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¿Puede haber rescate y continuar Rajoy como presidente?

Hasta el día de hoy, la crisis de las economías del sur de Europa nos había dejado una nada sorprendente lección: los líderes del gobierno que tuvieron que recurrir al rescate internacional o “bailout” de sus economías, y con ello, a la intervención “de facto” de sus democracias, pagaron con su carrera política por esta decisión.

Grecia abrió el camino, cuando el primer ministro Georgios Papandreou, ganador de las elecciones el año anterior, tuvo que acudir al rescate internacional en mayo de 2010.  Pocos meses después, en noviembre de 2010, el Taoiseach (primer ministro) irlandés Brian Cowen siguió la misma senda que los griegos, al igual que haría José Sócrates, el primer ministro portugués, en mayo de 2011. Los tres mandatarios perdieron abruptamente el poder debido a las consecuencias políticas del rescate, a pesar de que algunos de ellos habían sido elegidos recientemente en el cargo.

No se trata sólo de que las crisis económicas devoren gobiernos, como muestra Josep María Colomer. Independientemente del grado de responsabilidad directa en la gestación y desarrollo de la crisis, los jefes de gobiernos que no pudieron evitar el rescate de sus países no fueron considerados los más aptos para enderezar la situación posterior. Fue una cuestión de pérdida de credibilidad y confianza, que precipitó la rendición de cuentas de los líderes.

La caída fulminante de Cowen, Sócrates y Papandreou fue el resultado de un fracaso nacional: la intervención económica de un país por parte de los “hombres de negro” enviados por la EU y el FMI no es una decisión política más en un contexto de opciones restringidas y costosas. Es la constatación de que un país ya no puede salir por sí solo del hoyo donde se ha sumido su economía. También es el fracaso en evitar un coste social aún mayor de lo que están ya soportando las clases medias y los sectores más modestos debido a las políticas de recorte y austeridad que impone la ortodoxia merkeliana.

Sin embargo, el eventual rescate de la economía española puede discurrir por otros derroteros. Rajoy puede ser el primer presidente en certificar la intervención directa de los presupuestos generales del Estado por parte de la UE y el FMI sin que ello signifique perder su puesto al frente del ejecutivo.

Este escenario es altamente probable dadas dos particulares disfunciones de la política española: la ausencia de oposición interna y la debilidad de la oposición externa a la política del gobierno. Unas disfunciones que ponen de manifiesto la baja calidad en la rendición de cuentas que se da en nuestras instituciones públicas (más allá de las elecciones y del estricto acatamiento de la ley), así como de la enorme “tolerancia” que demuestran los ciudadanos hacia los errores de cálculo y las decisiones equivocadas de nuestros dirigentes políticos.

Por un lado, Rajoy podría beneficiarse de la altísima cohesión que suelen tener los grupos parlamentarios en España, particularmente cuando se constituyen en mayoría de gobierno. A diferencia de otros sistemas parlamentarios europeos, los principales partidos políticos en España suelen caracterizarse por un bajo grado de expresión pública de las diferencias internas. Los partidos, especialmente cuando gobiernan, cierran filas entorno al líder. El reglamento del Congreso asegura la disciplina de los diputados, devaluando hasta extremos grotescos la idea de representación parlamentaria. Las sanciones de quien se atreva a infringir la norma son fulminantes: cuantiosa multa económica, ostracismo para el resto de la legislatura y expulsión de las listas electorales en las siguientes elecciones. No es extraño, por tanto, que los contadísimos casos de disputados díscolos que se han producido en las últimas legislaturas, a pesar de darse en partidos distintos, de izquierda a derecha, hayan seguido todos el mismo camino: la salida de la política.

Esta disciplina que impone la ortodoxia se extiende más allá del ámbito parlamentario, y alcanza a la política autonómica y a la propia organización interna de los partidos. Mediante el uso partidista del presupuesto público y la distribución de cargos públicos y cargos de partido, los jefes de gobierno suelen ser muy eficaces en el silenciamiento de la oposición crítica interna. Ya hemos visto lo poco que dura la oposición de lo gobiernos autonómicos del PP a las medidas procedentes del gobierno central y que están ahogando las escasas posibilidades de resurgimiento de las administraciones autonómicas. La Comunidad Valenciana es un caso ejemplar.

Existen muy pocas excepciones de discrepancia abierta en partidos de gobiernos, y cuando estas se dan, suelen ser líderes territoriales que, de puertas para adentro, aplican y exigen en sus filas inferiores la misma disciplina que pueden haber cuestionado ante sus jefes superiores. La única crítica tolerada por Esperanza Aguirre, por poner un ejemplo, fue la que ella mismo ejerció contra Rajoy durante los últimos años. En su territorio, la lideresa fue implacable con los críticos.

Sin embargo, la falta de oposición interna no resultaría suficiente freno para la rendición de cuentas de Rajoy en un caso de eventual rescate financiero. También falla la oposición externa. En democracia, la oposición parlamentaria desempeña un papel clave, como nos recuerda Gianfranco Pasquino. El papel de la oposición suele ser un factor directo que explica el grado de éxito y supervivencia de los gobiernos. Oposiciones débiles hacen gobiernos fuertes. En la actual situación, a la mayoría absoluta del partido de gobierno se le suma la dificultad de la oposición para plantear alternativas reales y creíbles a la política de contención del gasto del gobierno. La política ejercida por Zapatero desde mayo de 2010 (ante la cual el PSOE aún no ha manifestado críticas o enmiendas esenciales) y, sobre todo, el acuerdo PSOE-PP para reformar la Constitución en este sentido, en verano de 2011, alimentan el escepticismo de buena parte del electorado ante la esforzada labor de Rubalcaba por aparecer como alternativa.

En consecuencia, ante a una mayoría parlamentaria acrítica y subordinada al ejecutivo, ante un Partido Popular obediente y ligado al futuro de su líder y ante una oposición débil, poco creativa y menos aún alternativa, el presidente del gobierno sólo necesita tiempo y ciertas dosis de marketing político para tratar de cambiar la percepción de la ciudadanía española. Se trata de transformar lo que significaría una intervención de la democracia española en algo así como un ajuste necesario e incluso positivo. Un “problema resuelto”, en la terminología del presidente.

No se trata de convertir a Rajoy en cabeza de turco de lo que puede suceder en los próximos días o semanas, sino llamar la atención sobre las disfunciones y las perversiones que genera en nuestro sistema político la existencia de partidos excesivamente disciplinados y la debilidad de la oposición parlamentaria, especialmente en casos de mayorías absolutas. Sólo así podríamos entender que Rajoy pudiera sobrevivir a la que, de llevarse a cabo la intervención de nuestra economía, sería la mayor devaluación de nuestra democracia en 35 años. Aún podría haber algo peor que el eventual rescate europeo de España: que no tuviera consecuencias políticas.

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