Juristas instan a paralizar la reforma del Código Penal sobre maltrato animal

Madrid, 3 mar (EFE).- En un último intento, la organización INTERcids, formada por jueces, magistrados, fiscales y otros expertos en protección animal ha instado a paralizar la reforma del Código Penal sobre maltrato animal si no se corrigen antes de su debate final “los graves retrocesos” y “errores” que mantiene, y que habría que subsanar.

Esta reforma “no debería seguir adelante si el pleno del Senado la próxima semana no es capaz de llegar a acuerdos para incorporar en la reforma las enmiendas necesarias para evitar retrocesos, corregir errores e introducir las mejoras necesarias que justifican mínimamente haber iniciado este proceso”.

Según esta organización formada por jueces, magistrados, fiscales, procuradores, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros muchos profesionales pertenecientes al sistema de operadores jurídicos expertos en protección animal, la Comisión de Derechos Sociales en el Senado ha hecho “caso omiso” a las argumentaciones jurídicas de INTERcids para evitar “el gravísimo error” que se está cometiendo con esta reforma.

La organización advierte de que esta reforma “suprime la explotación sexual como delito y condiciona la punibilidad de los actos sexuales con animales a la causación de lesiones” y además mantiene la posibilidad de que los jueces impongan penas de multa en lugar de prisión a conductas de maltrato grave a los animales.

Por otro lado, deja sin resolver el problema de los animales decomisados para evitar que regresen con su maltratador, y asimismo “ignora la necesaria adaptación de determinados artículos del Código Penal, como los de delitos contra la propiedad a la reforma del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales”.

Por ello, cualquier persona propietaria de animales no podrá denunciar la desaparición de estos a manos de terceros.

La organización denuncia además que los perros y otros animales para la caza y “otras actividades (pastoreo, deporte, terapias asistidas o policía y ejército) siguen excluidos del proyecto”.

“Se trata de la primera ley de protección animal en España que deja fuera a estos animales, precisamente los que más protección y control necesitan por parte de los poderes públicos”, lamenta la organización.