El fiscal no ve delito en el acto de Greenpeace en el Congreso porque no alteró el pleno

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la causa abierta a ocho activistas de Greenpeace que el 9 de mayo escalaron al tejado del Congreso en protesta contra la reforma de la Ley de Costas, al no constar que alteraran el pleno y que su intención fuera invadir la Cámara Baja.

El fiscal Luis Barroso ha hecho esta petición al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que el mismo día que sucedieron los hechos tomó declaración a los activistas y les impuso comparecencias mensuales, en un informe en el que pide el sobreseimiento provisional de esta causa “al no resultar justificada la perpetración de una infracción perseguida penalmente”.

Según Barroso, “de lo actuado, no consta que la intención de los activistas de Greenpeace fuera el invadir la sede del Congreso, al ocurrir los hechos en el exterior, y que la invasión fuera a producirse con fuerza, violencia o intimidación”, “ni que se intentara penetrar en la sede del Congreso portando armas u otros instrumentos peligrosos para presentar peticiones”.

Tampoco hay constancia, añade el fiscal, de que “se haya alterado el normal funcionamiento de la sesión plenaria celebrada ese día en el Congreso de los Diputados”, cuando se debatía la reforma de la Ley de Costas por la que protestaron con esta acción los ocho activistas de Greenpeace, que fueron detenidos en el acto y trasladados a la Audiencia Nacional para comparecer ante Gómez Bermúdez por un delito contra altos organismos de la nación.

En su informe, Barroso relata que los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo entre las 08.54 horas y las 09.07 cuando, al comienzo de la sesión plenaria, llegó una furgoneta que estacionó a la altura de la puerta de los leones “descendiendo de ella rápidamente varios activistas de Greenpeace jóvenes”, que trataron de saltar la valla metálica de 2.5 metros “instalada en el perímetro parlamentario con motivo de las obras que se están realizando”.

Policías del Congreso y de las Unidades de Intervención Policial (UIP) impidieron que saltaran y detuvieron a cinco, pero tres de ellos lo consiguieron y gracias a las obras en el complejo parlamentario, para las que se instalaron “varias estructuras metálicas, andamios y escaleras para acceder a la azotea”, lograron “alcanzar el primer andamio y posteriormente la escalera que conduce a la cubierta del Congreso”.

A través de esa escalera, que mide 23 metros desde el suelo hasta el tejado, estos activistas “subieron a toda velocidad” y consiguieron llegar hasta el tejado donde fueron detenidos por los agentes que les perseguían.

Alguno de ellos intentó además colgarse de la cornisa, “desistiendo a los pocos segundos, persuadidos por los policías, que les impidieron utilizar sus equipos de escala”.

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez les dejo en libertad con la citada medida cautelar, aunque no les atribuyó en su auto ningún delito concreto, a la espera de que el presidente del Congreso, Jesús Posada, informara sobre si efectivamente los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.

En su informe al juez, Posada comunicó que no se había alterado el normal funcionamiento del pleno, pero sí el del Congreso.