El Senado se personará para defender ante el Tribunal Constitucional la tramitación del 155

El recurso de Unidos Podemos cuestiona la constitucionalidad de las medidas aplicadas, pero también la propia tramitación en el Senado. La Mesa ha decidido que “en lo que le afecta”, la Cámara Alta se persone y defienda sus decisiones, ha explicado el vicepresidente primero, Pedro Sanz. Este acuerdo ha sido adoptado con la oposición del PNV, que cuenta con una representante en la Mesa.

Pedro Sanz ha explicado que el Senado aceptó tramitar la solicitud del Gobierno porque “reunía todos los requisitos”, como un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la respuesta de éste y el acuerdo del Consejo de Ministros con una batería de medidas para su aplicación en Cataluña.

La Cámara Alta también defenderá la decisión de que el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, no pudiera intervenir en la comisión creada para discutir las medidas del 155. Ante esa comisión compareció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para defender las medidas planteadas y pedir apoyo a los grupos, pero no lo hizo nadie por parte del Ejecutivo catalán.

La Generalitat envió como representante a Mascarell y la Mesa de la comisión no le permitió intervenir argumentando que no se trataba de un miembro del Govern. “Nada dice que fuera obligado que pudiese intervenir y cualquier cuestión hubiese sido factible: sí o no. La Mesa decidió que no procedía y es lo que defenderá el Senado”, ha explicado Pedro Sanz.

UNA APLICACIÓN INÉDITA

El recurso ante el Tribunal Constitucional fue impulsado por En Comú y se sumaron sus aliados de Podemos, Izquierda Unida, En Marea y Equo. En el texto se solicita la nulidad del acuerdo adoptado por el Senado, que aprobó la aplicación del 155 y que posibilitó la disolución del Parlament, la destitución del Govern de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el debate ha sido bien recibido en el órgano de garantías porque permitirá a los magistrados abordar no sólo la constitucionalidad del 155, que no cuestionan, sino la forma de aplicarse y los límites que deberían tenerse en cuenta --en el caso actual y también de volverse a utilizar en el futuro-- en la aplicación de este artículo de la Constitución.

El interés del recurso radica en que hasta ahora no existe una doctrina constitucional en la que fijarse, porque es la primera vez que el Gobierno español hace uso de este artículo. De ahí los debates previos que se produjeron en ámbitos políticos, gubernamentales e incluso judiciales sobre el procedimiento que debía seguir el Ejecutivo o sobre la extensión de sus medidas.