Pobreza y Estado del bienestar en España

Se aproxima el final de la legislatura y con él, una creciente batalla de interpretaciones y lecturas sobre la evolución de los estándares de bienestar y cohesión social. En año electoral, asistimos a un hipócrita proceso de retractación aparente, en el que el Gobierno aparece promoviendo grandes avances sociales que no recuperan ni la décima parte del retroceso que ellos mismos propiciaron.

En estos momentos preelectorales, en los que se intensifican los discursos interesados y triunfalistas, se hace aún más necesario un análisis objetivo, concienzudo y crítico de hechos e indicadores económicos y sociales.

Por este motivo, saludamos con satisfacción la publicación del V Informe “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009 – 2014”, presentado esta semana por parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Los datos recogidos en el informe no sólo muestran un deterioro continuado de los principales indicadores socioeconómicos, sino que también contradicen la retórica triunfalista que defienden la recuperación. Sirvan a modo de ejemplo algunos datos:

- En el año 2014, el índice AROPE (una metodología europea para medir de forma homogénea y equiparable la incidencia de la pobreza en diferentes países) alcanza al 29,2% del total de la población española, lo que supone que un total de 13.657.232 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión en nuestro país. Desde el año 2009, este indicador ha subido 4,5 puntos porcentuales hasta situarse en la cifra más alta de las registradas desde que se aplica esta metodología de medición.

- La privación material severa ha crecido desde el 4,5% al 7,1% entre 2009 y 2014, lo que supone un aumento del 53% en el período analizado.

- El gran aumento (14,5%) de las personas en privación material severa, permite afirmar que en 2014 el porcentaje de personas en situación de pobreza y/o exclusión social, no sólo ha sufrido la subida más alta desde el comienzo de la crisis y provocado que la cifra sea la más alta desde que se calcula el indicador, sino que, además, las condiciones de vida reales de esas personas han empeorado enormemente.

- El 11,7% de la población vive en hogares donde se retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. Además, ha crecido este año en más de tres puntos porcentuales hasta el 11,1% el número de personas que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada.

- Aumenta el número de trabajadores pobres desde el 11,7% en 2013 al 14,2% en 2014, lo que viene a mostrar, otro año más, que no cualquier trabajo protege de la pobreza. Esta cuestión está muy relacionada con la evolución creciente de la jornada parcial que, para el segundo trimestre de 2015, llega al 16% del total de ocupados.

Este estudio constituye uno de los principales materiales de investigación elaborados por la sociedad civil para visibilizar la realidad en la que vive prácticamente una de cada tres personas en nuestro país. A esta labor nos hemos sumado también desde Economistas sin Fronteras, consagrando nuestro más reciente dossier monográfico al análisis de las exclusiones sociales. Esta publicación, coordinada por Juan A. Gimeno (UNED y Economistas sin Fronteras), pone el acento en el análisis no sólo de nuevas formas de exclusión, sino también de ciertas medidas paliativas que se debaten en la actualidad.

Desde Economistas sin Fronteras consideramos que el proceso de deterioro social es especialmente grave por su intensidad, por su carácter transversal y porque deja de ser un fenómeno coyuntural o cíclico para pasar a ser estructural, con tendencia a quedarse un largo tiempo. Esta evolución se encuentra además agravada por el menor papel amortiguador de un menguante Estado de Bienestar, que impacta directamente en el deterioro en la cohesión social, así como por un abandono de la cohesión social como objetivo de las políticas aplicadas.

Dicho deterioro está afectando a derechos básicos de ciudadanía ligados al concepto del Estado de Bienestar. Educación, sanidad, vivienda, dependencia y otras políticas de marcado carácter social son pilares que se tambalean. Y ese deterioro está afectando a la vida ciudadana de una forma muy real y directa. Como señala Marcos de Castro, uno de los autores invitados a colaborar en el dossier, “la exclusión de los derechos básicos no es tanto la consecuencia de una crisis económica insoslayable cuanto la forma de enfocar los problemas derivados de esa crisis… La crisis ha sido la excusa para el despojo de los derechos sociales y el deterioro de la equidad social”.

