PP y Vox critican que el cargo almeriense investigado por mordidas haya tenido que comparecer en la comisión de mascarillas

Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería y antiguo alto cargo del PP en esa provincia, se ha defendido este miércoles de las sospechas que pesan sobre él por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de un contrato de material sanitario en abril de 2020, un asunto que investiga un juzgado de instrucción, y por el que fue detenido en junio de 2021.

Según ha asegurado, “jamás” cobró mordida alguna de aquel contrato de dos millones de euros adjudicado a la empresa de un amigo de su pueblo. Liria ha atribuido las comisiones de ese suministro, cobradas a través de una empresa que había creado su hermano, a las gestiones hechas por la empresa adjudicataria en un contexto de grave escasez de material sanitario.

Esta ha sido la tercera comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso que trata de esclarecer las sombras en la compra de material sanitario durante la pandemia, tras el exministro Salvador Illa, y la presidenta del Tribunal de Cuentas. La semana pasada, Liria fue llamado “de urgencia”.

Por la tarde ha sido el turno de Fernando Giménez, que en abril de 2020 era diputado responsable del área de Presidencia (y, por tanto, de la contratación del material sanitario) y ahora es vicepresidente. Giménez, quien no aparece formalmente como investigado en las resoluciones del juzgado de instrucción 1 de Almería, ha explicado que su intervención aquí fue la de trasladar la oferta de material sanitario al técnico responsable. Ha dicho que recibió la propuesta por teléfono, aunque por la mañana Liria había asegurado que fue él quien presentó a la adjudicataria.

Bronca por la urgencia de las comparecencias

La sesión ha comenzado bronca, con llamadas al orden a Elías Bendodo y Ana Belén Vázquez (PP) y más protagonismo de los diputados que debían preguntar que del propio compareciente. El PP y Vox han insistido en cuestionar la pertinencia de su citación, tratando de acotar la comisión al caso Koldo. “Esto es dar el salto sin orden ni concierto a asuntos que no son competencia, con urgencias que no están justificadas, sin haber llegado la documentación para hacer un cuestionario estudiado y medido”, ha protestado Carlos Rojas (PP).

Mientras, el portavoz socialista realzaba la importancia del caso almeriense: “¿Por qué no quiere el PP que se investigue esto en el Senado y se opone en el Congreso? Muy sencillo: para que España no se entere de que la investigación de la Guardia Civil ha revelado sólidos indicios de que se habrían desviado fondos públicos por 945.000 euros con destino a intereses particulares de cargos populares en la Diputación”.

El otro gran escollo ha sido la investigación judicial. Los comparecientes han asegurado que la jueza les ha advertido contra la revelación de material sumarial, si bien este lleva apareciendo en prensa desde los comienzos de la investigación. Rojas (PP) ha llegado a acusar al PSOE de divulgar en la comisión información bajo secreto de sumario. Sin embargo, todo por lo que ha interrogado el socialista González ya está publicado y el secreto de sumario es una medida excepcional y motivada que tiene una duración máxima de un mes, prorrogable. La investigación judicial aquí se desarrolla desde hace 34 meses.

Dinero de comisiones “perfectamente trazado”

Aquel caso, el primero (en orden temporal) en que se investiga la presunta implicación de un cargo público en el cobro irregular de comisiones por la compra de material sanitario, sigue sub iudice. Liria (sentado con su abogado) se ha agarrado a esta circunstancia para medir el alcance de su declaración, en la que sí ha querido subrayar que ha presentado en el juzgado documentación que acreditaría la procedencia del dinero en metálico que los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa (26.250 euros) y en el coche con el que se primo y su tío se marchaban de casa de sus padres (119.950 euros).

