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Calviño, Bolaños, Batet y un funeral

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La reforma laboral es una, entre otras pendientes, de las promesas del Gobierno de coalición. Aún no se ve. En el último trayecto de la legislatura, Yolanda Díaz está empeñada en que se materialice el compromiso. No se trata solo de cumplir, está en juego la reputación política de, por lo menos, Unidas Podemos.

Y, sin embargo, no llega. El último y, al parecer, férreo impedimento es Nadia Calviño. Calviño no es solo el anclaje del Gobierno de coalición con Bruselas. Representa el alma conservadora de la coalición. Su visión de las cosas económicas impregna el Gobierno y ha impedido mejores velocidades en los compromisos de reformas. La UE, la Comisión Europea –como con la factura eléctrica [risas]– dicen que es el impedimento más serio para avanzar en un compromiso que fue respaldado por Pedro Sánchez. Sánchez ha tenido que salir al paso de las invectivas del socio coaligado contra las intromisiones de Calviño en el camino reformista. Para Sánchez, es su trabajo; para el alma progresista del Gobierno –ministras socialistas incluidas–, es un estorbo. Para UP supone casi una línea roja el obstruccionismo de Calviño. No es la primera vez.

Ione Belarra ha pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo. UP no se puede permitir llegar a unas nuevas elecciones sin haber cumplido el compromiso de reforma laboral, más aún si Yolanda Díaz es la candidata.

Las renovaciones de los órganos constitucionales no competen al Gobierno –pese a lo que diga la iletrada oposición– sino a las mayorías parlamentarias que estipula la legislación orgánica

Félix Bolaños, responsable del Gobierno, al menos de las Relaciones con las Cortes, ha asumido la tarea de poner cara al acuerdo con el PP de renovación de los órganos constitucionales. No es el papel del Gobierno ni de sus relaciones, sino de los grupos parlamentarios porque las renovaciones de dichos órganos no competen al Gobierno –pese a lo que diga la iletrada oposición– sino a las mayorías parlamentarias que estipula la legislación orgánica. 

Una explicación es que Bolaños esté hablando en nombre de los dos grupos parlamentarios que forman el Gobierno, la otra que hable solo de uno. En todo caso, flaco favor al discurso democrático sobre la separación de poderes. Es competencia del legislativo y no del ejecutivo. 

En todo caso, al final ¿se trataba de esto? El acuerdo pone encima de la mesa la peor forma de turnismo, de una democracia sin acabar de cocer. Las manifestaciones de Pablo Casado afirmando que la renovación ha acabado con la politización de las instituciones es un insulto a la democracia como manera inteligente del gobierno de la polis. 

La nominación de la oposición de derechas de señalados magistrados al Tribunal Constitucional impugna su propio argumento de no politización de los órganos, sí, pero qué más da si el PSOE lo acepta. La aceptación del PSOE no explica por qué tardaron tanto para llegar hasta aquí. Un día triste, un espectáculo bochornoso para la democracia. La merienda PP-PSOE deja a sus intereses partidarios intactos pero deja malparada a esta democracia que duele cuando es tachada y considerada inmadura. El turnismo es la gangrena de la democracia.

Cuando Montesquieu, citado mucho pero menos leído, en El espíritu de las leyes, teorizó sobre la división de poderes y el equilibrio entre ellos, acusaba dos peligros: uno, la acumulación de poderes en manos de un monarca absoluto; otro, que los jueces acabaran gobernando.

Meritxell Batet, presidenta del Poder Legislativo, ha decidido que un diputado condenado por el Tribunal Supremo no puede conservar el acta. La sentencia que condenó a Alberto Rodríguez ha sido considerada en ámbitos judiciales solventes como imposible, una aplicación grosera del Código Penal de autor. 

Batet no puede invadir el Poder Judicial en favor del condenado pero los jueces sí han invadido el ámbito competencial del Poder Legislativo imponiendo su visión de cumplimiento de la pena impuesta

Aún así, Batet no puede invadir el Poder Judicial en favor del condenado pero los jueces sí han invadido el ámbito competencial del Poder Legislativo imponiendo su visión de cumplimiento de la pena impuesta. Los juristas parlamentarios, los mismos que decidieron que el Rey no era investigable por inviolable, decidieron que no era procedente la privación del acta. La intimidación de los jueces ha dado fruto y Batet se ha plegado. 

