¿Contra qué protestan los agricultores?

Las críticas contra la Agenda 2030 no son nuevas. En los últimos días, a raíz de las numerosas movilizaciones de agricultores que hemos visto en España y otros países europeos, se han multiplicado. Se trata de un discurso que también ha abrazado Vox, que ha pedido, directamente, que se derogue por ir en contra de los intereses de los españoles. Pero, ¿es realmente este el problema del campo? 

La clave del asunto es que hace algunos años las instituciones europeas comprendieron que el calentamiento climático era una realidad ya visible, y quisieron actuar aprobando una serie de políticas para tratar de reconvertir el modelo económico actual en uno más sostenible. Entendieron que esa transición era inevitable, y la gran mayoría de actores compartió esa opinión.

La Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer una serie de objetivos de cara a los próximos 15 años. Aunque su carácter es sobre todo social y económico, y pretende lograr una igualdad real entre países, fue importante que, por primera vez, se establecía que una de las prioridades era la sostenibilidad del planeta. De aquí surgieron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que eran 17 y derivaban en metas concretas. En teoría, los países ricos deberían no solo cumplir con su parte, sino también ayudar a los países pobres para que ellos también pudieran hacerlo.

Pero hay que leer la letra pequeña. Como la Agenda 2030 debía aprobarse por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, compuesta por casi 200 países, finalmente no pudo ser tan ambiciosa como se pretendía en un principio. Era demasiada gente a la que poner de acuerdo. Además, al ser de carácter mundial es muy poco concreta, lo que hace que cada país la pueda aplicar como considere oportuno. Y, por encima de todo, es importante recalcar que no es vinculante. Tan solo son directrices, pero no son obligatorias. Una agenda es prioritaria si tiene financiación, y no es el caso.

Otra cosa es la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que se creó en los años 60 del siglo XX y se ha ido reformando para proteger al sector agrario europeo. Y en los últimos años la UE ha aprobado otras dos iniciativas similares, que suelen confundirse con la Agenda 2030 pero que sí son vinculantes. La primera es el Pacto Verde Europeo, que busca reorientar la transición ecológica desde una economía basada en el carbón hacia una cimentada en las energías renovables y poco contaminantes. Y la segunda es la Estrategía “De la Granja a la Mesa”, que pretende que los alimentos de Europa sean más sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Cada una de estas agendas políticas se generó en entornos distintos, e incluso en momentos distintos, y tienen objetivos diferentes. Por eso no son totalmente coherentes entre sí. Por ejemplo, la PAC es una política europea que se creó hace décadas, y se ciñe sólo a la agricultura. Pero la Agenda 2030 es mundial y abarca todos los ámbitos.

En este contexto, las tres grandes organizaciones agrarias españolas (ASAJA, COAG y UPA) no se han posicionado en contra de la Agenda 2030. Sus reclamaciones van en otra dirección. No obstante, la Plataforma 6F, creada el pasado 6 de febrero coincidiendo con el inicio de las protestas del sector agrícola, sí la ha criticado. Por eso los lemas contra esta agenda han sido habituales durante las movilizaciones.

Tiene razón la gente del campo al expresar su descontento con el presente futuro. Detrás de sus protestas se encuentran los bajos precios- asunto que viene de lejos- a los que venden sus productos a las grandes cadenas de distribución frente a los desmesuradamente altos que cuestan en cualquier supermercado. Por otra parte, denuncian el aumento de costes que ha experimentado todo lo necesario para cultivar y criar (abonos, combustibles, piensos, etc.) y maquinarias necesarias para desarrollar su trabajo diario, más todavía desde la invasión de Ucrania por los rusos. Visto así, su llamada de atención debería concretarse en el aumento de lo que perciben por los alimentos que generan. Eso sí, sin que las grandes comercializadoras aprovechen para castigar el coste de la cesta de la compra de la ciudadanía. La trazabilidad alimentaria completa –vieja demanda de las asociaciones de consumidores- se quedó en el olvido, ahora se limita casi al lugar de procedencia del producto y su modo de producción.

Al margen de los métodos empleados para hacer valer sus demandas, sin entrar en responsabilidades políticas en la batalla agrícola, que la gente valorará de formas diversas, sí que queremos abordar todo lo escuchado estos días desde distintos focos. Primero para desligar una parte del complejo dilema rural. Mantener los pueblos y evitar su desaparición no consiste solamente en la necesaria compensación por la valía social de lo que producen. En los pueblos, que envejecen sin remedio, viven otras personas que desempeñan un papel fundamental en la custodia del territorio. Guardan el tesoro rural para que los urbanitas lo disfruten. Solo por eso merecerían compensaciones, tributarias o de otro tipo, para seguir siendo habitantes de los pueblos.

