Seis meses de triunfos para los derechos humanos

CAMBIOS EN LAS LEYES

Estados Unidos. Amnistía Internacional Estados Unidos ha trabajado mucho para terminar con la violencia por arma de fuego en todo el país. En Illinois y Michigan, Amnistía se unió a quienes defendían la aprobación de varias leyes sobre seguridad relacionada con las armas. Gracias a la labor de incidencia y campaña de la organización, Illinois ya es el noveno estado que prohíbe las armas de asalto, y Michigan ha establecido la verificación universal de antecedentes para la adquisición de armas de fuego.

Australia. Tras una campaña de activistas y organizaciones en la que Amnistía participó, el Territorio de la Capital Australiana presentó una legislación para aumentar la edad de responsabilidad penal de los 10 a los 12 años, y finalmente a los 14 años en julio de 2025. Sin embargo, los niños y niñas acusados de “delitos graves” seguirán sometidos a prácticas de investigación policial tales como registros corporales sin ropa, llevados a rastras en los tribunales y encerrados en las cárceles.

CAMBIO CLIMÁTICO

Vanatu. Asimismo, tras la incansable defensa de estudiantes de la región de Oceanía con el apoyo de miles de activistas de Amnistía, 132 países han sido copatrocinadores de la iniciativa de Vanuatu para que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión sobre el cambio climático. Secciones de Amnistía y organizaciones de la sociedad civil trabajaron incansablemente para garantizar el compromiso de sus gobiernos con esta crucial iniciativa. Se trata de un hito en la lucha por la justicia climática, pues significa que la Corte emitirá una opinión consultiva sobre las obligaciones de los gobiernos de proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras frente a los efectos del cambio climático.

Unión Europea. El 26 de mayo, la UE adoptó un importante tratado, la Convención de cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento del delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros crímenes internacionales (Convención de Liubliana-La Haya). En la conferencia diplomática estuvieron presentes dos asesores jurídicos de Amnistía, que plantearon motivos de preocupación y formularon recomendaciones.

La adopción de este tratado fue una importante victoria para los derechos humanos y para Amnistía Internacional, que ha estado contribuyendo a su desarrollo desde sus inicios, hace 10 años. La Convención incluye varias de las peticiones de Amnistía, como la ampliación de la jurisdicción de los Estados en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; la inclusión en ella de la tortura y la desaparición forzada como crímenes; la imprescriptibilidad; la inclusión de un apartado sobre derechos de las víctimas con una definición de la figura de víctima; la denegación de asistencia judicial recíproca o extradición cuando haya razones fundadas para creer que se ha solicitado a fin de procesar o castigar a una persona por su orientación sexual; y una amplia e innovadora disposición sobre no devolución.

PENA DE MUERTE

Malasia. Un paso positivo fue la publicación el 16 de junio en el boletín oficial de Malasia de la Ley de Abolición de la Pena de Muerte Preceptiva de 2023 (con entrada en vigor el 4 de julio) y la Ley de Revisión de la Condena a Muerte y Prisión durante la Vida Natural (Jurisdicción Temporal del Tribunal Federal) de 2023.

Una vez que el Ministerio de Justicia anuncie la fecha de entrada en vigor de la ley de revisión de la condena, las personas condenadas a muerte podrán solicitar la revisión de su pena de muerte preceptiva. Además de revocarse la pena de muerte preceptiva e introducirse la discrecionalidad en la imposición de penas para todos los delitos pertinentes, se ha suprimido totalmente la pena de muerte para siete delitos.

DERECHOS LGBTI

Irán. La activista iraní Zahra Sedighi Hamadani fue condenada a muerte en 2022 por su apoyo a los derechos LGBTI. La base de simpatizantes de Amnistía pidió su libertad a las autoridades iraníes y Zahra quedó libre tras pasar más de un año entre rejas.

