Críticas a Moreno por recurrir el decreto Maricarmen: “Es el perro del hortelano, ni para desahucios ni deja que los paren”

La decisión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto Maricarmen, destinado a suspender los desahucios a personas vulnerables, ha suscitado críticas entre las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda. “El gobierno andaluz es como el perro del hortelano, ni para desahucios ni deja que los paren”, ha afeado la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, en un tuit publicado en su perfil de X.

Ese mismo símil lo ha empleado el parlamentario del grupo Por Andalucía Ernesto Alba para recriminar al Gobierno andaluz del PP que en materia de política de vivienda “ni hace ni deja hacer”. El también representante de Izquierda Unida ha señalado que por parte de la Junta “no sólo no hacen nada con esas competencias, sino que encima pretenden bloquear a un Gobierno central que sí quiere poner de su parte para garantizar el acceso a viviendas dignas y proteger a las inquilinas frente a la avaricia de los fondos buitres”. 

Ernesto Alba se refería así al recurso de inconstitucionalidad anunciado este jueves por parte de la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, en contra de los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada para evitar desahucios como el que sufrió Maricarmen, la anciana de 87 años, con una discapacidad del 50% de su cuerpo, que falleció tras ser desalojada en una camilla de su casa, adquirida por un fondo inmobiliario, pese a llevar 70 años pagando el alquiler.

“Parece que a Moreno Bonilla no le importa que se sigan produciendo desahucios si este decreto ley no se convalida, o si se produce alguna situación de incremento de los alquileres, que se haga imposible que los jóvenes, que la clase trabajadora, que la clase media, pueda renovar su contrato de alquiler”, ha reprochado por su parte la secretaria general del PSOE andaluz María Jesús Montero.

Las competencias en el punto de mira

El Gobierno de Juanma Moreno, que ya había recurrido la Ley estatal de Vivienda ante el Constitucional, ha madurado unos días si seguía el mismo camino contra el decreto Maricarmen, calibrando el impacto que tiene ahora el debate público de la vivienda en las calles y en plena precampaña electoral. Finalmente, la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que la Junta va a iniciar los trámites para recurrir los dos decretos, alegando “invasión de competencias” y “vulneración del derecho a la propiedad privada”, recogidos en la Carta Magna.

“El Gobierno de la Junta de Andalucía está intentando parar los decretos de vivienda en el Constitucional, argumentando que se trata de competencias que solo les pertenecen a ellos”, ha comentado al respecto Ernesto Alba, antes de apostillar que, con esa actitud, desde el Gobierno del PP-A “están reconociendo que son los verdaderos responsables de la situación crítica que se vive en muchas partes de Andalucía, con alquileres por las nubes o el crecimiento sin control de los pisos turísticos”.

En esa misma línea, la líder socialista ha insistido en que el presidente de la Junta de Andalucía “solo ejerce las competencias vaciando el estatuto de autonomía cuando regula el Gobierno de España”. “Nos encontramos en una comunidad en la que no se hace nada para frenar el precio de la vivienda y, sin embargo, las actuaciones del Gobierno de España son recurridas por el Gobierno de Moreno Bonilla”, ha resumido Montero.

“El debate sobre la vivienda es político, no judicial”, ha aseverado el diputado de Por Andalucía, quien ha aludido a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre para señalar que “la pregunta que se tiene que responder” en dicha cita con las urnas es “sencilla”: “¿Qué va primero, los beneficios de los especuladores o el derecho de las familias trabajadoras?”.

Para la secretaria general de CCOO en Andalucía, con el intento de tumbar los dos decretos de vivienda que amplían el veto de compra a los fondos buitre hasta 2030 el Gobierno de Moreno “deja clara sus prioridades y del lado de quién está, que no son las personas trabajadoras que pueden verse en algún momento de su vida en situaciones vulnerables”, ha zanjado.