El gobierno de España contra los refugiados políticos
Para Dogan Akhanli y Hamza Yalçin
Eran las 08.30 del pasado 19 de agosto cuando el escritor turco-alemán Dogan Akhanli se encontraba listo para salir, junto a su mujer, a visitar la Alhambra de Granada. La pareja estaba de vacaciones en España, un viaje que el escritor había planificado para profundizar en el estudio de la literatura española. Sin embargo, una llamada a la puerta de su hotel alteraría todos los planes. Un total de ocho policías tenían órdenes de detener a Akhanli y llevárselo a la Audiencia Nacional, como respuesta a una orden internacional de Interpol que tiene su origen en una reclamación de Turquía.
El desproporcionado despliegue policial sugiere que estamos ante un terrorista altamente peligroso. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Akhanli es un intelectual de izquierdas comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, con la recuperación de la memoria histórica del pueblo kurdo y muy crítico con la política del gobierno autoritario de Erdogan en Turquía. Precisamente de su país de origen, Turquía, huyó en los noventa hacia Alemania, país que le acogió y que ahora le defiende de los abusos de Turquía. Lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de España.
Akhanli está perseguido por Turquía desde 2013, cuando los tribunales turcos anularon una sentencia de 2010 que absolvía al escritor de unos hechos acaecidos en 1989. Pero no es el único referente crítico con el Gobierno turco que está siendo perseguido a través de los mecanismos de Interpol. Otro intelectual turco, Hamza Yalçin, nacionalizado sueco, está aún detenido en territorio español por los mismos motivos. También en este caso el gobierno de Suecia ha pedido al gobierno español que intervenga, sin que de momento haya tenido éxito su reclamación.
Akhanli fue detenido en España pero antes había estado en países como Holanda o Italia, con la alerta de Interpol activa, sin que pasara nada. Ninguno de esos países están interesados en cumplir con las alertas de Interpol de forma ciega, más aún cuando proceden de un país como Turquía. Por el contrario, España se ha convertido en una trampa para los intelectuales críticos con el gobierno de Erdogan. Con el silencio cómplice e interesado del Gobierno español, que ve impasible cómo Yalçin sigue en la cárcel y Akhanli no puede salir de España para volver a su casa.
Como se puede deducir, no es una cuestión meramente legal sino esencialmente política. Turquía aprovecha el sistema de Interpol para perseguir a los disidentes críticos con el gobierno y España, a diferencia de otros países, cumple como alumno privilegiado. Y este hecho no puede desligarse del pacto firmado entre Turquía y la Unión Europea, del que Rajoy es un ferviente defensor, por el cual Turquía controla la entrada de refugiados en suelo europeo a cambio de unos cuantos miles de millones de euros. Un contrato en toda regla que mercantiliza a los refugiados, quienes huyen de las guerras en Oriente Medio, y que sitúa a Turquía en una posición de poder frente a otros países. El caso de España es, si cabe, más dramático, pues también tiene acuerdos con Marruecos para el control de su frontera sur. Así, Marruecos se permite seguir oprimiendo al pueblo saharaui mientras España mira hacia otro lado. De la misma forma, los intelectuales críticos con el gobierno turco son detenidos en suelo español mientras el gobierno de Rajoy se desentiende.
Contrasta esta posición con el activismo de la embajada alemana y sueca, cuando no directamente de todo su gobierno, en la defensa de los intelectuales perseguidos. En Alemania, por ejemplo, este tema ha generado un consenso amplísimo entre todas las fuerzas políticas. Ambos países han pedido al Gobierno español que no atienda la reclamación de Turquía y que no satisfaga los deseos de Erdogan. Pero el gobierno de Rajoy ha preferido esconderse tras los trámites legales, dejando que todo siga su curso. Arguyen que no es una cuestión política, y se limitan a mirar hacia otro lado. Mientras tanto, Yalçin y Akhanli esperan la resolución con la libertad restringida. Toda una vergüenza nacional. ¿Este es el precio a pagar, la detención de intelectuales, por no ver más refugiados en nuestras sociedades? ¿Esta es la Europa que queremos construir?