Taiwán. En un importante avance para los derechos LGTBI, Taiwán anunció avances para autorizar los matrimonios homosexuales entre personas de ciudadanía taiwanesa y personas extranjeras cuyos países de origen aún no hayan legalizado este tipo de uniones. Otro acontecimiento fundamental fue la aprobación por parte del gobierno taiwanés de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Amnistía Internacional Taiwán ha colaborado estrechamente con grupos locales en campañas para ampliar los derechos LGBTI.

Australia. Queensland aprobó nueva legislación en junio que elimina los obstáculos para actualizar los certificados de nacimiento. Esta nueva legislación supone que las personas transgénero, no binarias y de género diverso no tendrán que someterse ya a una invasiva “cirugía de reasignación de género” para poder corregir el sexo en sus documentos de identidad. Se trata de una estupenda noticia para la red LGBTQIA+ de Queensland de Amnistía Australia, que trabaja en estrecha asociación con otras organizaciones locales en la lucha por los derechos LGBTI.

Corea del Sur. So Seong-wook y su pareja Kim Yong-min celebraron una ceremonia nupcial en 2019 y viven como matrimonio. Sin embargo, la ley surcoreana no reconoce su relación y no han podido disfrutar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales, incluido el acceso a la atención sanitaria.

Tras lanzar una campaña con el apoyo de Amnistía, So y su pareja Kim se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo que pudo inscribir a uno de sus miembros como “dependiente” en el Servicio Nacional de Seguro Médico, aunque dicha inscripción fue cancelada ocho meses después. En febrero, al ordenar el Tribunal Superior de Corea del Sur al Servicio Nacional de Seguro Médico que reanudara el acceso a la atención sanitaria a uno de los miembros de una relación entre personas del mismo sexo, se dio el primer paso para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo.

TECNOLOGÍA

Global. En marzo, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional denunció una sofisticada campaña de hackeo de una empresa de software espía mercenario contra el sistema operativo Android de Google y contra los iPhones. Los hallazgos fueron enviados al Grupo de Análisis de Amenazas (TAG) de Google, dedicado a combatir los ciberataques respaldados por gobiernos, así como a Apple. Google, junto con otros proveedores afectados —como Samsung—, pudo publicar actualizaciones de seguridad para proteger a miles de millones de personas usuarias de Android, Chrome y Linux de las técnicas basadas en vulnerabilidades empleadas en este ataque, y Apple también proporcionó un parche de seguridad.

Corea del Sur. Después de nueve años de actuaciones judiciales, el Tribunal Supremo de Corea del Sur falló que Google debía revelar si facilitaba información personal, como las direcciones de correo electrónico de activistas y organizaciones de derechos humanos coreanos, incluida Amnistía Internacional Corea, a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esta sentencia exige responsabilidades a las empresas multinacionales como Google respecto al derecho a la privacidad de sus usuarios y usuarias.

Estados Unidos. La crisis de los programas espía tiene importantes consecuencias para el futuro de los derechos humanos, y Amnistía Internacional ha pedido la prohibición global inmediata de los programas espía invasivos. En marzo tuvo lugar una importante victoria para el movimiento de derechos humanos: el presidente estadounidense Biden firmó una orden ejecutiva que limita el uso de tecnología de software espía comercial por parte del gobierno estadounidense. Tres días más tarde, 11 gobiernos emitieron una declaración en la que se comprometían a actuar conjuntamente contra la proliferación y el uso indebido de programas espía comerciales.

BUSCAR LA LIBERTAD

Estados Unidos. El exdetenido Mansoor Adayfi, puesto en libertad en Serbia en 2016, pudo viajar por primera vez al extranjero después de 21 años para intervenir en una mesa redonda en Noruega en junio. Amnistía Internacional lo ayudó a conseguir un pasaporte del gobierno yemení.

Irán. Tras un juicio flagrantemente injusto, los manifestantes Arshia Takdastan, Mehdi Mohammadifard y Javad Rouhi fueron condenados a muerte por atreverse a denunciar la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años. Amnistía Internacional reaccionó rápidamente, publicando una Acción Urgente pidiendo que se anulara su condena a muerte. En mayo de 2023, el Tribunal Supremo anuló sus sentencias condenatorias y sus penas de muerte. Ese mismo mes, el abogado de Arshia publicó en Twitter que su cliente había quedado en libertad bajo fianza.

