Rajoy fía a las inversiones y los tribunales la resolución del conflicto con Cataluña
Durante una visita a Barcelona por la festividad de Sant Jordi de 2009, ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el recurso al Tribunal Constitucional que el Partido Popular había lanzado contra el Estatut de Cataluña, Mariano Rajoy, terminó respondiendo con un lacónico: “Es lo que hay”.
Ocho años después, tras masivas movilizaciones en Cataluña y un desafío institucional de la Generalitat sin precedentes, el presidente del Gobierno se enroca en la ley y en el anuncio de un paquete de inversiones en infraestructuras que se presentarán el próximo martes como respuesta.
“Antes no se podía. El Gobierno ya ha conseguido con sus medidas acabar con la crisis económica. Ahora se puede hacer política y se pueden destinar inversiones a Cataluña, como al resto de España”, asegura un diputado del PP.
Diálogo y ley. Inversiones y tribunales. Es la dualidad de la estrategia del Ejecutivo frente a las críticas por el inmovilismo y la falta de gestos que podrían haber dejado crecer el independentismo.
“Desde el punto de vista ideológico no nos hemos movido un ápice, nada ha cambiado”, insisten en el Partido Popular. Para remarcar esta postura una fuente del partido recuerda que los nuevos estatutos de la formación aprobados en el Congreso Nacional del pasado febrero recogen claramente en el preámbulo: “Mantenemos una defensa clara y rotunda de la unidad de la Nación española y de la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley”.
En el partido reconocen que están “más volcados en Cataluña. Es cierto que vamos más y tenemos más presencia. ¿No era lo que se nos pedía?”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha dejado ver por Cataluña para reunirse con Oriol Junqueras, su homólogo en el Ejecutivo catalán. Rajoy se ha reunido en secreto con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
La operación Diálogo, pese a sus vaivenes, sigue pero se circunscribe a ciertos problemas. “Queremos hablar de temas que realmente preocupan a los ciudadanos, ya sea la financiación de las Comunidades Autónomas, las infraestructuras o el bono social. Si el Gobierno de la Generalitat no le da importancia, el de España, sí”, comentó el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el pasado Consejo de Ministros.
Méndez de Vigo resumió en qué consiste “el nuevo ciclo político” que se refleja “un cambio en la mentalidad” del Gobierno pero que en realidad solo se traduce en que el contexto ha cambiado porque “la crisis ha quedado atrás”.
El portavoz del Gobierno ha asegurado que al “interpretar el mandato de los electores” la política del Gobierno tiene como base “el diálogo en tres ámbitos”: político, con acuerdos parlamentarios; social, reflejado en el pacto que llevó al incremento del salario mínimo; y territorial, donde el hito es la conferencia de presidentes. Puigdemont no asistió al cónclave.
Sentencias de inhabilitación
Las recientes sentencias de inhabilitación para el expresident Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs no han rebajado el afán por los litigios del Ejecutivo Rajoy. “La disposición del Gobierno para el diálogo con la Generalitat no tiene fecha de caducidad. Diálogo dentro de la ley”, aclaró Méndez de Vigo.
Desde el mundo de la judicatura se han lanzado variados mensajes en el sentido de que el conflicto con Cataluña no se puede arreglar mediante sentencias. El presidente saliente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, reconoció en su discurso de despedida que “el Constitucional no puede solucionar el problema catalán”. Este pasado viernes el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, recordó que “los jueces no son actores políticos que puedan resolver el conflicto”.
A pesar de estas llamadas, la herramienta judicial sigue siendo fundamental para el Ejecutivo. “No podemos dar la imagen en Cataluña, y en el resto de España, de que nos quedamos sin actuar ante el incumplimiento de la ley”, explican una fuente del PP. Méndez de Vigo también reseñó la actitud de las fuerzas políticas independentistas en sus vaivenes para vulnerar la legalidad vigente: “La ley es fruto de la voluntad popular. No respetar la ley equivale a menoscabar la democracia, lo acaban de decir 250 juristas de prestigio en Cataluña”.
Por este motivo, no basta con que el Partido Popular, con Ciudadanos y el PSOE, por su parte, anuncien que llevarán al Tribunal Constitucional los presupuestos aprobados por la Cámara catalana. Méndez de Vigo explicó que el Ejecutivo también presentará un recurso de inconstitucionalidad contra las cuentas por las enmiendas de la disposición adicional 31 en la que se pide la celebración de un referéndum, más aún cuando hay sendos informes del Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados del Parlament que ponen en duda la legalidad de las cuentas. La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha abierto una investigación por desobediencia, prevaricación y malversación.
Entre las enmiendas a la ponencia política que se debatían durante el Congreso Regional del PP catalán que se celebra este fin de semana había peticiones de “más dureza contra el soberanismo”. Guante de seda, mano de hierro. “Hay que cumplir con la ley, eso lo saben muy bien en Cataluña. La Justicia nos dará la razón. El tiempo juega a nuestro favor”, añade un parlamentario del PP. Inversiones y tribunales. Es lo que hay.
