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Madrid recula y no anulará las citas pediátricas de los bebés de inmigrantes

Mantiene el plazo de 90 días para regularizar la cobertura sanitaria pero no los desactivará de las bases de datos por lo que se mantendrá la atención y seguimiento ordinarios

Sanidad incorporará una alerta para que los pediatras sepan que ese bebé no está regularizado en el sistema informático

Tras conocerse el borrado de menores del sistema, la medida fue criticada por colectivos de apoyo a los inmigrantes y asociaciones pediátricas que la consideraban perjudicial

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Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, en la inauguración del centro de salud Las Margaritas (Getafe)

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, en la inauguración del centro de salud Las Margaritas (Getafe)

Madrid recula y no borrará del sistema informático sanitario a los menores sin regularizar. Después de que eldiario.es contara cómo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había dado orden de que estos bebés salieran de los registros, el Gobierno regional ha confirmado a este diario que ha modificado la medida.

Esto supone que los niños y niñas podrán ser citados y volverán a tener un seguimiento pediátrico continuado. Madrid mantiene el plazo en 90 días para que se regularice su cobertura sanitaria pero, a partir de ahora, no se les inactivará de la base de datos del Servicio Madrileño de Salud.

Según ha confirmado Antonio Alemany, director general de Atención Primaria, si los menores llegan al día 91 sin la asistencia regularizada, seguirán siendo visibles para los administrativos. A partir de ahora, han incluido una advertencia para administrativos y pediatras que les avisa de que "ese niño no se ha regularizado y ha cumplido el plazo", pero ya no pasará al histórico de la base de datos y se podrá acceder a su historia clínica.

La Consejería no aclara si a partir de ahora se calculará un nuevo plazo por el que los recién nacidos desaparezcan del registro y por lo tanto se quedan sin poder ser citados de manera ordinaria. Eso sí, no consideran que ni inicialmente esta medida ni su posterior modificación hayan alterado la atención a los menores.

Fuentes del SERMAS confirman que se vuelve al plazo anterior y los padres vuelven a tener un año para reunir toda la documentación. Aunque a partir de ahora, según informa Alemany, los profesionales sanitarios les avisarán de que deben tramitar la cobertura sanitaria, porque han superado los tres meses.

Con esta decisión vuelven a estar activos en la base de datos del SERMAS los 6.000 recién nacidos que desaparecieron del sistema de citas. Esta medida había sido criticada por plataformas como Yo Sí Sanidad Universal y Sos Racismo, y por colectivos profesionales como la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad de Pediatría de Madrid y de Castilla-La Mancha.

En contra de la legislación internacional

Yo Sí Sanidad Universal consideraba que la medida del Ejecutivo de Ignacio González vulneraba la normativa nacional e internacional de protección a la infancia. "Contraviene la Convención de Derechos del Niño, los acuerdos firmados por la Unión Europea, por Naciones Unidas... En la legislación española vulnera la ley de 1986 de amparo a los menores, un reglamento que no puede ser desobedecido por normas de menor rango", señaló Nuria Amarilla, abogada y portavoz de Yo Sí Sanidad Universal.

En su momento la Consejería de Sanidad justificó la medida alegando que era una decisión "puramente administrativa" y solicitada por los profesionales sanitarios que querían tener los datos actualizados. Esta justificación no fue apoyada por los colectivos profesionales. La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad de Pediatría de Madrid y la de Castilla-La Mancha consideraban que la decisión de la sanidad madrileña "podría ocasionar perjuicios a los menores cuyas familias tengan dificultades para obtener los documentos necesarios para la solicitud de la tarjeta sanitaria individual". Además, señalaron que la reducción de plazos "no resuelve el problema" y "supone una sobrecarga de trabajo a las unidades administrativas".

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