Austria. Kamran Ghaderi y Massud Mossaheb, dos ciudadanos austriaco-iraníes que estaban detenidos arbitrariamente en la cárcel de Evin quedaron en libertad incondicional el 2 de junio, y pudieron por fin regresar a sus hogares con sus familias en Viena. Ambos habían sido condenados tras juicios sin garantías basados en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

“Ustedes no sólo contribuyeron a hacer pública la injusticia que se había cometido conmigo, sino que también me infundieron valor al hacerme saber cuántas personas buenas y compasivas hay en el mundo”, afirmó Massud. “¡Por favor, sigan luchando por otras personas!”.

Angola. Tanaice Neutro, activista angoleño que utiliza su música como expresión de protesta, fue detenido en enero de 2022. Cuando llevaba un año encarcelado injustamente, Amnistía reunió apoyos, sensibilizó sobre su caso e inició una campaña en su favor. Los esfuerzos de nuestra base de simpatizantes se vieron recompensados con su liberación en junio.

“Lo que más me impresiona es saber que para apoyar a una persona y mostrarle solidaridad no necesitas conocerla, basta con conocer su historia”, declaró Teresa, su esposa. “No conocían a mi marido en persona y sin embargo lo están apoyando.”

Tanaice declaró: “Aún no puedo creer que la mayor organización de derechos humanos del mundo decidiera hacerse cargo de mi caso. Agradezco todo el apoyo que Amnistía me ha dado a mí y a mi familia.”

Venezuela. Carlos Debiais, fotógrafo venezolano injustamente detenido desde el 12 de noviembre de 2021, quedó por fin en libertad el 6 de junio de 2023, tras una campaña de Amnistía Internacional y sus simpatizantes. Las autoridades penitenciarias de Venezuela se habían negado a obedecer una orden de puesta en libertad emitida en abril de 2022, prolongando su detención arbitraria por otros 14 meses. Aunque ha quedado en libertad, debe seguir presentándose ante el juez cada 60 días.

“Gracias en mi nombre y en el de mi familia por el increíble trabajo que hicieron dando a conocer mi caso y por ayudarme en la complicada situación en la que me vi. Afortunadamente, ahora estoy libre”, afirmó Carlos. “Gracias a toda la familia de Amnistía.”

Bangladesh. El periodista bangladeshí Shamsuzzaman Shams fue detenido en las primeras horas del 29 de marzo tras publicar un artículo sobre el impacto de la crisis por el aumento del coste de la vida. Shamsuzzaman Shams estuvo en paradero desconocido durante más de diez horas, después de las cuales la policía confirmó que estaba bajo custodia y que se habían presentado cargos contra él en aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Digital de Bangladesh.

Amnistía Internacional reunió apoyos publicando una Acción Urgente donde se pedía su puesta en libertad. El 3 de abril se concedió a Shams la libertad bajo fianza y fue excarcelado, una novedad, ya que la mayoría de las personas presas son sometidas a un largo periodo de detención previa al juicio. Amnistía Internacional ha hecho campaña contra la Ley de Seguridad Digital, publicando investigaciones sobre la manera en que las autoridades la han instrumentalizado. La organización seguirá haciendo campaña para que se retiren los cargos contra Shams.

Pakistán. Tras un registro ilegal en su domicilio, la paquistaní Mahal Baloch fue detenida junto con sus hijos de corta edad y otros familiares en febrero. Su familia quedó en libertad, pero Mahal siguió recluida sin cargos hasta mayo, cuando se le concedió la libertad bajo fianza. La policía acusó a Mahal de pertenencia a un grupo armado separatista que había realizado atentados suicidas con explosivos, y afirmó que ella había confesado. Durante su detención, Mahal fue objeto de una campaña difamatoria y se vio obligada por las autoridades a aparecer en entrevistas televisivas. Amnistía Internacional reaccionó rápidamente, publicando una Acción Urgente en favor de Mahal. Quedó en libertad bajo fianza tres meses después de su detención.

