No es justicia poética, es insolvencia

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha entrado en pánico con la primicia publicada en elDiario.es sobre los millones adjudicados a unas mismas empresas concatenando contratos menores a través de un “fraccionamiento masivo e indebido” para “eludir la ley” por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según las severas advertencias de la Intervención de la Junta de Andalucía. Los de Moreno no están acostumbrados a primicias de este tipo en los seis años de gobierno, la mayoría en melosa luna de miel con la opinión pública y publicada. 

Para tener una idea del nerviosismo que pueda estar consumiendo al núcleo duro de San Telmo, basta con acudir a las hemerotecas y videotecas de 13 años atrás en adelante; cuando el ‘caso de los ERE’ convulsionó la política andaluza. En aquel triángulo del fuego que devoró a la cúpula de los últimos gobiernos socialistas, los informes de la Intervención fueron utilizados como uno de sus comburentes principales.

El calor lo proporcionó el PP, que desde el primer momento y durante el largo proceso utilizó los informes de forma implacable para que el fuego no se extinguiera. Como atizador estuvo, más que ninguno de sus dirigentes, el que fuera su secretario general, Antonio Sanz, ahora consejero de Presidencia del Gobierno de Moreno; y también su sucesor en el PP, José Luis Sanz, ahora alcalde de Sevilla.

No voy a entrar en la borrascosa macrocausa de los ERE, aún sin acabar. También sería osado deducir que las advertencias de la Intervención de ilegalidad por el “abuso” de contratos fraccionados de la Consejería de Salud podrían tener el mismo recorrido judicial que el ‘caso ERE’. Ni siquiera podría decirse esto de la investigación abierta por un juzgado al Gobierno andaluz actual por adjudicar a dedo 243 millones de euros a clínicas privadas con una ley derogada, con serias advertencias en contra de la misma Intervención, la Cámara de Cuentas y la Consejería de Hacienda.  

A lo que voy: según la Intervención de la Junta, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abusó de la práctica de los contratos menores para causas de emergencia hallando casos en los que troceó partidas de una misma inversión en obras de hospitales para eludir los controles previos, prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Esta última frase entrecomillada coincide con las de los 15 informes de la Intervención sobre el procedimiento para la concesión de las ayudas de los ERE. Cuánto trazo grueso, insultos e hipérboles hubo en boca de los políticos del PP contra los gobiernos socialistas a cuenta de esta frase que amonestaba a los gestores por un modus operandi para conceder ayudas que evitaba la fiscalización previa.

Lo curioso es la política del espejo. Quienes utilizaron aquellas frases tan duras contra los máximos dirigentes socialistas mucho antes incluso de las actuaciones de la justicia, ahora se excusan como estos minimizando la denuncia con argumentos calcados

Por el uso de este procedimiento y las advertencias de la Intervención andaluza, unido a un peritaje de papiroflexia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (eldiario.es 29 de julio de 2024), varios cargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron procesados, vivieron un calvario personal y político y condenados por varios tribunales, incluida cárcel para varios de ellos, hasta ser exonerados por el Tribunal Constitucional el pasado verano.

Ninguno de aquellos informes advertía de desmanes y menoscabo de fondos públicos que se estaban produciendo en la tramitación de las ayudas en la Consejería de Empleo. Los interventores no lo vieron, pero los jueces interpretaron que la cúpula socialista sabía del uso de un procedimiento inadecuado, que consideraron ilegal, del aumento de partidas, y por tanto, podían prever que podía producirse fraude. Tampoco en los de ahora los interventores aprecian tal menoscabo. No tiene por qué haberlo.

Lo curioso es la política del espejo. Quienes utilizaron aquellas frases tan duras contra los máximos dirigentes socialistas mucho antes incluso de las actuaciones de la justicia, ahora se excusan como estos minimizando la denuncia con argumentos calcados. Frente a las acusaciones de la izquierda de corrupción, trama y prevaricación, el núcleo de Moreno responde que es algo que hacen todas las administraciones y que, en cualquier caso, se trata de advertencias administrativas, no penales; apela a que ha sido el Gobierno el que facilita la información por “transparencia” y cuestiona a los interventores. “Nadie ha metido la mano en la caja”, dice.

Insisto, retrotraigan la máquina del tiempo a los años 2011, 2012 y siguientes… Recuerdo a la exconsejera socialista Carmen Martínez Aguayo (con dos años en la cárcel antes de la exculpación del Constitucional) insistir sobre la irrelevancia penal de los informes si no eran informes de actuación, sin que trascendiera por el ruido de la artillería de los portavoces del PP. Algunas de aquellas soflamas quedaron años después reflejadas en las sentencias judiciales.

Lo más reprochable, no obstante, es la doble vara de medir, el aparente sentido de impunidad

Justicia poética, lo llaman los socialistas de Juan Espadas. No va a acabar aquí la cosa. También es tradición en la contienda partidista de PP y PSOE sacarse los trapos sucios del otro cada vez que algo pueda sonrojarles. Poco ha tardado el PP de Moreno en recordar, no los ERE, que el Constitucional ha desactivado en cuanto a las condenas políticas, sino otras causas como la de la FAFFE, con un especial recado a Espadas. Como si los errores de ambos y el sufrimiento del pasado no sirvieran para la cordura. 

El uso de contratos menores para agilizar servicios y la compra de medicamentos es una práctica habitual de las administraciones, no solo la andaluza y también con gobiernos socialistas. Otra cosa es que este sistema se use para obras mayores a dedo y a una misma empresa y que se paguen taxis o alumbrado de Navidad. O que proliferen los contratos con la sanidad privada sin control ni concurso público.

Lo más reprochable, no obstante, es la doble vara de medir, el aparente sentido de impunidad. Resulta incomprensible que mientras se producían las sentencias de los ERE (2019 la de la Audiencia de Sevilla y 2022 la del Supremo), el Gobierno del partido que llevó a los tribunales a sus antecesores por un procedimiento que buscaba resquicios en el gasto ágil del dinero público, pudiera estar haciendo lo mismo. No, no es justicia poética, es una total insolvencia política.