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La Audiencia Nacional abre una causa contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y maltrato

Julio Iglesias en una imagen de archivo

Javier Lillo / Elena Herrera

18 de noviembre de 2026 12:34 h

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En un auto, el magistrado señala que los testimonios de las dos mujeres constituyen “un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”. Cita a declarar a ambas el 3 de febrero de 2027.

En su querella, ambas relataban haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante hasta octubre de 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el “relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta, son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision. 

Además, el juez otorga una “relevancia indiciaria” a una fotografía con hematomas en el brazo que, según una de las mujeres, “responden a agarrarla fuertemente por el brazo y a unos mordiscos en una de sus piernas”.

Respecto a los delitos de lesiones y trato degradante, el juez recuerda que prescriben a los cinco años. La querella, dice el auto, se presentó el 5 de octubre de 2026, así que estarían prescritos los previos al 5 de octubre de 2021. Sólo se podrían investigar, por tanto, los cometidos durante el último mes de la relación laboral salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito. No obstante, esa fecha del 5 de octubre no sería correcta porque la querella, en realidad, fue presentada el 3 de septiembre.

Delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores

El magistrado, por otro lado, rechaza la acusación por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también se incluían en la querella. Señala que la primera querellante “fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social” y que en su contrato “no medió engaño ni artificio alguno”, tal y como se desprende de los mensajes de WhatsApp que se cruzó con una de las gobernantas. “Se le indicó que el trabajo era con 'dormida' y fue aceptado por la querellante libremente. No observamos en la querellante la existencia de una situación de vulnerabilidad como la que se describe en la querella”, recoge el auto.

El juez añade que el salario que se le ofreció a la primera de las querellantes era “el doble en su importe al salario mínimo establecido en el año 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas e incluso se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico”, si bien recuerda que el salario mínimo del país no puede contar como “indicador de un delito de trata”.

A esto suma que tampoco se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones y que pudo abandonar el trabajo cuando lo consideró. O que con posterioridad a su salida, Julio Iglesias también “atendió diversos requerimientos” realizados por ella, como proporcionarle una carta de recomendación o pagarle el finiquito, un seguro y las cantidades que le debían por vacaciones.

El juez subraya que “las condiciones laborales a las que se dicen ser sometidas tienen su encaje en un delito contra los derechos de los trabajadores y no contra un delito de trata”, si bien se trata de un tipo de penal que no se puede investigar en España porque no existe como tal en Bahamas y República Dominicana, los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos.

La legislación española permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que el caso aún no haya sido juzgado y que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos.

La actuación de las gobernantas

El juez también pone el foco sobre el hecho de que la querella no se dirija contra dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas “a pesar de identificarlas y señalarlas en el relato de hechos como intervinientes directos en las agresiones presuntamente sufridas”. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña.

El magistrado asume que se trata de una estrategia para “lograr” que la querella se pudiera investigar en España al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española. Y asume que no se trata de un “fraude procesal”, dado que “entra dentro del derecho de accionar el limitar el contenido o las personas contra las que se dirige la querella”.

No obstante, en relación con los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores dice que ambas habrían podido participar en los hechos y, por tanto, podrían corroborarlos. Y que sin su testimonio “no resulta comprensible como imputar a Iglesias” esos dos delitos. Entiende el juez que dado que sus testimonios “forman parte de una misma secuencia delictiva y resultan necesarios para comprender la conducta atribuida” al cantante, en caso de investigar esos delitos, se podría “comprometer” su derecho de defensa.

La primera querella ante la Fiscalía

No obstante, el juez Piña matiza que el hecho de que las querellantes dirigieran su denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Iglesias y las dos gobernantas, y que luego en la querella sacaran de la ecuación a esas dos trabajadoras, no se puede considerar un fraude procesal porque “entra dentro del derecho” de las dos víctimas de elegir contra qué personas se dirigen.

Y recuerda, sobre el sobreseimiento de la primera denuncia por falta de competencia que “el archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada”. A lo que añade que “las noticias periodísticas y la existencia referida de una querella por calumnias no constituyen criterios autónomos de admisión o rechazo”.

El juez también se refiere a las conversaciones por WhatsApp que una de las denunciantes mantuvo con una de las gobernantas tras dejar el trabajo y hasta 2024 y en las que la primera llega a interesarse por el estado de Julio Iglesias o a decir que les “extraña mucho”. El magistrado apunta que son mensajes en tono “cordial o afectuoso” que presentan “una aparente discordancia con determinados extremos del relato”. No obstante, dice que podrán ser contrastados con la declaración de la denunciante y “el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones”.

El juez también deniega la condición de testigos protegidos solicitada para las denunciantes al considerar que la querella no acredita la situación de “peligro grave” que exige la ley. El instructor no otorga especial relevancia al hecho de que el marido de las denunciantes hallara un geolocalizador en su vehículo cuya colocación atribuye al entorno del cantante. O a la existencia de un tercero que se aproximó a un familiar de la otra mujer para recabar información. 

Así, subraya que Julio Iglesias tiene derecho “a conocer la identidad de las personas que lo denuncian” para poder ejercer su defensa con plenas garantías. No obstante, para proteger su intimidad, acuerda una serie de medidas de protección: mantendrá reservados sus domicilios y datos de localización, dispondrá que en sus declaraciones presenciales únicamente se grabe el audio y no la imagen y aplazará la entrega de sus identidades a la defensa del cantante hasta que este auto de admisión sea firme.

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