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Solo las cinco comunidades del PP harán la prueba de sexto como exige la LOMCE

Las ocho gobernadas por el PSOE acuerdan, fuera de la ley, programar un examen a final de curso pero corregido por los propios maestros del centro

El ministro convoca la Conferencia Sectorial de Educación que reclamaban las comunidades solo un día después de que cuatro regiones hagan el examen

Iñigo Méndez de Vigo ha rectificado a su antecesor Wert para dar más control a las autonomías sobre las reválidas

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El ministro de Educación en funciones, Iñigo Méndez de Vigo. EFE

El Ministerio de Educación no consigue convencer a las comunidades no gobernadas por el PP de las virtudes de la LOMCE a solo unos días de la realización de la prueba de sexto de Primaria. Las ocho regiones del PSOE –Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía– han acordado hacer un examen a final de curso con un modus operandi alternativo al que marca la LOMCE, ha anunciado este jueves el Gobierno de Aragón.

Se medirán las mismas competencias –lingüística, matemática y de ciencia y tecnología–, pero las pruebas no serán corregidas por maestros y maestras externos al centro educativo, tal y como marca la ley Wert. "Quien mejor puede llevar a cabo esta tarea es el profesorado del alumnado de sexto de Primaria, ya que así podrán conjugar los principios de evaluación continua y la valoración del grado de adquisición de las competencias básicas, al finalizar la etapa", dice el comunicado del Departamento de Educación aragonés, que también prevé la elaboración de informes

Estas ocho comunidades, por tanto, se saltarán  el artículo 7 del real decreto que regula las características generales de estos exámenes y que prevé que los encargados de la tarea de corrección son "funcionarios del Sistema Educativo Español externos a los respectivos centros docentes".

Es un modo, continua la nota de Aragón, de "minimizar los aspectos más negativos que genera la aplicación de la ley". Hasta doce regiones han mostrado su desacuerdo públicamente con los planes de Iñigo Méndez de Vigo para los alumnos y alumnas de sexto por, entre otros motivos, la "improvisación", "el coste personal y económico" o "la falta de confianza en el profesorado". Las gobernadas por el PSOE aún esperan el dictamen del Tribunal Supremo, al que llevaron el decreto que regula la prueba de sexto.

La prueba "sin efectos académicos" se realizará de una forma diferente según la región, lo que va a dificultar que los diagnósticos sobre el nivel educativo de los niños y niñas de sexto sean uniformes y comparables.

Todas las regiones "insumisas" han reclamado en los últimos meses la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación para poner en común las posturas de las comunidades y acordar soluciones. Méndez de Vigo ya ha puesto fecha a la reunión de consejeros y consejeras de Educación. Será el viernes 13 de mayo, justo un día después de que las comunidades que harán la prueba –excepto Murcia– la realicen. En los calendarios de Madrid, Galicia, Castilla y León y La Rioja está programada para los días 11 y 12 de este mes.

Méndez de Vigo se desmarca de Wert

El Ministerio de Educación, con Iñigo Méndez de Vigo a la cabeza, ha procurado en los últimos meses contrarrestar con una actitud más dialogante las medidas heredadas de la gestión de José Ignacio Wert. El cambio más reciente consiste en dar más control a las autonomías sobre las reválidas de ESO y Bachillerato, la propuesta estrella de Wert. Cada región podrá fijar las preguntas y el calendario de los exámenes por su cuenta. El actual ministro se ha desmarcado, además, del modelo diseñado por Wert para la prueba que sustituirá a la Selectividad.

Cataluña ya está realizando este miércoles y jueves sus propias evaluaciones de sexto, las mismas que hacen desde hace varios años en esta comunidad. Estas pruebas no incluyen, como marca la LOMCE, la evaluación de competencias básicas en Ciencia y Tecnología. Canarias también se agarra a un examen propio –que no han hecho nunca antes– sujeto a su ley autonómica.

Navarra y Euskadi ya han manifestado que no harán ninguna prueba.

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