El juez de La Suiza ya estará en la playita

Yo entiendo al bueno de Lino Rubio Mayo, el juez de La Suiza. En su lugar, y después de diez años del calvario judicial que llevan las seis sindicalistas de esta pastelería de Gijón, también me hubiera dado sus mismas prisas para meterlas el pasado junio en la cárcel y hacer que se coman tres años y medio a la sombra. Qué menos que eso por la tontería de defender sus derechos laborales. Tal y como dice otro juez de su misma onda, debemos acabar con la “España sindicalizada”, y si es a base de sentencias redactadas como columnas de opinión, pues allá que vamos, que para eso llevamos toga. Desde luego, Rubio Mayo cuenta con décadas aplicándose con esmero a ello desde su revoltosa Asturias.

Y es que el juez del caso de Las Seis de La Suiza tiene la mala suerte de trabajar por el bien de la España decente desde Gijón, donde el verano está siendo más bien lluvioso. Imaginemos su drama: cuando ya tiene todo listo para satisfacer a un gran empresario de la repostería, metido en Vox y que no duda en inventarse que es asesor de Donald Trump, se entera de que el Gobierno anda tramitando el indulto. Acabáramos. Con la lluvia que está cayendo en Asturias y las ganas de irse cuanto antes a tomar el sol con el deber cumplido, mejor acelerar las cosas.

Algunos se han puesto un poco tiquismiquis, como el antiguo magistrado José Antonio Martín Pallín, que va y le llama “carcelero” solo porque su decisión sea “injustificada e injustificable”. Yo no coincido con Martín Pallín. Él no entiende que meter en la cárcel a seis sindicalistas mola bastante, sí, pero que lo que realmente tiene que ponerle a uno cachondo es que entre ellas se encuentre la mujer a la que la empresa acosaba durante su embarazo.

Tenemos la sensación de que es más fácil entrar en la cárcel por defender tus derechos laborales que por robar durante años desde un ministerio o desviar dinero a tus amiguetes de la sanidad privada

A Martín Pallín se le escapa la gustosa ironía de que ahora ese niño vea entrar a sus padres en prisión y tenga que quedarse al cuidado de unos familiares. Claro que siempre viene alguien a chafarle a uno el verano, y el sufrido Rubio Mayo, cuando ya paladeaba su merecido descanso, se tuvo que enterar de que a esas trabajadoras les han concedido el tercer grado y únicamente tendrán que pernoctar en las celdas. Era evidente, cumplían con todos los requisitos para ello, nadie les ha regalado nada.

Ya nos hemos acostumbrado a que en este país muchas casos de apariencia judicial en realidad solo atiendan a motivaciones políticas, y que los ultras con toga ya ni siquiera disimulen. Eso explica por qué tenemos la sensación de que es más fácil entrar en la cárcel por defender tus derechos laborales que por robar durante años desde un ministerio, desviar dinero a tus amiguetes de la sanidad privada, disfrutar de chalets públicos como si fueran tu resort particular, confesar que estafabas a la grande al fisco como si se tratara de un pecadillo, facturar millones en tu empresa de reparto con los trabajadores como falsos autónomos o, en suma, que si te quitas el mono de currante y te pones un buen traje siempre habrá un juez renuente a hacerte cumplir la ley.

Por todo ello, la solución a este caso inventado desde Gijón también debe ser política. En otras palabras, cada día que el Gobierno pasa sin dictar el indulto, es un día de retraso injustificado e injustificable, por parafrasear e Martín Pallín. ¿Saben con quiénes se suelen dar más prisa los gobiernos en dictar indultos antes de irse a la playa? Sí, con los marotos de turno.