Costa de Marfil. Veintiséis personas que mostraban pacíficamente su apoyo al partido político del expresidente fueron condenadas en marzo a dos años de cárcel por “alteración del orden público”. Amnistía Internacional reaccionó públicamente ante las detenciones y pidió a las autoridades que garantizaran unos procedimientos judiciales justos a las personas detenidas, en una campaña que tuvo un efecto de onda expansiva en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales de Costa de Marfil. El 22 de marzo, se dictó una condena condicional de cuatro meses contra los activistas, que quedaron en libertad.

Turquía. En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la sanción administrativa impuesta por las autoridades turcas a Amnistía Internacional Turquía en 2008 había violado los derechos a un juicio con las debidas garantías y a la libertad de asociación de la organización y de su entonces presidente, Taner Kılıç.

EXIGIR RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES

Australia y Nueva Zelanda. El 16 de marzo, la FIFA confirmó que Visit Saudi no patrocinaría la Copa Mundial de fútbol femenino 2023 en Australia y Nueva Zelanda, una enorme victoria para todas las personas activistas y para los/as jugadores/as y exjugadores/as que se han pronunciado en favor de los derechos humanos.

Antes del anuncio, la base de simpatizantes de Amnistía Internacional había pedido al ministro de Deportes, Grant Robertson, que se pronunciara sobre el terrible historial de derechos humanos de Arabia Saudí, instara al país a llevar a cabo una verdadera reforma y presionara a la FIFA para que hiciera lo propio. Esta decisión demuestra que los derechos humanos sí tienen importancia en el deporte.

Chile. El 24 de febrero, un tribunal de Chile reabrió la investigación sobre las violaciones de derechos humanos infligidas a Moisés Órdenes, que en octubre de 2019 fue atacado por un grupo de carabineros mientras se manifestaba pacíficamente. El pasado diciembre, una fiscal había archivado la investigación sobre siete de los 13 agentes acusados de la agresión, pero la familia y los abogados de Moisés consideraron que la investigación había distado mucho de ser exhaustiva. Gracias a los llamamientos de Amnistía Internacional, esos siete agentes volverán a ser investigados de nuevo.

Global. Para Amnistía Internacional la búsqueda de justicia internacional por crímenes perpetrados en conflictos es una prioridad. En los últimos meses, miembros del Programa de Respuesta a las Crisis, junto con colegas de las oficinas regionales y el Equipo de Justicia Internacional, han proporcionado documentación, testimonios y asistencia a mecanismos internacionales de investigación que documentan y preparan expedientes judiciales sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a partir de nuestros informes en diversos países, entre los que se encuentran Myanmar, Siria y Ucrania.

Ucrania. Nuestro material contribuyó al Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, publicado el 15 de marzo, cuyas conclusiones se hacían eco de nuestro informe ‘Like A Prison Convoy’: Russia’s unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During ‘Filtration’.

Eslovaquia. En abril, la Comisión Europea interpuso un recurso contra Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por seguir sin adoptar medidas suficientes para resolver eficazmente el problema de la educación del alumnado romaní en escuelas segregadas, vulnerando con ello la Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Es la primera vez que la Comisión adopta una decisión de remisión contra un país por vulnerar la Directiva, que garantiza la igualdad y la no discriminación con independencia de la raza o el origen étnico en todo un abanico de bienes y servicios socioeconómicos.

Se trata de un gran éxito para Amnistía Internacional, que, junto con el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, viene desde hace años investigando y haciendo campaña sobre la cuestión de la enseñanza segregada en el país.

