La verdad y el poder

Si vamos a ver una película de terror y nos da risa, mal asunto. Si vamos a ver una película que se anuncia como cómica, pero nos agobia, mal asunto. No hay nada malo en los efectos que producen estas películas, pero las valoramos según lo que dicen ser. En general, los elementos culturales no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino lo son en relación con los fines que pretenden. Este ejemplo para los géneros cinematográficos es una aplicación de una idea más general que vale para todo tipo de cuestiones sociales, no se pueden valorar en sí mismas, sino según el fin que pretenden. Una policía que entretiene a los niños con sus bromas pero es incapaz de detener a ladrones es una mala policía, por muy buena clown que sea.

Viene este contexto general para aclarar las diferencias entre las instituciones que gestionan la verdad y la política. La verdad está en manos de la religión o de la ciencia. La religión, de una verdad transcendente, en la que hay que tener fe, y cuyo fin es la realización espiritual. La ciencia, en una verdad prosaica, que sabemos provisional, y cuyo fin es ayudarnos a gestionar el orden material en el que nos movemos.

¿Y la política? La política no va sobre la verdad sino sobre la gestión del poder. Cierto es que el poder se gestiona mejor si tiene de su lado las instituciones cuyo fin es la verdad. Intenta aliarse con alguna religión y ganar para sí a los científicos y técnicos. Pero son una herramienta para acumular poder, no debemos confundir el medio (la verdad) con el fin (la gestión del poder). Y el poder va de la capacidad de imponer la propia voluntad a los demás. Hay una visión idealista que domina el espacio público que nos hace creer que las instituciones políticas se evalúan según la verdad y el bien común. Ojalá fuera cierto, pero sería como evaluar una película de terror según las risas que produce, es decir, no entender de qué estamos hablando.

La radicalidad democrática pasa por ser conscientes de que si hablamos de poder, hablamos de imponer nuestra voluntad, y que esa imposición debe hacerse desde una serie de garantías, para que no nos aniquilemos mutuamente. La radicalidad democrática acaba cuando dejamos este reconocimiento mutuo del otro, como algo incomprensible, que nos quiere imponer su voluntad, igual que nosotros a él, y pensamos que nosotros estamos en posesión de la razón, y el otro no, por lo que ya no es igual a nosotros, sino una persona de peor calidad, a la que podemos humillar, incluso asesinar. Si nos sentamos a negociar con el otro, no es porque ambos tengamos algo de razón, sino porque ambos no queremos morir, y sabemos que el otro nos puede matar. Las instituciones políticas han evolucionado para moderar esas ganas criminales.

Todo este contexto es para aclarar que la cuestión catalana no va sobre la verdad (España es una nación monolítica, de nacionalidad variadas o un Estado opresor), sino sobre la política, y por tanto, las soluciones que se propongan deben ser políticas, es decir, equilibrios de poder inestables, y continuamente renovados. Rajoy apostó por la verdad, no por la política, la verdad en su forma jurídica. Los independentistas juegan la baza de la política, pero de una política no democrática, pues no reconocen las reglas del juego. La democracia va de cambiar las reglas del juego, mediante votaciones, no de votaciones que se saltan las reglas del juego. Lo bueno es que han canalizado su frustración con más política: el poder de la movilización popular pacífica.

El PP se ha escudado en todo este tiempo en el cumplimiento de la ley, pero no sé por qué extraño motivo, se le ha olvidado que detenta el poder legislativo, es decir, las leyes serán lo que quiera el PP que sean, por tanto, el problema no son las leyes democráticas españolas, sino la falta de voluntad política del PP de cambiarlas. Y ahí es donde aparece la cuestión identitaria. El problema último de referéndum es la moralidad de someter a mucha gente a una tensión que no quiere vivir, como si te dan a elegir a quien quieres más, a papá o a mamá. Me planteo que sería si a mí, que soy canario, me obligasen a votar qué quiero ser, si canario o grancanario (mi isla de nacimiento), cuando para mi ambas son la misma identidad, pero en distintos niveles. Un referéndum legítimo, pero que hay reconocer que desgarra a parte de la comunidad política. Pero prohibir una pregunta desgarradora no es la solución.