En un editorial reciente de El País, se afirmaba que el tiempo le había dado la razón a Lula da Silva, víctima de la guerra judicial en Brasil. La guerra y la garra judicial en España no amaina. A los ataques contra el Ejecutivo y Legislativo con ocasión de la inauguración del año judicial, sigue ahora este acto invasivo de arrogancia.

Tardaremos en ver un editorial en España anunciado la derrota de la guerra judicial, mientras tanto, toca, otra vez, esperar que el VAR judicial europeo dé cuenta de los desvaríos y dislates del poder judicial en España.

Unidas Podemos anunció una querella por prevaricación contra la presidenta de la Cámara Baja. El caducado CGPJ ha criticado a la ministra Ionne Belarra por criticar a los jueces. Invasivos y de piel fina. 

Ministros y ministras se han echado novios raros , no sé si acabarán en boda. Pero estos amoríos pueden acabar en funeral. No creo que la esgrima de los coaligados acabe en fractura, en ruptura. Sería como un funeral final, muy buscado, por el intento de hacer posible una izquierda gobernante; mientras, la derecha avanza conducida por las profundidades del Estado. 

De todas maneras, a la espera de que no suceda, los pasos dados estos días para la renovación de los órganos constitucionales huelen muy mal, el ambiente para la democracia es funerario. Será por el Día de los Difuntos.

La reforma laboral es una, entre otras pendientes, de las promesas del Gobierno de coalición. Aún no se ve. En el último trayecto de la legislatura, Yolanda Díaz está empeñada en que se materialice el compromiso. No se trata solo de cumplir, está en juego la reputación política de, por lo menos, Unidas Podemos.

Y, sin embargo, no llega. El último y, al parecer, férreo impedimento es Nadia Calviño. Calviño no es solo el anclaje del Gobierno de coalición con Bruselas. Representa el alma conservadora de la coalición. Su visión de las cosas económicas impregna el Gobierno y ha impedido mejores velocidades en los compromisos de reformas. La UE, la Comisión Europea –como con la factura eléctrica [risas]– dicen que es el impedimento más serio para avanzar en un compromiso que fue respaldado por Pedro Sánchez. Sánchez ha tenido que salir al paso de las invectivas del socio coaligado contra las intromisiones de Calviño en el camino reformista. Para Sánchez, es su trabajo; para el alma progresista del Gobierno –ministras socialistas incluidas–, es un estorbo. Para UP supone casi una línea roja el obstruccionismo de Calviño. No es la primera vez.

Ione Belarra ha pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo. UP no se puede permitir llegar a unas nuevas elecciones sin haber cumplido el compromiso de reforma laboral, más aún si Yolanda Díaz es la candidata.

Las renovaciones de los órganos constitucionales no competen al Gobierno –pese a lo que diga la iletrada oposición– sino a las mayorías parlamentarias que estipula la legislación orgánica

Félix Bolaños, responsable del Gobierno, al menos de las Relaciones con las Cortes, ha asumido la tarea de poner cara al acuerdo con el PP de renovación de los órganos constitucionales. No es el papel del Gobierno ni de sus relaciones, sino de los grupos parlamentarios porque las renovaciones de dichos órganos no competen al Gobierno –pese a lo que diga la iletrada oposición– sino a las mayorías parlamentarias que estipula la legislación orgánica. 

Una explicación es que Bolaños esté hablando en nombre de los dos grupos parlamentarios que forman el Gobierno, la otra que hable solo de uno. En todo caso, flaco favor al discurso democrático sobre la separación de poderes. Es competencia del legislativo y no del ejecutivo. 

En todo caso, al final ¿se trataba de esto? El acuerdo pone encima de la mesa la peor forma de turnismo, de una democracia sin acabar de cocer. Las manifestaciones de Pablo Casado afirmando que la renovación ha acabado con la politización de las instituciones es un insulto a la democracia como manera inteligente del gobierno de la polis. 

