Andalucía por fin se equipara al resto del país con la aprobación de la Ley del Tercer Sector en el Parlamento. Una normativa que ha tardado ocho años en fructificar y que cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, en la que se prioriza dar seguridad jurídica al sector y dotar de nuevas herramientas a la administración para analizar datos y sacar conclusiones conjuntas, como con la creación del Observatorio del Tercer Sector.
La proposición de ley se presentó en 2018 tres años después de que el Gobierno central publicara la disposición estatal, pero las elecciones autonómicas y el cambio del color político enterraron en un cajón la planificación proyectada por las asociaciones. Pese al contratiempo, la propuesta presentada en verano por PP, PSOE y Adelante Andalucía logró pasar los trámites parlamentarios y se le ha dado luz verde este miércoles. Juan Luis Delcán, representante de la Plataforma del Tercer Sector y director territorial de la Fundación Atenea, describe este periodo como “un proceso arduo”, aunque “parece que por fin sale adelante y tendremos la oportunidad de verlo”.
Veinte miembros de la Mesa del Tercer Sector estuvieron presentes en el momento en que se dio luz verde a un texto que consta de 13 artículos, estructurado en tres capítulos y con tres disposiciones adicionales. En él, se abordan varios puntos para avanzar en la optimización e innovación de este entramado social, como fomentar la cooperación estrecha con las administraciones públicas, así como reforzar la colaboración institucional, articular espacios de cooperación con el tejido empresarial o fortalecer la estructura interna del propio tejido asociativo. La ley, para Delcán, establece dos elementos fundamentales: el primero, la obligación de elaborar un reglamento y, en segundo lugar, el compromiso mediante el cual, en dos años, se evaluará el estado de su desarrollo en la región.
“Ley de mínimos”
“Por parte de las entidades, es una ley de bases, así que estamos de acuerdo con este reconocimiento y, aunque no es muy extensa, tiene muchísimo contenido”, reflexiona, “y con relación a los grupos parlamentarios, queríamos una ley de consenso, no del partido que gobernara, pese a que algunos no la hayan apoyado”, como ocurre desde la bancada de la ultraderecha. A sabiendas de lo que ha costado obtener este beneplácito mayoritario, contempla que el traspié de 2022 sumió al grupo de trabajo en una especie de impás del que, rápidamente, salieron con el objetivo de preparar a las entidades para consolidarse como interlocutores con la sociedad.
Ahora, con este respaldo legislativo se define el marco legal y el papel del Tercer Sector en Andalucía, una demanda de los colectivos para lograr una mayor “seguridad jurídica” a la hora de actuar. También, quieren impulsar un modelo de administración abierta, es decir, que se dé mayor protagonismo a su sector y sea un interlocutor válido y consultado por los distintos organismos públicos. “Aquí hay un reconocimiento de nuestro papel para mejorar la situación de las personas en Andalucía, y más de aquellas que son vulnerables”, sostiene.
Para hacerse una idea, la Fundación Botín estima que el tercer sector de acción social emplea a unas 600.000 personas en unas 28.000 organizaciones en toda España, un 15% más que hace una década. Realiza un 11% más de acciones directas al año y, además, ha pasado de representar el 1,2 al 1,6% del PIB. En este sentido, los ingresos han crecido del 15% al 30%, por lo que ha disminuido su dependencia del sector público en un 12% menos. Un área que atrae y que funciona, mayormente, gracias al esfuerzo de quienes se dedican de forma desinteresada a ayudar a quienes lo necesitan, ya que hay alrededor de 1,5 millones de personas voluntarias.
En Andalucía, las estadísticas están disgregadas por cada campo de actuación que aborden las entidades, motivo por el que la proyección de una problemática social dependa de con qué recursos y medios cuenta cada ente para elaborar sus propios informes. Por ejemplo, el representante la plataforma indica que, en términos de pobreza, se toma como referente el estudio sociológico Foessa, de Cáritas, mientras que la EAPN-E aporta desde su perspectiva numerosas claves para entender el contexto andaluz a través del indicador Arope. “Lo hacen muy bien, pero necesitamos un diagnóstico en conjunto en vez de que cada red haga uno por sí sola”, apunta.
El observatorio
Por ello, la puesta a punto del Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social vendrá a dar una especie de orden estadístico y, sobre todo, será una herramienta que logre establecer una hoja de ruta con el propósito de concretar las necesidades de la comunidad y dar solución a ellas. Tal y como recoge el texto, el órgano recopilará, sistematizará, actualizará y generará información y conocimiento.
Un alud de datos que servirán para confeccionar un informe cada dos años que se elevará a la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y, de la misma forma, al Parlamento de Andalucía. Así, se analizará la realidad social, con especial atención en perspectiva de género, infancia y diversidad funcional. Como explica Delcán, también cabe tercera edad o cooperación, entre otras temáticas, puesto que “la mesa tiene un compendio” de agentes sociales sobre el terreno, y su mirada es transversal y múltiple.
Este miércoles, con “una fotografía de consenso”, se logra impulsar un cambio en el sector. Aun con los ánimos intactos, el integrante reconoce que, en vistas del tiempo de espera que ha supuesto la ley autonómica, los avances para que la normativa se cumpla y llegue a buen puerto pueden ser más bien dilatados. Fija una fecha en el calendario: 2027, límite para haber desarrollado las primeras demandas y, por fin, obtener una radiografía completa de Andalucía.
Posición de los grupos parlamentarios
Durante el debate, si bien PP y PSOE expusieron su argumentario para sacar adelante la propuesta sin más demora, hubo una crítica contundente por parte del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, quien se abstuvo en la votación final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox mostraba su negativa.
“Felicitamos la iniciativa del tercer sector por hacer suplido la carencia del Ejecutivo”, explicó la diputada Inmaculada Nieto, “pero el PP, sin consultarlo, cambió la forma de tramitarla de ordinaria a urgente, sin rellenar las declaraciones institucionales de contenido que obligue a la administración y le dé garantías al tercer sector”. A su juicio, la ley es “prácticamente” la misma que entró hace unos meses en la cámara, lamentando que los “hayan utilizado” al observar que “no hay expectativas de su viabilidad futura”.
Apuntó varios puntos flacos, como la ausencia de una defición de qué es tercer sector, o los criterios y requisitos para pertenecer y mantenerse en este colectivo. “No da garantías de financiación, por lo que se necesitaría otra ley, tampoco hay garantías de planes plurianuales de los proyectos que excedan el año y no serán miembros del Consejo Econonómico y Socia”, criticó, “no serán obligatoriamente oídos”. Plasmada la herramienta orientativa, emplazó a los actores sociales a rescatar sus demandas en el futuro para “generar obligaciones en las administraciones”.