Amnistía Internacional denuncia el “doble rasero” de Occidente ante la invasión de Ucrania

Amnistía Internacional lamenta en su Informe Mundial de 2022, publicado este martes, el “doble rasero” de Occidente y buena parte de la comunidad internacional que, al contrario de lo sucedido con la guerra en Ucrania, ha permanecido callada frente a los abusos ocurridos en otros países.

“Si bien los Estados occidentales, así como algunos Estados africanos, han reaccionado enérgicamente a la agresión del Kremlin en Ucrania, se han mantenido en silencio sobre violaciones graves cometidas en países de África, como Burkina Faso, República Centroafricana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Mali y Mozambique”, señala. “El conflicto más mortal de 2022 fue el de Etiopía” pero quedó lejos de la “atención mundial”, ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard

“Los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar”, sostiene la ONG.

Según la organización, estas “respuestas inadecuadas” a los abusos de derechos humanos han alimentado “la impunidad y la inestabilidad”. “Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos”, lamenta la ONG.

“El modelo para todas la violaciones de derechos humanos”

Amnistía Internacional menciona, por ejemplo, el caso de EEUU: “Ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos”.

“Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia”, sostiene la organización.

Callamard ha señalado: “La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”.

“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos”, ha afirmado Callamard

Represión de disidentes pacifistas en Rusia

La ONG de derechos humanos denuncia en su informe el incremento de la represión en Rusia de los disidentes que se oponen a la campaña militar y otras violaciones de los derechos humanos. “En su represión incesante de la disidencia, las autoridades introdujeron duras restricciones adicionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, dice la organización. Según Amnistía Internacional, la policía rusa “disolvió protestas pacíficas contra la guerra y la llamada a filas, a menudo haciendo uso excesivo de la fuerza”.

En esos actos fueron detenidas más de 19.400 personas, incluidos periodistas que cubrían las protestas. “La mayoría se enfrentó a fuertes multas o a periodos de detención administrativa”, añade. Las medidas contra la disidencia también llevaron a la cancelación de conciertos, exposiciones y otros eventos de figuras culturales que expresaban ideas contrarias a la línea oficial.

Amnistía recuerda que un mes después del inicio de los combates en Ucrania, Rusia aprobó nueva legislación que penalizaba la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas y la “difusión deliberada de información falsa” sobre ellas.

En diciembre había más de 100 y 180 causas penales abiertas, respectivamente, por uno y otro cargo, y al menos 5.518 procesos administrativos por “desacreditación”, agrega. Además, se abrieron más de dos centenares de casos penales por otras actividades contra la contienda.

No solo los particulares con una postura antibélica se vieron afectados por las nuevas leyes, las autoridades también cerraron decenas de medios de comunicación independientes y bloquearon miles de sitios web. Así, fue clausurada la famosa emisora el Eco de Moscú y se le retiró la licencia al diario Nóvaya Gazeta, cuyo director fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz.

Además, el Ministerio de Justicia añadió otros 166 nombres a la lista de “agentes extranjeros” y 23 a la de “organizaciones indeseables”, lo que dificultó aún más sus labores en Rusia.

Derechos humanos en España

“En 2022, en España se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos”, sostiene la ONG. “Durante el año se han mantenido cuestiones de impunidad del pasado por el incumplimiento de las autoridades de su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias y los abusos que ampara la Ley Mordaza que han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad”.

También “se han agravado las violaciones de derechos humanos en la frontera, con la masacre de Melilla de junio pasado, y la utilización de programas de espionaje que han violado el derecho a la privacidad de periodistas, autoridades y sociedad civil”.

Amnistía Internacional señala también la “insuficiente protección” de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las autoridades “en un contexto de incertidumbre económica”. La organización reconoce algunas mejoras en materia legislativa, citando la ley del sí es sí, la ley trans, del aborto, de vivienda y de secretos oficiales, entre otras.

Críticas a la Unión Africana

La ONG apunta directamente a la Unión Africana (UA), al asegurar que su respuesta “a las violaciones graves y los abusos de los derechos humanos que se cometieron en los conflictos de la región fue ausente o tímida en el mejor de los casos”.

Japhet Biegon, coordinador de Amnistía Internacional en África, ha hablado de un “fracaso de liderazgo” de la UA durante la presentación del informe en Nairobi. “La UA es una institución que se creó hace veinte años para, entre otros objetivos, responder activamente a los conflictos de África e intentar prevenirlos, (...) pero muchísimos ciudadanos de todo el continente no tienen ningún motivo para celebrar este aniversario”.

“Envalentonados por la ausencia de atención o acciones decisivas de la UA y las Naciones Unidas, los grupos armados y las fuerzas gubernamentales siguieron atacando a los civiles en conflictos por todo el continente, dejando un rastro de muerte y destrucción”, denuncia el informe.

Biegon ha destacado que, siete años después de que la UA ordenase la apertura de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur (HCSS) para juzgar los crímenes cometidos en ese país desde 2013 –fecha del inicio de su última guerra civil–, este sigue sin existir.

De igual forma, si bien la Unión Africana medió con éxito en el acuerdo de paz que terminó con la guerra del norte de Etiopía el pasado noviembre, “pasó por alto la impunidad desenfrenada en el país y no ha ofrecido una hoja de ruta clara para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y contra la humanidad”, señala la ONG.