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La Audiencia Provincial echa por tierra las tesis que acusaban a los detenidos del 25S de querer invadir el Congreso

Concentración del 25S en la plaza de Neptuno / Juan Luis Sánchez

Olga Rodríguez

  • Los abogados de los detenidos del 25S confían en que “se aclaren las arbitrarias detenciones” y se investiguen las denuncias de tortura en comisaría.

En septiembre de 2012, tras las detenciones del 25S, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid dictó la libertad de los arrestados pero les imputó la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado. Decidió inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, por considerar que había indicios de que los 35 detenidos habían intentando invadir “con fuerza, violencia o intimidación el Congreso de los Diputados”.

Los abogados de los detenidos presentaron de inmediato un recurso, recordando que no había prueba alguna y que resultaba extraño considerar que un puñado de personas solas intentaran tomar un Congreso rodeado por más de mil policías.

Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado estimar los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los detenidos -de la Comisión Legal Sol- y revocar el Auto del Juzgado de Instrucción que acordaba inhibirse a favor de la Audiencia Nacional.

El Auto de la Audiencia Provincial considera que “no existen indicios de que los imputados usaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir la sede del Congreso de los Diputados”.

En conversación con eldiario.es una de las personas detenidas el 25S valora así este auto:

“Se impone un poco la razón y se van desmontando las mentiras de la Unidad de Intervención Policial y la Delegación del Gobierno. Pero todavía tenemos que defendernos del resto de delitos que se inventaron contra nosotros. Ahora estamos a la espera de que prospere nuestras denuncias por malos tratos, tortura, lesiones, así como las pruebas falsas”.

Los abogados de la Comisión Legal Sol celebran esta resolución, “que entendemos pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de ”fabricar“ un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido”.

Y añaden: “Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia”.

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