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Caso ERE: no puede ser una comisión de investigación de mentira

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El Parlamento andaluz aprueba la semana que viene la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los ERE, pero todavía no sabemos lo que de verdad importa saber sobre ella, esto es, qué clase de comisión será. Por supuesto, la tentación en este caso es la de siempre: crear una comisión para determinar responsabilidades políticas en la cual apenas comparezca político alguno.

Las comisiones de investigación pueden ser de dos tipos: comisiones de investigación de verdad y comisiones de investigación de mentira. Sobre las primeras no hay mucho que decir: son las que solemos ver de vez en cuando en los telediarios sobre casos sucedidos en Gran Bretaña o en Estados Unidos, como las prácticas corruptas utilizadas de forma sistemática por los diarios del Grupo Murdoch para obtener informaciones escandalosas o como la crisis financiera que obligó al Gobierno norteamericano a inyectar cientos de miles de millones de dólares a bancos y empresas cuyo comportamiento temerario, fraudulento y codicioso puso al país al borde del abismo.

En España sólo hemos tenido una comisión de investigación de verdad, pero naturalmente la tuvimos por casualidad. Fue la de los atentados del 11-M y pudo crearse por dos razones: una, porque el PP perdió las elecciones y no pudo impedir su convocatoria; y dos, porque el nuevo Gobierno socialista no tenía absolutamente nada que perder y sí mucho que ganar con su convocatoria. 

En cuanto a las comisiones de investigación de mentira, las hay a su vez de dos tipos: A) la comisión de investigación de mentira que ni siquiera se molesta en disimular que lo es y B) la comisión de investigación de mentira que, fiel a la máxima de que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, toma todas las precauciones posibles para pasar como una comisión de investigación de verdad. En España, la derecha suele inclinarse por las primeras, mientras que la izquierda prefiere las segundas. Para que luego digan algunos que aquí la izquierda y la derecha son la misma cosa.

La derecha ni siquiera se molesta en justificar su cínica preferencia, mientras que la izquierda acostumbra a remolonear en busca de justificaciones que ofrecer a su electorado y a sí misma para defender su opción. Por supuesto, cuando las justificaciones se buscan con ahínco siempre se acaban encontrando.

La nueva mayoría del PSOE e Izquierda Unida que gobierna en Andalucía tiene que decidir en qué términos cumple su compromiso de que el Parlamento investigue el que sin duda ha sido el mayor caso de corrupción ocurrido en la Comunidad desde la fundación de la autonomía. Como se recordará, la creación de la comisión fue una condición impuesta por Izquierda Unida tras las elecciones del 25 de marzo pasado para pactar con los socialistas, que a su vez viraron velozmente sobre sí mismos para contarnos a todos que en realidad estaban encantados con que se creara tal comisión y que si no la habían aceptado antes no era porque tuvieran nada que ocultar, sino porque había convocatoria electoral a la vista y el PP, que es muy malo muy malo, iba a aprovechar la comisión en beneficio propio.

Lo que en verdad tiene que decidir la nueva mayoría andaluza de izquierdas es si la comisión que va a crear es de verdad o de mentira. Eso es lo único que tiene que decidir. Y no es una decisión fácil. Las comisiones de investigación de verdad están bien cuando las ves en la sección de noticias internacionales de los telediarios o cuando las reclamas desde la oposición. Cuando estás en el Gobierno la cosa cambia. El síntoma inequívoco de cuánto cambia la cosa es que empiezas a buscar por todas partes justificaciones para escurrir el bulto.

Los primeros indicios sobre lo que ocurrirá finalmente son ambiguos: mientras la consejera de Presidencia y mano derecha de José Antonio Griñán, Susana Díaz, avanzaba esta semana que no veía motivos para solicitar siquiera la comparecencia del actual presidente, de su antecesor Manuel Chaves o de cualquier otro miembro del Gobierno andaluz, el propio presidente se ha mostrado en distintas ocasiones dispuesto a comparecer y ayer mismo dijo que se sometería a lo que decidiera el Parlamento soberano de Andalucía. Pero, puesto que todos sabemos cómo de soberanos e independientes son los grupos parlamentarios con respecto al partido al que pertenecen, sobre todo si está gobernando, convendría que los socialistas fueran aclarando cuanto antes si optan por una comisión de verdad o de mentira, y en este último caso si se trataría de una comisión de mentira del tipo A o del tipo B.

“Es la ética, estúpido”

Los socialistas (e Izquierda Unida con ellos) cometerían un error político irreparable si promueven una comisión de responsabilidades políticas sin políticos. Si lo hacen así, no estarían entendiendo cuál es su verdadero ‘negocio’ en tanto que izquierda, que no es otro que hacer lo que deben hacer y no únicamente lo que pueden hacer porque tienen poder para hacerlo. De la derecha siempre esperamos esto último y no decepciona a nadie por ello. De la izquierda esperamos lo primero, y más en estos malos tiempos en que se ha extendido como un virus planetario la idea de que todos son iguales.

Hay sólo una manera de no ser todos iguales y es, sencillamente, no siéndolo. Naturalmente, esa opción tiene un precio. Es que si no tuviera un precio no tendría gracia ni valor alguno. Por eso no tuvo gracia ética ni valor añadido político alguno que el Grupo Socialista salido de las urnas en 2004 creara la comisión del 11-M: porque no tenía nada que perder y todo que ganar creándola. Y así no vale. Es decir, vale pero no vale.

Más allá de que el procedimiento de concesión de los cerca de 700 millones de euros en ayudas a empresas en crisis fuera, como cree la juez Mercedes Alaya, un procedimiento ilegal o no lo fuera, como sostiene el Gobierno, es un hecho incontestable que: hubo una utilización manifiestamente fraudulenta de una porción significativa de esos fondos; hubo un escandaloso trasiego de millones de euros de dinero público sin fiscalización administrativa ni control político alguno; nos enteramos de ese fraude prácticamente de carambola y casi por casualidad cuando se investigaba un asunto inicialmente colateral al caso como era la gestión de la empresa pública Mercasevilla.

La izquierda andaluza está obligada a crear una comisión de investigación de verdad no por el ruido que vaya a hacer el PP si la crea de mentira, puesto que el PP siempre dirá que la comisión es de mentira incluso aunque sea de verdad, sino porque la única manera efectiva que tiene la izquierda de diferenciarse de la derecha es haciendo aquello que ésta nunca haría. Es la misma razón por la cual está obligada a hacer en Andalucía una ley de transparencia de verdad. Y la misma por la que está obligada impulsar en serio el programa básico del 15-M. Si la izquierda en el poder no ha entendido eso es que no ha entendido nada. Y si no ha entendido nada, estamos perdidos. Y estamos perdidos porque el verdadero campo de batalla política de nuestro tiempo, el campo donde la izquierda se juega de verdad su supervivencia no es la economía, como pudiera parecer, sino que es la ética, la ejemplaridad, la virtud. La bandera de futuro de la izquierda no es la célebre frase de la campaña electoral de Bill Clinton, “es la economía, estúpido”, sino más bien esta otra: “Es la ética, estúpido”.

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