El campo se muere no solo por los costes/beneficios de la agricultura y la ganadería, sino también porque son pequeños y por eso los servicios públicos no les llegan. Dentro de poco aumentarán los que se quedaron sin escuelas, sanitarios, farmacias, transporte público, tiendas de lo mínimo y bares, que desempeñan la función social de agrupar a la gente rural, aunque nada más sea para tomar un café. Quizás tras las protestas de estos días se esconda también el miedo de dejar de vivir en su pueblo, allá donde tienen sus raíces, porque ya no pueden llevar una vida económica y social compensatoria de su estancia.

Reducir la vida rural a las dificultades del sector primario es un engaño pues nos impide apreciar la multiperspectiva de la problemática rural. 

En muchos discursos nos ha parecido apreciar que todos los problemas venían por las normas medioambientales de la Unión Europea (UE). También por las trabas que ponía la Política Agraria Común (PAC). Ambas cizañas han sido sembradas masivamente por algunos partidos. Hay que tratar de entender el complejo sistema de la agricultura y ganadería en relación con el medioambiente, la cadena alimentaria y el incierto futuro si se relajan ciertas normas de protección.

Antes de que se aprobara la última PAC se planteó rehacerla, porque no tenía instrumentos para alcanzar los objetivos tan importantes que se planteaban en el Pacto Verde y en la Estrategia “De la Granja a la Mesa”. Ni tampoco tenía presupuesto suficiente. Estaba obsoleta, pero aún así siguieron adelante con ella cuando hay instrumentos de regulación que nos hubieran permitido abordar de manera más simple y sencilla esos objetivos. Esto les ha traído bastantes problemas a los agricultores. Empezando por un nivel de burocracia y de normativas exagerado, que en muchas ocasiones sólo los grandes productores tienen la capacidad de cumplir. Siguiendo porque muchos fondos de inversión están ocupando tierras en suelo agrario que se necesitan. Por otro lado, las políticas actuales se están llevando por delante al pequeño y mediano agricultor. En los últimos 10 años Europa ha perdido cinco millones de estos productores por políticas equivocadas. 

De todo esto surgen las protestas de ahora, que se explican desde dos vertientes: factores sobrevenidos que nadie podía anticipar, Guerra de Ucrania y la de Gaza que han interrumpido la circulación de mercancías y han condicionado los precios de productos importantes para el sector agrícola y de la energía; y la segunda vertiente es la parte estructural, que son los problemas que, inevitablemente, van a surgir de realizar esa transición ecológica que se pretende, y que a la larga se espera que traiga beneficios a todos.

Europa destina casi el 33% del presupuesto comunitario a las políticas agrícolas. Han hecho una gran apuesta para que el sector sea competitivo a nivel internacional porque tiene una dimensión importante en la configuración social europea y es una actividad clave para preservar el territorio. Por eso ha decidido sostenerlo.

España figura en un lugar privilegiado en las percepciones junto a Francia, Alemania e Italia. Bien es cierto que la PAC debe salir de los despachos y pasearse por los campos y las zonas rurales, seguro que así sería más equitativa. También analizar las variables territoriales (norte-sur) para ciertas exigencias; y de paso simplificar su tramitación y acelerar sus resoluciones.

La balanza política actual de Europa se aprovecha de todo lo que les moleste a algunos grupos, incluso si va contra el interés general. Ya no merece la pena ni demostrarles su error. Allá cada cual cómo gestiona el presente futuro y el de sus nietos.  

Gracias a la agroganadería por despertar a la UE y los parlamentos nacionales del letargo. Por evidenciar que las cosas no se están haciendo bien; pero han obviado la bioacumulación de tóxicos en sus pancartas y tractoradas, al contrario que las demandas de más agua aunque no llueva. Dialoguen en los parlamentos de todas las administraciones regionales, estatales y de la UE. Planteen una revisión estricta de la cadena alimentaria, eviten la toxicidad de las aguas, protejan a la ciudadanía, hagan rentable el trabajo de quienes nos alimentan pero a la vez vigilen el cómo, etc. Llévennos a una transición justa, que siempre perjudicará a alguien pero beneficiará al conjunto. Y no defiendan simplezas que caen en el ridículo. 

Si hay diálogos permanentes con todos los sectores implicados será posible; la custodia del territorio puede ayudar. Hay que entender la vida de hoy como un macro sistema ecosocial que ya marca el futuro, que no será si dejan que mueran los ríos.

¿Qué conseguirán con sus protestas los agricultores y ganaderos? La Comisión Europea ha aceptado directamente que lo que estaban pidiendo no tenía instrumentos para poder cumplirse, y han querido reconducir la situación antes de provocar un grave problema en el campo.