La nominación de la oposición de derechas de señalados magistrados al Tribunal Constitucional impugna su propio argumento de no politización de los órganos, sí, pero qué más da si el PSOE lo acepta. La aceptación del PSOE no explica por qué tardaron tanto para llegar hasta aquí. Un día triste, un espectáculo bochornoso para la democracia. La merienda PP-PSOE deja a sus intereses partidarios intactos pero deja malparada a esta democracia que duele cuando es tachada y considerada inmadura. El turnismo es la gangrena de la democracia.

Cuando Montesquieu, citado mucho pero menos leído, en El espíritu de las leyes, teorizó sobre la división de poderes y el equilibrio entre ellos, acusaba dos peligros: uno, la acumulación de poderes en manos de un monarca absoluto; otro, que los jueces acabaran gobernando.

Meritxell Batet, presidenta del Poder Legislativo, ha decidido que un diputado condenado por el Tribunal Supremo no puede conservar el acta. La sentencia que condenó a Alberto Rodríguez ha sido considerada en ámbitos judiciales solventes como imposible, una aplicación grosera del Código Penal de autor. 

Batet no puede invadir el Poder Judicial en favor del condenado pero los jueces sí han invadido el ámbito competencial del Poder Legislativo imponiendo su visión de cumplimiento de la pena impuesta

Aún así, Batet no puede invadir el Poder Judicial en favor del condenado pero los jueces sí han invadido el ámbito competencial del Poder Legislativo imponiendo su visión de cumplimiento de la pena impuesta. Los juristas parlamentarios, los mismos que decidieron que el Rey no era investigable por inviolable, decidieron que no era procedente la privación del acta. La intimidación de los jueces ha dado fruto y Batet se ha plegado. 

En un editorial reciente de El País, se afirmaba que el tiempo le había dado la razón a Lula da Silva, víctima de la guerra judicial en Brasil. La guerra y la garra judicial en España no amaina. A los ataques contra el Ejecutivo y Legislativo con ocasión de la inauguración del año judicial, sigue ahora este acto invasivo de arrogancia.

Tardaremos en ver un editorial en España anunciado la derrota de la guerra judicial, mientras tanto, toca, otra vez, esperar que el VAR judicial europeo dé cuenta de los desvaríos y dislates del poder judicial en España.

Unidas Podemos anunció una querella por prevaricación contra la presidenta de la Cámara Baja. El caducado CGPJ ha criticado a la ministra Ionne Belarra por criticar a los jueces. Invasivos y de piel fina. 

Ministros y ministras se han echado novios raros , no sé si acabarán en boda. Pero estos amoríos pueden acabar en funeral. No creo que la esgrima de los coaligados acabe en fractura, en ruptura. Sería como un funeral final, muy buscado, por el intento de hacer posible una izquierda gobernante; mientras, la derecha avanza conducida por las profundidades del Estado. 

De todas maneras, a la espera de que no suceda, los pasos dados estos días para la renovación de los órganos constitucionales huelen muy mal, el ambiente para la democracia es funerario. Será por el Día de los Difuntos.

La reforma laboral es una, entre otras pendientes, de las promesas del Gobierno de coalición. Aún no se ve. En el último trayecto de la legislatura, Yolanda Díaz está empeñada en que se materialice el compromiso. No se trata solo de cumplir, está en juego la reputación política de, por lo menos, Unidas Podemos.

Y, sin embargo, no llega. El último y, al parecer, férreo impedimento es Nadia Calviño. Calviño no es solo el anclaje del Gobierno de coalición con Bruselas. Representa el alma conservadora de la coalición. Su visión de las cosas económicas impregna el Gobierno y ha impedido mejores velocidades en los compromisos de reformas. La UE, la Comisión Europea –como con la factura eléctrica [risas]– dicen que es el impedimento más serio para avanzar en un compromiso que fue respaldado por Pedro Sánchez. Sánchez ha tenido que salir al paso de las invectivas del socio coaligado contra las intromisiones de Calviño en el camino reformista. Para Sánchez, es su trabajo; para el alma progresista del Gobierno –ministras socialistas incluidas–, es un estorbo. Para UP supone casi una línea roja el obstruccionismo de Calviño. No es la primera vez.

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24 de octubre de 2021 - 20:08 h