El fiscal general de Perú será investigado durante 15 días por el Congreso

La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó hoy, con votos del partido fujimorista Fuerza Popular, otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue al Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, quien ha sido denunciado por supuestos delitos de función.

La decisión recibió 13 votos a favor, todos de legisladores de Fuerza Popular, 6 en contra y 2 abstenciones, y, según denunció el abogado de Sánchez, Samuel Abad, se tomó sin evaluar antes los términos de la acusación.

De acuerdo a lo determinado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá notificar ahora en un plazo máximo de cinco días a Sánchez para que brinde sus descargos y continúe el proceso.

El fiscal general ha sido denunciado por el portavoz legislativo de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, por supuestas “omisiones funcionales” en la investigación a los socios peruanos de la empresa brasileña Odebrecht.

Sánchez también ha sido acusado por la parlamentaria independiente Yeni Vilcatoma de una presunta “infracción constitucional” por haber designado al fiscal Hamilton Castro a cargo del caso Odebrecht.

El pasado 15 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes esas denuncias, en esa ocasión también solo con los votos del fujimorismo, que tiene la mayoría en el Congreso de Perú.

Estas acusaciones han sido consideradas por los demás partidos en el Congreso, incluido el gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), como un intento de vulnerar la autonomía de la Judicatura.

Además se les vincula con la decisión del Ministerio Público de investigar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, el estadounidense Mark Vito, en el marco de la Ley de Crimen Organizado.

Fujimori y Vito son investigados por las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Keiko, así como por una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje “Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita).

Los fujimoristas han señalado que la denuncia “no tiene nada que ver” con la investigación contra Keiko.

Sin embargo, el fiscal Sánchez coincidió el vincular las acusaciones en su contra con estas investigaciones, pero aseguró que no se amilana ante ellas y seguirá enfrentándose a la corrupción.

Su abogado consideró hoy que la Comisión Permanente debió archivar las denuncias constitucionales porque, según dijo, ambas son “manifiestamente improcedentes”.

“En el fondo, lo que se busca es decirle al fiscal cómo debería actuar”, remarcó Abad.

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.