Liria (que en abril de 2020 era vicepresidente de la Diputación y diputado del área de Fomento) ha insistido en que él no tuvo “nada que ver” con la tramitación del expediente de compra del material sanitario por 2.036.000 euros, aunque ha admitido que “presentó” a la empresa adjudicataria, Azor Corporate, administrada por un conocido de la infancia, Kilian López, al que un juzgado de Barcelona estaba investigando con anterioridad por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

Los investigadores de la Guardia Civil creen que, de esos dos millones pagados a un proveedor de China, 945.000 euros regresaron a López a través de la entidad Corpfam Global Investment, que había sido fundada y dirigida por Francisco Liria (hermano de Óscar) hasta que la vendió a Kilian López. “Cuatro años antes”, ha subrayado Óscar Liria. En el sumario hay informes policiales que constatan que Francisco y Kilian mantenían una relación fluida, y recogen el trasiego de llamadas entre ambos para hablar de adjudicaciones.

Sobre Óscar Liria pesa la sospecha de que se embolsó una parte sustancial de la comisión de 945.000 euros. Entre 200.000 y 400.000 euros, creen los investigadores de la UCO. Él ha insistido en que ha presentado a la jueza documentación que acredita el origen de las cantidades que se le requisaron, y que demuestra que no tenían nada que ver con comisiones ilícitas.

Óscar Liria ha dicho que las comisiones tampoco beneficiaron a otros miembros del PP o de la Diputación, y ha asegurado que el dinero de la comisión “está perfectamente trazado, con los impuestos correspondientes”.

Liria y Giménez defienden el expediente

Aunque ha dicho ser ajeno al expediente, Óscar Liria ha defendido la tramitación aludiendo a su volumen (600 folios), al precio logrado (2,91 euros por cada mascarilla FFP2, menos de la mitad de lo que le costaron al Banco de España) y al hecho de que hubo otra oferta (más cara) a pesar de ser un procedimiento de urgencia.

Sobre esa segunda oferta, Ruth Sanmartín, gerente de la otra empresa, explicó lo siguiente en su día a elDiario.es: “Me escribieron un Whatsapp desde Diputación pidiendo un presupuesto en 15 minutos”. Cuando les envió el presupuesto, Diputación le dijo que tenía una oferta un 50% menor (la de Azor). “Les dije que esa cantidad era inviable para un material certificado y en regla. Una locura. No tenía lógica esa cantidad”. Entre la mercancía finalmente comprada se encontraron 29 cajas con material defectuoso.  

También Giménez ha defendido el expediente. “Sé que se hicieron las cosas muy bien, por encima del deber exigido”, ha dicho, antes de recordar que ya fue objeto de una comisión de investigación en la propia Diputación de Almería que no halló más que la responsabilidad política de Liria. “Es un expediente respaldado por dictamen del Consejo Consultivo, una sentencia firma del contencioso-administrativo y un dictamen de dos catedráticos”, ha respondido a las preguntas de Engracia Rivera (Sumar).

Ambos comparecientes han evitado responder sobre la posible implicación de otros cargos. En el sumario también constan conversaciones entre Javier Aureliano García, presidente de la Diputación, y Liria, en las que el primero le dice: “Al final, le prendo fuego a las mascarillas. Arreglad esto ya”. Días más tarde, insiste: “Óscar, hay que ver la que tienes liada con las mascarillas”.

Desde su detención en junio de 2021, Óscar Liria no ha vuelto a declarar ante la jueza. “Con la mano en el corazón, lo estoy deseando”. “Yo creo que a usted se la han jugado. Sabe que hay más responsables y que con el tiempo aparecerán”, le ha espetado a Juan Antonio González (PSOE) a Liria, mientras este insistía en sus ganas de declarar ante la jueza instructora “cuanto antes”, y no tanto en el Congreso: “Sacar lo que tiene que ver con un asunto judicial para llevarlo a la vida política perjudica las reglas del Estado de derecho”. 

La última reflexión la ha hecho la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, quien se ha declarado preocupada por los “derroteros” de la comisión: “No participo de los interrogatorios que parece que quieren probar la culpabilidad del compareciente. No sé qué enseñanza vamos a sacar para que no vuelvan otra vez los estafadores a enriquecerse”.