La Asociación Trans de Andalucía exige que el asesinato de una mujer trans en Marbella se reconozca como violencia machista
La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) exige que la muerte de Franyel, mujer trans de 35 años asesinada este domingo a puñaladas por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocido y tratado institucionalmente como “un crimen de violencia machista”.
La Policía Nacional comenzó a investigar el crimen como un “episodio de violencia de género”, pero, dado que la víctima –de origen venezolano– no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.
La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.
Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.
Sin embargo, desde ATA lamentan que Franyel haya sido “víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte”. Al respecto, la presidenta de esta asociación, Mar Cambrollé, señala que “Franyel ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja, de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación y ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista”.
“Consecuencia de años de inacción administrativa”
Desde ATA recuerdan que “la Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho”.
Para ATA resulta “especialmente grave” que “esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa”, pueda utilizarse ahora para negar, “una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida”.
Cambrollé insiste en que “Franyel era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer”. La presidenta de ATA denuncia asimismo que estamos ante una situación de “violencia institucional”. A su juicio, “el Estado no puede impedir durante tres años que una mujer trans migrante ejerza su derecho a tener una documentación acorde con su identidad y, cuando es asesinada por su pareja, utilizar precisamente la ausencia de ese reconocimiento documental para no tratarla como mujer”.
Por ello, ATA-Sylvia Rivera se dirige al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para exigir que Franyel “sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado como violencia machista”, así como para reclamar “criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral”.