Como persona andaluza estarás orgullosa de nuestra identidad, cultura, gastronomía y paisaje. De las playas kilométricas, de la grandeza de las montañas de cada sierra, de las emociones que evocan cada una de nuestras fiestas y de la calidad de nuestros productos. Productos que degustamos y disfrutamos en cada temporada. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los productos que consumimos, como las fresas? ¿Cuál es la lógica detrás de este mercado, del cual este artículo habla, y sigues leyendo?
Este sector de frutos rojos supone un importante motor económico en Andalucía, especialmente en la provincia de Huelva. En este sentido, en la ciudad de Lepe, donde se ubica gran parte de la producción, es donde se insertan laboralmente muchas de las personas extranjeras en el territorio, suponiendo una presión al alza en la demanda de viviendas durante los meses de temporada.
A ello, se le suma una escasa oferta de viviendas de alquiler, junto con el precio desorbitado de las mismas y la reticencia por parte de los propietarios a alquilar las viviendas a personas de etnoculturas y orígenes diferentes.
¿El resultado? La aparición de asentamientos de infraviviendas que no garantizan unas condiciones de vida digna.
En el término municipal de Lepe, a diferencia de otras ciudades que cuentan con alternativas habitacionales, no existe amparo ni respuesta por parte del ayuntamiento y demás administraciones de disponer un parque de viviendas o albergues para que desarrollen su vida al igual que cualquier otra.
Como consecuencia, surge la aparición de infraviviendas elaboradas con materiales altamente inflamables (que no en pocas ocasiones han terminado cobrándose la vida de algunas de estas personas) donde las condiciones de insalubridad e higiene están ausentes.
Esta amalgama de circunstancias dificulta y hace imposible que desarrollen una vida de pleno derecho y que, de lo contrario, se reduzca a resignación y desamparo. Además, tal y como señala el trabajador social, Juan José Peris: “Sin una vivienda, no pueden formalizar el empadronamiento en el municipio, imprescindible para acceder a otros servicios sociales”.
¿Sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?
En los últimos años se ha podido apreciar cómo el número de chabolas se ha ido reduciendo, lo que a priori podría parecer positivo. Sin embargo, testimonios locales de otros asentamientos de la zona apuntan a que este hecho responde a demoliciones ordenadas por las administraciones.
En cuanto a alternativas habitacionales, se puede nombrar la historia interminable del albergue municipal de Lepe, iniciado en 2005 y cuya construcción aún no ha concluido. Ante esta circunstancia, colectivos como ASNUCI, que llevan más de 25 años defendiendo la causa, han tomado un paso al frente y promovido una solución habitacional a través de la construcción de un albergue autogestionado por ellos mismos.
Este problema social está íntimamente relacionado con la actual crisis de la vivienda. La subida de los alquileres y el aumento del coste de vida ha llevado a Amnistía Internacional a poner el foco de atención en este asunto. Si bien acogemos con satisfacción las medidas positivas que ofrece el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pedimos fortalecerlas para garantizar viviendas asequibles, aumentar el parque de viviendas social, mejorar la protección de las personas que se enfrentan a desalojos, así como medidas concretas para aquellos colectivos en riesgo de vulnerabilidad como las personas temporeras de Lepe.
Sin una solución real, eficiente y eficaz, estas personas seguirán cultivando la tierra, pero no su propio bienestar.
Queremos que la ley garantice la máxima protección al derecho a la vivienda, reconocido y amparado por el Derecho Internacional. En el caso concreto de Lepe, la problemática no responde a un factor coyuntural, es previsible cada año ante la nueva temporada y son 25 los que llevan las administraciones demorando una solución al respecto. No obstante, por primera vez se ha firmado un acuerdo entre las tres administraciones para dar una solución que, pese a ser bienvenida, llega tarde. Ya el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston exponía, en su visita a uno de los asentamientos en Huelva que la situación de las personas jornaleras en Huelva era peor que en un campo de refugiados.
Y ahora, ¿sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?
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