Un vector de exclusión que hemos considerado relevante perfilar es la exclusión financiera: este fenómeno se ha incrementado a raíz de la crisis de las cajas de ahorros, si bien empezó a manifestarse en los años de la precrisis, fruto de la aplicación de premisas neoliberales que prometieron a clases trabajadoras una mejora en su situación económica a través de su implicación en el negocio bancario tradicional. Como consecuencia, observamos durante los últimos años la desaparición de la mayor parte de las cajas de ahorros existentes, la concentración de servicios bancarios y la generación de una masa estructural de personas financieramente excluidas que ha conllevado el crecimiento exponencial de usureros.

Las políticas de rentas mínimas y garantía de ingresos y la propuesta de aplicación de una renta básica universal también merecen una especial atención. En lo referente a las primeras, el actual conjunto de prestaciones de garantía de ingresos en España es significativamente amplio y complejo, nunca concebido como un todo, por lo que presenta importantes problemas de articulación que limitan significativamente su eficiencia en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Reducir considerablemente la distancia entre las cuantías pagadas y el umbral de pobreza y asegurar unos niveles básicos de protección de las rentas mínimas en todo el territorio son dos grandes retos de este tipo de herramienta redistributiva.

La renta básica de ciudadanía es, para muchos, una vía más eficiente de superar la mayor parte de las deficiencias que se detectan en los programas vigentes de rentas mínimas y aseguramiento de rentas. En el dossier se ofrece un análisis de la sostenibilidad de este instrumento, así como una aproximación a fórmulas de viabilidad financiera que no implicaran un incremento de la presión fiscal. Dado que la renta básica, en caso de ser aplicada, absorbería la mayor parte de las prestaciones asistenciales existentes, parte de las contributivas y muchos de los beneficios fiscales otorgados en el IRPF, podría aplicarse una renta básica, sin coste adicional alguno, para más de la mitad de la población.

El hecho cierto es que parece irse perdiendo el miedo a su posible aplicación, y se comienzan a observar iniciativas reales de establecimiento de una renta básica universal en ciertos países. Un ejemplo significativo lo ofrecen experiencias como la del gobierno de Finlandia, que ha ratificado la voluntad de aplicarla, así como varias ciudades holandesas (Utrecht a la cabeza) que están poniendo en marcha planes piloto de implantación.

El dossier también recoge una reflexión sobre el papel de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), encargadas de desarrollar proyectos de intervención con personas, sectores y problemas especialmente vulnerables. Estas organizaciones constituyen el instrumento más directo de intervención sobre los colectivos con mayor riesgo de exclusión. Sin embargo, el contexto actual en el que el TSAS tiene que desarrollar su acción presenta crecientes dificultades. La situación de recortes sociales de los últimos años ha provocado prácticas administrativas en la gestión de estos servicios que han fomentado su mercantilización y, por extensión, su precarización. Asistimos, por tanto, a la paradoja de que las personas que necesitan más recursos y más reconocimiento de derechos van a ser atendidas por entidades de acción social con escasos recursos, despreciadas y cada vez más vulnerables.

Ha crecido la desigualdad, ha crecido la pobreza y la exclusión social, a la vez que se han debilitado las prestaciones del Estado de Bienestar, los derechos ciudadanos y las entidades especializadas en la atención a los más desfavorecidos. El panorama es tremendamente preocupante. No es de extrañar que la ciudadanía no perciba la mejora macroeconómica de que se nos habla.

Por todas las razones señaladas, es necesario y apremiante seguir manifestando nuestro rechazo a las decisiones políticas que siguen alejando la actividad económica de las necesidades humanas y que acrecientan la desigualdad económica y social. Es por ello que aprovechamos la oportunidad para invitarte a participar este fin de semana en las movilizaciones previstas en el marco de la Semana de Lucha contra la Pobreza en todo el Estado.