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Supremo chileno ratifica la negativa a extraditar agentes de Pinochet a Francia

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Supremo chileno ratifica la negativa a extraditar agentes de Pinochet a Francia

Supremo chileno ratifica la negativa a extraditar agentes de Pinochet a Francia

La Corte Suprema de Chile ratificó hoy un fallo que rechazó la extradición a Francia de diez antiguos agentes del régimen de Augusto Pinochet, condenados en ausencia en ese país por el homicidio de cuatro franceses durante la dictadura.

Según fuentes de la Corte, en un fallo de tres votos a dos, la II Sala Penal confirmó la resolución dictada el 4 de noviembre pasado por la jueza Rosa María Maggi, quien negó la extradición porque los delitos en cuestión están siendo investigados en Chile.

Aquella resolución argumentó que por ello corresponde a los tribunales nacionales conocer y juzgar esos ilícitos.

Los condenados por los tribunales franceses son los generales retirados Manuel Contreras, exjefe de la DINA, la policía secreta de Pinochet y Raúl Iturriaga Neumann, antiguo responsable del Departamento Exterior del organismo.

También los exbrigadieres Pedro Espinoza Bravo, exsegundo jefe de la DINA, y Miguel Krasnoff; los excoroneles Marcelo Moren Brito, Luis Ramírez Pineda y Gerardo Godoy, además del suboficial Basclay Zapara, Rafael Ahumada y el empresario Emilio Sandoval Poo.

Los diez fueron condenados en rebeldía el 17 de diciembre de 2010 por el Tribunal en lo Criminal de París a penas que iban de los quince años de cárcel a cadena perpetua por el secuestro, las torturas y la desaparición de cuatro ciudadanos galos entre 1973 y 1975.

Las víctimas fueron Georges Klein y consejero del presidente chileno Salvador Allende, Alphonse-René Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

También Jean-Yves Claudet, militante del MIR desaparecido en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor de las dictaduras suramericanas de los años 70, y Etienne Pesle, un sacerdote dedicado a la redistribución de tierras en el sur de Chile.

Dos de los jueces, Lamberto Cisternas y Juan Escobar, fueron partidarios de reabrir la investigación por considerar que no se encuentra acreditado que haya procesos por todas las víctimas.

La mayoría de los condenados y requeridos en esta causa están actualmente en prisión, condenados en diversos juicios por violación de los derechos humanos a penas de prisión, que en el caso de Contreras suman más de 300 años y en los de Espinoza y Krasnoff cerca de 200 años.

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