El Parlamento rechaza pedir a la Junta que se persone en la causa judicial contra UGT-A

El Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves pedir a la Junta que “adopte las medidas necesarias para su personación en el proceso judicial abierto por el presunto desvío de fondos públicos en relación con subvenciones concedidas al sindicato UGT-A en materia de formación para el empleo” tal y como solicitaba el PP-A en una moción que se ha defendido en la Cámara autonómica la diputada Teresa Ruiz Sillero.

La dirigente 'popular' ha criticado que el PSOE-A haya “enmendado casi la totalidad” de los 13 puntos de la moción de su partido y, concretamente, que haya pedido la supresión del relativo a UGT-A, sindicato al que cree que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, está “protegiendo” con su silencio ante este caso que está investigando el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

También ha lamentado el “seguidismo” de IULV-CA y, por tanto, que los partidos que conforman el Gobierno andaluz estén “amparando la corrupción” al tener ya “decidido no personarse en el caso de desvío de fondos públicos en UGT-A”. “Es una vergüenza política que ni PSOE-A ni IULV-CA quieran atajar la corrupción después de que esta semana Susana Díaz propusiera a (Alfredo Pérez) Rubalcaba que liderara un pacto nacional contra la corrupción”, ha añadido para acusar a la presidenta de “mentir” por defender una cosa en Madrid y rechazar “todas las medidas de regeneración democrática” que propone el PP-A en Andalucía “para conseguir la transparencia necesaria en la gestión de fondos públicos”.

El primer grupo en contestar a Ruiz Sillero, que ha concluido su intervención asegurando que “no se puede consentir que la presidenta de todos los andaluces se dedique a proteger a UGT-A en lugar de defender a los desempleados andaluces”, ha sido IULV-CA a través de su diputada Marina Segura, quien ha desgranado puntos por punto de la moción para concluir que el PP-A ha llevado a la Cámara “una moción demagógica que es inasumible en muchos de sus apartados tal y como están redactados”.

Sobre el relativo a UGT-A, Segura ha recalcado que IULV-CA tiene claro que “ante la corrupción tolerancia cero” y que “en esto, por muchas palabras escritas o orales que digan en esta tribuna, no nos van a dar lecciones de manos limpias el partido de los Bárcenas, los Gürtel y los sobres”.

Así pues, ha exigido que “los hechos sean investigados de forma inmediata en sede judicial y parlamentaria”, que “se den explicaciones a este Parlamento de lo ocurrido cuanto antes”, que se “devuelva urgentemente el dinero defraudado si lo hubiera” y, “lo más importante, que se pongan en marcha los mecanismos para que no vuelva a ocurrir”. Y ha añadido: “La junta debe ayudar a la investigación judicial pero cuando la justicia así lo requiera”.

Por su parte, el portavoz del PSOE-A Francisco Menacho, que ha dedicado gran parte de su intervención a criticar los recortes del Gobierno central en materia de Formación Profesional, ha pedido al PP-A que acepte todas sus enmiendas porque, entre otras cosas, “aquí no se ha venido a hablar de corrupción” sino de educación. Además, ha negado que quiera “suprimir ninguna enmienda” de los 'populares' porque, según ha argumentado, “todas están incluidas en otras (del PSOE-A) pero en plan positivo”, le ha contestado a Ruiz Sillero para referirse a la que el PSOE-A ha propuesto para instar a la Junta “a hacer efectivas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas para que haya mayor transparencia”.

Sobre UGT-A, Menacho también ha advertido al PP-A que no se puede ir al Parlamento andaluz sólo para “el 'y tú más'”. Sin embargo, ha lamentado que “si una persona que tiene carné socialista antes de ocupar un cargo y ha tenido cursos de formación” se tache de “favoritismo y corrupción” pero si “es un compañero de escaño del PP-A el que tiene acciones en cinco empresas de formación y se le ha dado diez veces más subvención, es para mejorar la FP”, lo que ha hecho protestar a la bancada 'popular' y ha obligado a Ignacio García, que sustituía en ese momento al presidente de la Cámara, a pedir silencio a sus señorías.

El socialista ha insistido en que el PSOE-A no trata de “rehuir temas de posibles irregularidades” y que por eso defiende la investigación que se está llevando a cabo sobre “toda aquella posible irregularidad que se haya podido producir en la Formación Profesional”. “Así que estén tranquilas sus señorías, que queremos resolver los problemas, no embarullar más”, ha concluido.

AUDITORÍA INTEGRAL DE SUBVENCIONES

Otro de los puntos de esta moción que el Parlamento ha rechazado este jueves es el de llevar a cabo una “auditoría integral de las subvenciones en materia de formación profesional para el empleo, incluyendo auditoría operativa” y dé traslado de sus resultados al Parlamento.

Según los populares, el objetivo de dicha auditoría debería centrarse en “supervisar y evaluar la eficacia y eficiencia de este programa, así reorientar sus actividades hacia el logro de resultados, valorando los cuantiosos fondos públicos gestionados y a fin de permitir conocer la legalidad de la aplicación de dichos fondos”.

Junto a ello, el PP-A urgía a la Junta a adoptar “con carácter inmediato las medidas necesarias para corregir las graves irregularidades e incumplimientos puestos de manifiesto en sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas en relación con la gestión de distintas actuaciones en materia de formación para el empleo, como las constatadas respecto a las actividades formativas de los extintos planes Proteja y Memta y de los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo, entre otras”.

Por último, el Grupo Popular pedía que el Parlamento expresase su rechazo al “sistemático incumplimiento de compromisos de pago de subvenciones en materia de formación profesional para el empleo y de experiencias mixtas de formación y empleo” y emplazara a la Junta a “afrontar los pagos urgentes de las cantidades adeudadas de ejercicios anteriores a entidades colaboradoras y terceros en este ámbito, y los necesarios para la puesta en marcha de nuevas convocatorias y de acciones formativas, al objeto de garantizar una adecuada oferta formativa y de no seguir poniendo en peligro el mantenimiento del empleo y la supervivencia de empresas”.