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¿Habrá una mediación internacional en Catalunya?

La imagen de la derecha española brutal, que tantos europeos ilustres creían superada para siempre, ha reaparecido con fuerza y no será fácil borrarla

El Parlament podría establecer un plazo de seis meses para la plena entrada en vigor de la declaración de independencia. Si así ocurre, Bruselas podría hacer algo en ese tiempo

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Empieza a estar claro que la dinámica de la crisis catalana se está escapando a cualquier tipo de control. Que los hechos que se producen cada día, casi cada hora, empiezan a superar a los dirigentes políticos. Y que el drama puede ir a peor. Acuciada por esa realidad cada vez más palpable, surge la pregunta de si desde fuera, desde la Unión Europea, más concretamente, puede llegar una intervención antes de que las cosas se salgan definitivamente de madre y ya no haya arreglo posible. Y la primera respuesta que viene a la pluma es que, hoy por hoy, no. Que tienen que pasar más cosas para que esa eventualidad tome cuerpo.

En el estado actual de la situación, la UE ha dicho todo lo que puede decir hasta el momento. Lo de que “la violencia nunca puede ser instrumento de la política”, en palabras de su portavoz oficial, Margaritis Chinas. Bien visto, no es poco. Porque esa afirmación implica una crítica sin paliativos a la actuación del Gobierno español el 1-O. Una crítica que, además, vendría a reconocer que las imágenes de la represión policial del domingo han impactado tan negativamente en Bruselas como lo han hecho en la opinión de políticos y ciudadanos de todo el continente, y del mundo.

Para Rajoy y los suyos ese es un golpe durísimo, del que seguramente nunca podrán recuperarse del todo. La imagen de la derecha española brutal, que tantos europeos ilustres creían superada para siempre, ha reaparecido con fuerza y no será fácil borrarla. Ese es un dato político de primer orden. Pero parece claro que no es suficiente para propiciar una iniciativa de mediación de la UE en el conflicto. Porque esa mediación, que sería legalmente posible según las normas de la UE, aparecería como una afrenta de Bruselas al Gobierno de Madrid. Y eso no va a ocurrir. Porque como han repetido una y mil veces los dirigentes europeos, la actuación del independentismo catalán va contra las leyes y la Constitución de un país miembro y eso obliga a la UE a no ponerse en contra del ejecutivo español.

Sin embargo, en los días que vienen, los acontecimientos podrían modificar esa postura, al menos en parte. Porque el escenario que empieza a perfilarse hace pensar que esos acontecimientos pueden ser terribles.

La movilización ciudadana en Catalunya no baja en intensidad, sino todo lo contrario. Y en toda España son cada vez más numerosas y enérgicas las muestras de rechazo al independentismo catalán. Ambas cosas son inquietantes porque pueden derivar en situaciones mucho más graves, siéndolo ya el que cientos, si no miles, de funcionarios de policía hayan salido a la calle, rebelándose de hecho contra sus superiores.

Pero lo decisivo se está jugando en estos momentos en los despachos, en el terreno de los políticos. Lo primero, no en orden de importancia sino cronológico, es si habrá o no declaración unilateral de independencia (DUI) y qué forma se le dará a esta iniciativa, si será una decisión sin paliativos o admitirá plazos de aplicación que no cerrarían la puerta a eventuales negociaciones. Lo segundo es si el gobierno propondrá la aplicación del artículo 155 y qué hará con el mismo cuando el senado le dé vía libre para ello.

Por muchas peticiones de moderación que está recibiendo por parte de muy diversos sectores de la sociedad catalana, todo indica que Puigdemont no va a poder evitar la  DUI. Lo contrario sería interpretado como una traición al 1-O y a su gente. Pero habrá que ver las condiciones que añadirá a ese gesto y si añade alguna. No es un asunto secundario pensando en la posibilidad de una intervención de la UE. Porque algunos apuntan que el Parlament podría establecer un plazo de seis meses para la plena entrada en vigor de la declaración. Si así ocurre, Bruselas podría hacer algo en ese tiempo.

Del otro lado, la aplicación del artículo 155 empieza a ser una perspectiva cada vez más consistente. Para emprender esa vía a Rajoy le falta aún un requisito, el del apoyo del PSOE. Pero si éste no llega, puede liarse la manta a la cabeza y pasar a mayores con el único refrendo de la mayoría del PP en el Senado. ¿Para hacer qué? Pues lo más probable es que para suspender la autonomía catalana, reprimir a los dirigentes independentistas y tratar de hacerse con la calle. Con los medios que haga falta. Lo del domingo podría quedar como una broma si eso ocurre. Y no pocos españoles no se rasgarían las vestiduras por ello.

¿Permitirán Bruselas, Emmanuel Macron y Angela Merkel que las cosas lleguen a ese extremo? ¿No les dirán nada las empresas y los inversores extranjeros que tantos intereses tienen en Catalunya y en España? Es imposible hacer pronósticos al respecto. Pero para acercarse a comprender cual es el estado de ánimo de algunos influyentes círculos de poder en Europa puede valer esta cita del editorial del Financial Times de este martes: “Aunque una mediación formal es inapropiada, la UE podría urgir a ambas partes a mostrar moderación, sentido común y respeto por las normas democráticas y la ley”. ¿Valdría para algo una iniciativa de ese tipo? Puede que no, pero en todo caso no sería algo fútil. Ni para Rajoy ni para Puigdemont.

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