y advertir hacia el futuro de los pasos que seguiría la investigación, en lo relativo a los principales líderes políticos que habían sido reelegidos el 21D.

El Tribunal Supremo tiene la norma no escrita de aplazar sus investigaciones a políticos durante procesos electorales. Se trata de una medida que pretende evitar que investigaciones en marcha puedan tener efectos políticos en jornadas electorales. En esta ocasión, Llarena ha tenido muy complicado congelar sus decisiones a la espera de las urnas: ha tenido que resolver recursos y peticiones de libertad de algunos de los presos preventivos. Lo único que se ha podido guardar hasta después de las elecciones han sido las nuevas imputaciones para Marta Rovira, Artur Mas o Anna Gabriel.

Llarena ha comunicado a su entorno su intención de no alargar el proceso de instrucción y no realizar nuevas imputaciones, a no ser que la investigación aporte nuevos datos que obliguen a hacerlo. Con la estructura de la causa sobre la mesa, el magistrado quiere acabar la instrucción hacia la primavera. 

Enero se presenta como un mes de intenso trabajo para el magistrado. Llarena debe llamar a declarar a los nuevos imputados: Marta Rovira, Artur Mas, Mireia Boyá (presidenta grupo parlamentario de la CUP), Anna Gabriel (portavoz de la CUP), Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT) y a Neus Loveras i Massana (presidenta de la AMI). Además, el magistrado volverá a citar para nuevas declaraciones a los miembros del Govern que ya estaban imputados de inicio.

El juicio del procés y la redacción de sentencias supondrá un momento clave para la política catalana. Aquellos a quienes se condene a penas de prisión, tendrán que asumir sus condenas en firme. En ese momento llegarán también las inhabilitaciones para cargos públicos y se deshará la complicada situación actual en la que un perseguido por la justicia española, como es Carles Puigdemont, mantiene todos sus derechos intactos para participar en asuntos políticos y ser candidato a la presidencia de la Generalitat.

Todo eso se aclarará pronto o, al menos, esa es la intención del juez que instruye la causa en el Supremo. Pablo Llarena quiere cerrar el tema cuanto antes.

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