Argentina. Tras equivocarse al girar en una calle, Blas Correas, un adolescente de Córdoba, Argentina, murió por los disparos de la policía en 2020. Amnistía Internacional ha estado apoyando a la familia de Blas durante los últimos tres años para conseguir que se haga justicia. Tras el juicio, que se celebró este año, dos policías fueron condenados a cadena perpetua. Los demás fueron condenados a cuatro años de cárcel, salvo dos, que resultaron absueltos. El tribunal estableció que se trataba de un caso de violencia institucional y reiteró las peticiones de Amnistía para que las fuerzas de seguridad realicen de modo urgente las capacitaciones pertinentes en su personal.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Perú / Venezuela. El Congreso peruano aprobó una ley que anula las multas impuestas injustamente a personas de nacionalidad venezolana por permanecer en el país más tiempo del permitido en sus visados, lo que supone una gran victoria para los derechos de la población migrante venezolana en Perú. Esto significa que las personas venezolanas que necesiten protección internacional y deseen permanecer en Perú pueden acceder a los programas de regularización migratoria y disfrutar de una mayor protección de sus derechos. Perú es el segundo país con mayor población venezolana en el extranjero, y el que acoge al número más elevado de solicitantes de asilo de esta nacionalidad.

Amnistía Internacional ha defendido enérgicamente a este colectivo, publicando dos informes sobre la desprotección de las personas venezolanas en Perú, en particular de las sobrevivientes de violencia de género, y una Acción Urgente para la protección de la infancia venezolana.

Australia. Tras años de campaña, el gobierno australiano permitirá al fin que 19.000 personas que han vivido en un limbo legal durante hasta 10 años se conviertan en residentes permanentes y se reúnan con sus familias. Esto les permitirá visitar a sus familiares, estudiar, viajar y participar plenamente en la vida de Australia.

“Ésta era una reforma pendiente desde hace mucho tiempo que cambiará las vidas de personas que llevan años viviendo en situación de protección temporal”, ha dicho Zaki Haidari, responsable de campañas sobre derechos de las personas refugiadas de Amnistía Internacional Australia. “Muchas personas como yo buscaron refugio en Australia y han estado viviendo aquí, algunas hasta 10 años, sufriendo innecesariamente las crueles medidas de protección temporal de los sucesivos gobiernos australianos. Como organización de derechos humanos, Amnistía se congratula de la felicidad que ha traído esta reforma.”

Canadá. A raíz de las presiones de Amnistía Internacional, Quebec, New Brunswick, Ontario y Saskatchewan se unieron a Columbia Británica, Nueva Escocia, Alberta y Manitoba en la lista de provincias canadienses que han cancelado sus contratos con el gobierno federal para detener a personas migrantes en cárceles provinciales.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Suiza. En una victoria histórica para los derechos humanos, el Consejo Nacional de Suiza reformó la ley vigente para reconocer que “las relaciones sexuales contra la voluntad de otra persona” constituyen violación.

La reforma representa el final de la definición obsoleta de violación que exigía el uso de la fuerza física, amenazas o coacción, y consideraba como únicas víctimas a las mujeres. Ahora la ley reconoce que todo sexo sin consentimiento es violación. En estrecha colaboración con activistas y responsables de campañas sobre derechos de género, Amnistía Internacional trabajó incansablemente para apoyar este cambio legislativo.

Irán. El trabajo de de Amnistía continúa teniendo un efecto positivo en las vidas de las activistas de derechos humanos encarceladas en Irán. En febrero, Yasaman Aryani y Monireh Arabshahi fueron excarceladas tras cumplir cuatro de los 16 años de su condena. Habían sido encarceladas arbitrariamente en 2019 por pronunciarse contra las discriminatorias leyes de uso forzoso del velo en Irán.

Benín. Tras dar a luz, cuatro mujeres fueron detenidas en la sala de un hospital de Benín por no tener dinero para pagar la atención hospitalaria. Amnistía Internacional escribió a las autoridades pidiendo su inmediata liberación y señalando la obligación del Estado de proteger el derecho a la salud y la libertad de estas mujeres. Tres días después, las cuatro pudieron salir del hospital.

Europa. El 1 de junio, tras años de negociaciones y trabajo de incidencia de Amnistía Internacional, activistas y otras entidades asociadas de la sociedad civil, el Consejo de Europa aprobó la adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) Esto representa un momento histórico en la tarea de abordar la violencia de género en la UE.