Estamos dejando la tierra sin alma

Diversos factores están acrecentando el acaparamiento de tierras en distintas comarcas y partes del mundo. Una economía cada día más interconectada, la libre circulación de capitales, el crecimiento de la población y la urbanización y también la progresiva demanda de alimentos y bioenergía están exprimiendo los recursos naturales y ofreciendo numerosos aspectos negativos de las políticas medioambientales y agrarias que se están siguiendo. Algunos vampiros han encontrado la oportunidad de especular con el incremento del valor de la tierra.

Desde comienzos del siglo XXI, fondos de capital privados y de inversión y otras estructuras especulativas han estado comprando tierras agrícolas sin pausa por todo el mundo. Tienen la ayuda del Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo que allanan el camino, asesorando y direccionando políticas de los Gobiernos con el objetivo de que esos fondos de capital tengan más incentivos para volcar su dinero en esa dirección.

Este dominante modelo especulativo se lleva por delante cuestiones básicas como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios(…)” porque el capital no piensa en el orden natural de los factores ni tampoco en la equidad y la justicia; el capital es netamente egoísta.

Las tierras en manos de capitales especulativos dejan de cumplir su misión básica, mantenedora de biodiversidad, sustento de la población. En China, por ejemplo, la superficie agrícola está en serio retroceso, la población necesita alimentos que sus tierras no pueden producir, tienen el 40% de los agricultores del mundo y sólo el 9% de la tierra. Según la FAO, la superficie cultivada en China ha descendido: de los 124,36 millones de hectáreas en 1991 a los 111,59 en 2011 y se calcula que el 70% de la superficie cultivable sufre graves problemas de contaminación.

A nivel global, estamos asistiendo a un cambio en el modelo de propiedad de las tierras. Se promueve un modelo de agricultura industrial de monocultivo en grandes extensiones. Tierras que se hacen anónimas porque se quedan sin agricultores. Un modelo en el que no cabe la sostenibilidad rural. Un modelo de producción que, paradójicamente, genera despoblamiento, pobreza y destrucción ambiental. Un modelo de producción basado en eficiencias económicas que requiere de agroquímicos y organismos modificados genéticamente cuyos frutos se destinan al consumo a miles de kilómetros de su lugar de cultivo.

El cambio climático producido por el hombre que destruye suelo fértil cambia las condiciones meteorológicas, hace disminuir los recursos hídricos, no hace sino acrecentar los daños de este modelo autodestructivo a medio plazo. Lo estamos viendo con la destrucción de grandes extensiones de selva amazónica, pero también en numerosos puntos de la península ibérica donde los pozos llegan a profundidades sobrecogedoras y miles de hectáreas están quedando muertas después de unos años de sobreexplotación con cultivos y técnicas abusivas.

Sin apego ni arraigo a la tierra

Las sociedades de inversión que utilizan la tierra como fuente de ganancia no tiene ningún tipo de apego, de arraigo hacia el territorio. Tan pronto llegan como se van si hay otro recurso que ofrezca mayor rendimiento, pero tras ellos solo dejan tierra quemada, pueblos vacíos, biodiversidad machacada y perdida. El beneficio económico lo obtienen a costa del despoblamiento rural y de exprimir sus recursos naturales. Su acción no dista, al fin y al cabo, de cualquier otra actividad extractiva.

También en la UE, mientras se reduce la superficie agrícola, las grandes empresas poseen cada vez más terrenos de cultivo. El 3% de las explotaciones agrícolas controla el 50% de las tierras de cultivo y por el contrario, el 80% de las explotaciones controlan sólo el 14,5% de las tierras de laboral. Estamos ante un menguante número de unidades de producción y personas empleadas en agricultura, actualmente sólo el 3% de la población de la UE es agricultora.

Este modelo va en la dirección contraria de un modelo de agricultura sostenible, multifuncional y caracterizada por explotaciones agrícolas familiares, un modelo agrícola que da alimento hoy al 75% de la población mundial. También es un modelo contrario al objetivo agroestructural de la UE de dispersar ampliamente la propiedad, produce daños irreversibles a las estructuras económicas de las zonas rurales, aumenta la degradación de la Tierra y disminuye la seguridad alimentaria.

Resultan necesarias y urgentes políticas justas y transversales que eviten la concentración de la propiedad de la tierra en manos especulativas que llevan a grandes explotaciones agrícolas que utilizan medios industriales. Políticas que lleven hacia pequeñas unidades de producción que, mediante el refuerzo del modelo de agricultura familiar garanticen la autosuficiencia alimentaria.

Allí donde existe seguridad jurídica y política, en todo el mundo las explotaciones familiares han demostrado ser tan estables como otros sistemas agrícolas e incluso superiores. Y no sólo proporcionan alimentos seguros y de gran calidad. Además, desempeñan otras muchas funciones útiles para la sociedad pues juegan un papel muy activo en las estructuras económicas de las zonas rurales; mantienen el patrimonio cultural y la vida rural, intensifican la vida social del entorno rural, el valor del producto se queda en el territorio, utilizan los recursos naturales de forma sostenible y son los garantes de una amplia dispersión de la propiedad de la tierra en las zonas rurales.

La agricultura familiar crea mayor número de puestos de trabajo, ofrece a los niños un entorno ideal en el que trasmitir conocimientos y competencias necesarios de generación en generación, lo que garantiza la continuidad de las explotaciones. Garantiza la competencia en el mercado.

La tierra no es una mercancía cualquiera que pueda fabricarse en grandes cantidades. Al contrario, es un recurso limitado por lo que no deben aplicársele las reglas de libre mercado. Es necesario dar una respuesta clara a si la libre circulación de capitales ofrece las mismas oportunidades a todos los ciudadanos de adquirir tierras.

La política del suelo es competencia del Estado español. Es evidente que aún no se han fijado objetivos políticos claros, o por omisión, los planteamientos tienen sesgos discriminatorios. Mientras tanto, el proceso de degradación sigue su avance, las personas siguen abandonando el campo, la biodiversidad muriendo, los riesgos alimentarios creciendo. Es un camino de difícil retorno. Cada día, somos todos más pobres, y estamos dejando a la tierra sin alma.