Hace unos días un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, nos manifestábamos delante de la embajada de El Salvador en Madrid. Pedíamos “¡libertad para Evelyn!” Es una joven salvadoreña que en 2017 fue condenada a 30 años de cárcel acusada de abortar –en su país es una práctica prohibida-. La presión de organizaciones de mujeres, de derechos humanos, la solidaridad internacional, consiguieron que se celebrara un nuevo juicio y el pasado mes de agosto Evelyn quedó en libertad por falta de pruebas. Pero la alegría duró poco, el 6 de septiembre la fiscalía salvadoreña anunció que apelaría la sentencia.
Este caso muestra cómo cada avance logrado en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se pone en cuestión. Pasó en España en 2014 cuando el gobierno de entonces intentó hacer más restrictiva la ley del aborto de 2010.
Vivimos un momento en el que las mujeres de todo el mundo, con sus reivindicaciones y denuncias, están consiguiendo cambios en los comportamientos sociales –ya no todo vale-. Pero al mismo tiempo, gobiernos y líderes políticos cuestionan el concepto de discriminación y violencia de género, asentado y avalado por los organismos internacionales de derechos humanos. Podría parecer una paradoja, pero su causa está precisamente en lo que se quiere negar, que a las mujeres, por el solo hecho de serlo, se las puede discriminar.
Cada 28 de septiembre recordamos cómo la prohibición del aborto y la criminalización de las mujeres, aplasta sus derechos sexuales y reproductivos y pone en riesgo su vida. El 45% de los abortos que se practican en el mundo -25 millones- son muy peligrosos. Los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en el mundo y dan lugar a cinco millones de discapacidades que se hubieran podido evitar con atención médica. La mayoría se producen en países en desarrollo, en África, Asia y América Latina, según la Organización Mundial de la Salud e Instituto Guttmacher.
Pero la peligrosidad del aborto está directamente vinculada a su prohibición. En 26 países del mundo el aborto está prohibido, incluso aunque esté en riesgo la vida de la embarazada o el embarazo sea fruto de una violación. Los datos son claros; en estos países solo uno de cada cuatro abortos es seguro, frente a una buena parte de los países de Europa y América del Norte, donde la mayoría de los abortos se realizan sin riesgo.
Porque hay que repetirlo una y mil veces, cuando las mujeres tienen acceso a educación sexual, a anticonceptivos, a servicios médicos, y pueden desarrollar su autonomía y capacidad de decidir, el índice de abortos es menor. En España, desde que se aprobó la ley de plazos en 2010, la tasa de abortos se ha reducido casi un 17%, según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 2017. Aquí, la proporción de abortos por mujer en edad fértil era inferior a la de Francia o el Reino Unido, y ligeramente más alta que en Portugal o Italia.
La reivindicación de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos da resultados. Son estas luchas las que han conseguido cambios en las mentalidades y en las leyes. En los últimos 25 años, 50 países del mundo han revertido sus leyes criminalizadoras ampliando los supuestos en los que es posible abortar con seguridad y cuidados sanitarios. Y en los últimos 10 años, 14 países, entre ellos España, han promulgado leyes de plazos que permiten abortos seguros. Irlanda se sumó en diciembre del año pasado.
Este sábado 28 de septiembre nos movilizamos por las mujeres a las que todavía se les niega la posibilidad de acceder a abortos sin riesgos: son 700 millones en todo el mundo.
Sobre este blog
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