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El abogado de los ERE y de la mina subraya que imputado no es igual a culpable

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El abogado de los ERE y de la mina subraya que imputado no es igual a culpable

El abogado de los ERE y de la mina subraya que imputado no es igual a culpable

Un abogado que defiende a nueve acusados en los ERE y a la empresa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha subrayado hoy que el archivo judicial de la concesión de la explotación minera demuestra que "el simple hecho de ser imputado en un proceso penal no es sinónimo ni de culpabilidad ni de condena".

Juan Carlos Alférez, que también lleva la defensa de acusados en otros casos de presunta corrupción, como los cursos de formación, Invercaria y Mercasevilla, ha enfatizado que la juez y la fiscalía han considerado "con rotundidad que las meras sospechas de irregularidades administrativas no tienen por qué ser equivalentes a sospecha de delito".

Esta máxima, según ha dicho a Efe el abogado, "debería aplicarse a muchos de los casos mediáticos actualmente abiertos, donde las defensas venimos apreciando una clara desmesura en el uso y abuso de la jurisdicción penal para fines que no le son propios".

Las afirmaciones del abogado se producen después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, haya archivado el caso de la concesión de la mina porque considera que no hay indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta de Andalucía en febrero pasado.

"El archivo de la causa es un ejemplo del buen funcionamiento del sistema", ha indicado el abogado antes de recordar que la instrucción judicial del caso empezó "con una importante carga de agresividad acusatoria" tras la denuncia presentada el 2 de marzo pasado por la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources.

El defensor se refiere a la afirmación de la juez de que el concurso se realizó "sin el más mínimo rigor".

Destaca el letrado que, después de culminada la instrucción, "no se ha dudado en decretar un justo archivo una vez demostrado que las iniciales dudas vertidas por la empresa perdedora del concurso carecían de más mínimo fundamento y rigor jurídico, dado que el concurso público fue plenamente ajustado a ley".

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